Morir en prisión: dos casos desvelan la crisis en una sanidad penitenciaria que Canarias lleva 23 años sin asumir

Moisés murió en una celda de aislamiento de la prisión Las Palmas II (en Juan Grande, en el sur de la isla de Gran Canaria) sobre la una de la tarde del 9 de noviembre de 2023. El recluso, de 41 años, llevaba tres días quejándose de fuertes dolores. El médico del centro penitenciario le había dado paracetamol, convencido de que se trataba de dolores musculares. Su sufrimiento quedó documentado en las grabaciones de seguridad que la familia ha logrado recabar. “Se desmayó en dos ocasiones”, cuenta su hermana Ángeles. 

El facultativo anotó en su informe que el interno estaba “fingiendo un desvanecimiento” y “alterando el orden”. Moisés fue conducido a una celda de aislamiento. Horas después, falleció. La autopsia desveló que había sufrido un infarto de miocardio. “Si se le hubiese tratado, mi hermano estaría vivo”, dice Ángeles. El caso se judicializó y ya hay escritos de acusación. La familia del recluso y la Fiscalía piden para el médico que lo atendió cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación para ejercer la profesión y una indemnización de cerca de un millón de euros. Instituciones Penitenciarias figura como responsable civil subsidiario.

Dos años después de la muerte de Moisés en Gran Canaria, otro recluso falleció en el centro penitenciario Tenerife II. Ocurrió el 21 de diciembre de 2025. Según recoge una denuncia presentada por la asociación Adepres (Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia) al Defensor del Pueblo a partir del testimonio de una persona “allegada” al fallecido, el preso solicitó asistencia a finales de noviembre con síntomas “de una gran congestión”. Su requerimiento “no fue atendido” y los síntomas “se fueron agravando con los días”, expone el escrito.  

La noche del 19 de diciembre tocó el timbre de alarma “sin ser atendido”, por lo que reclusos de celdas contiguas “empezaron a dar golpes y gritos pidiendo auxilio”. La escena se repitió un día después. Siempre según la denuncia, entre la activación de la alarma y la activación de los funcionarios pasaron cuatro horas. A la mañana siguiente, el preso fue trasladado en silla de ruedas desde su celda hasta el servicio médico, donde falleció. 

La queja incide en el perfil de vulnerabilidad del preso fallecido, una persona migrante sin apenas redes de apoyo en el exterior, y en “los antecedentes de desatención médica” en el centro penitenciario y solicita que se averigüen las circunstancias de la muerte y el grado de cumplimiento del Protocolo de Minnesota, una guía de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar de forma independiente las muertes potencialmente ilícitas. Fuentes del Defensor del Pueblo han confirmado a este periódico que la queja ha sido admitida y está “en trámite”, pero evitan dar más información por la confidencialidad del expediente. 

Dos tercios de las plazas médicas vacantes

Esos “antecedentes de desatención médica” que señala la queja apuntan a una crisis estructural en la atención sanitaria en las prisiones canarias. Las cifras son demoledoras. Según los datos facilitados a este periódico por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles del Archipiélago apenas están cubiertas 11 de las 30 plazas de médicos que, según los sindicatos, están contempladas en las plantillas. Casi dos tercios de los puestos están vacantes. 

Uno de los casos más llamativos es el de Las Palmas II, uno de los centros donde se produjeron los fallecimientos. Solo tiene una plaza cubierta, la de subdirector médico, que además realiza las consultas a través de telemedicina, según señalan portavoces de los sindicatos Acaip-UGT y CCOO. En la otra cárcel de Gran Canaria, Las Palmas I (Salto del Negro), hay ahora cuatro facultativos gracias a “incorporaciones recientes”, señala Laura Rodríguez, miembro de la Ejecutiva Nacional de CCOO Prisiones y destinada en Canarias. Óscar Raluy, de Acaip-UGT, precisa que la prisión “ha soportado momentos sin médico”. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevé diez plazas.

Tenerife II (La Esperanza) cuenta en la actualidad con tres médicos para atender a más de un millar de presos. El Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitó el centro por última vez en octubre de 2022 y advirtió del “déficit crítico de personal médico”. 

En aquel momento, el puesto clave de subdirección médica se encontraba vacante (ahora está cubierto) y había cinco facultativos, de los que dos “estaban a punto de jubilarse”. Ese informe detectó que ni siquiera se garantizaba el material médico necesario para que los internos controlaran enfermedades previas. Así, detectaron a diabéticos sin aparatos para controlar la glucemia y el caso de un interno al que, al entrar en prisión, se le retiró el dispositivo de ayuda respiratoria que usaba en el exterior. Según los libros de registro, la asistencia a demanda estaba limitada a un máximo de diez internos al día, con demoras de unos veinte días para pedir una nueva cita. “Nosotros siempre atendemos las indicaciones del Defensor del Pueblo”, señalan fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias. 

Los recursos médicos de las cárceles canarias se completan con dos facultativos en la prisión de Lanzarote y uno de La Palma. El Centro de Inserción Social de Tenerife no tiene. 

“La falta de médicos se ha institucionalizado”, advierte Óscar Raluy, trabajador penitenciario y delegado de Acaip-UGT. “El modelo preventivo ha muerto. Ahora solo se atiende lo urgente, no hay tiempo para otra cosa”, señala. Ante la escasez de médicos, la presión asistencial recae sobre el personal de enfermería. Según denuncia Laura Rodríguez, estos profesionales se ven abocados a tomar decisiones “para las que no están preparados”, lo que les obliga a ejercer bajo una “grave indefensión jurídica”. 

Canarias sigue sin asumir su competencia

Todas las fuentes consultadas coinciden en situar el origen de esta crisis en el incumplimiento de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En su disposición adicional sexta, esta normativa ordenó la transferencia de los servicios sanitarios dependiente de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, con el objetivo de “lograr su plena integración en los servicios de salud autonómicos”. 

La ley daba un plazo máximo de 18 meses para ejecutar el traspaso. Han transcurrido 23 años desde entonces y solo Euskadi, Catalunya y Navarra han asumido formalmente estas competencias. Joaquín Leyva, portavoz nacional de Acaip-UGT, sitúa este bloqueo como uno de los principales factores para explicar la crisis de la sanidad penitenciaria, ya que, según explica, durante años “no se dotaron los servicios médicos” ni se renovó al personal de Instituciones Penitenciarias ante la expectativa de una transferencia de competencias que en la mayoría de las comunidades sigue sin llegar. 

Organizaciones como Rehoyando, en Gran Canaria, u Orahan, en Tenerife, han comenzado a movilizarse para exigir el efectivo traspaso de las competencias a las comunidades autónomas y la dignificación de la atención sanitaria dispensada a la población reclusa. 

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aseguran que su determinación de transferir las competencias a Canarias “es clara” y achacan la parálisis a una “falta de voluntad política por parte de quien tiene que recibirla”. La Consejería canaria de Sanidad no ha contestado a las preguntas de este periódico. 

Para los sindicatos, este bloqueo en el traspaso se explica por dos razones: la falta de “voluntad política” y una cuestión económica. Laura Rodríguez (CCOO) sostiene que las comunidades no quieren estas competencias “por el gasto que genera”. La representante sindical define el escenario actual como un “negocio” para las comunidades autónomas. Cuenta que cuando un recluso tiene que ser excarcelado y trasladado a un hospital, el Servicio Canario de Salud (SCS) factura unos gastos a la administración estatal que, en caso de asumir la asistencia directa de los precios, ya estarían cubiertos. 

Detalla que “el traslado en ambulancia son 80 euros por trayecto”, las consultas externas rondan los 150 euros o que un parto “cuesta 4.000 euros”. Según la información de la que dispone CCOO, el gasto sanitario anual en una prisión grande (como las dos de Gran Canaria o la de Tenerife II) se sitúa alrededor de los 625.000 euros. El gasto total farmacéutico es de 415.000 euros, indica la portavoz sindical. 

Las comunidades autónomas se quejan de que Instituciones Penitenciarias no les paga por atender a los reclusos. Rodríguez señala que esa deuda es consecuencia directa de no haber asumido las competencias que le corresponden desde 2003. “Si se hubiera cumplido la ley desde el minuto uno no habría esa deuda y si seguimos esperando a transferir las competencias se seguirá generando más deuda”, sostiene la representante de CCOO. 

Una visión que comparte Joaquín Leyva (Acaip-UGT), quien cuestiona la inacción de comunidades como Canarias: “No sabemos si es un problema financiero, de organización o simplemente un problema político que no se quiere resolver”. 

La brecha salarial que ahuyenta a los médicos

A la desidia autonómica para asumir la sanidad en las prisiones se suma la falta de incentivos para atraer y retener profesionales. “No hay médicos en prisiones porque cobran menos”, resume de forma tajante Rodríguez, que precisa, a modo de ejemplo, que los facultativos del SCS cobran alrededor de un 35% más por hora de guardia que los de Instituciones Penitenciarias. La portavoz de CCOO añade que las diferencias salariales pueden rondar los 1.000 o 1.500 euros al mes “dependiendo de las guardias y los centros”. 

“En el Estado, a nivel general, es la administración que menos paga a los facultativos”, redunda Joaquín Leyva. A los peores salarios, el representante de Acaip-UGT añade las limitaciones que tienen los facultativos de Instituciones Penitenciarias para ejercer en la sanidad privada o tener otros trabajos complementarios. “No es ya que cobren menos de por sí, sino que, además, no pueden incrementar de ninguna manera sus retribuciones”. 

La salud mental

Los sindicatos sostienen que los principales damnificados de estas carencias son la población reclusa y la plantilla de las cárceles. Leyva incide en que la escasez de médicos dificulta la detección temprana de patologías, con especial gravedad en el caso de las enfermedades mentales. El portavoz sindical explica que el ingreso en prisión suele actuar como un “estresor” que “desenmascara” patologías psiquiátricas latentes que, al no ser detectadas a tiempo por un médico, acaban produciendo brotes que “a menudo” derivan en agresiones entre internos o hacia los propios trabajadores. 

El último informe del Defensor del Pueblo sobre la prisión de Tenerife II constató que casi el 63% de los internos estaba bajo tratamiento con psicofármacos. Los centros penitenciarios no disponen de psiquiatras propios en la plantilla. Solo se programan visitas de profesionales externos a los centros “una o dos veces al mes”, según los sindicatos. El Defensor del Pueblo advierte de que, al no haber psiquiatras ni psicólogos clínicos, los programas de atención a la enfermedad mental no funcionan de forma adecuada. Los reclusos “no tienen una intervención especializada, sino un control basado en la farmacoterapia”. Ante la falta de un diagnóstico claro, muchos internos “descompensados” acaban siendo clasificados en módulos de “conflictivos”. 

Leyva señala que la figura del médico es, además, “un requisito legal indispensable” para la aplicación de medidas disciplinarias. “Tú no puedes aislar a un preso que está violento si no hay una supervisión médica”, dice el portavoz de Acaip, que también subraya el perfil del paciente recluso, que suele requerir mayor atención que la población general debido a la alta prevalencia de problemas graves derivados de afecciones o enfermedades como la diabetes o la hepatitis.