CC vuelve a chocar con su socio de gobierno en Canarias y valora que el Plan Estatal blinde la vivienda pública
El Gobierno de Canarias (CC-PP) apoya el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado este 21 de abril por el Consejo de Ministros, que aspira a blindar la vivienda pública y a luchar contra la especulación. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (CC), ha valorado en declaraciones a este periódico que la vivienda pública tenga ''carácter permanente'' y ''que no se pueda privatizar ni patrimonializar''. La postura de CC choca con la de su socio de gobierno, el Partido Popular, que ya ha amenazado con boicotear el plan en las comunidades de la Península en las que gobierna.
El consejero canario de Vivienda insiste en que proteger el carácter permanente de la vivienda pública es ''absolutamente necesario y justo'', y sostiene que la comunidad autónoma ya legisló en este sentido en un decreto ley aprobado en 2024 que prohíbe la venta de vivienda pública en el mercado libre.
Sin embargo, el Gobierno canario no está conforme con el modelo de financiación del plan, que cuenta con una inversión total de 7.000 millones de euros. Para la aplicación de la medida en las autonomías, las comunidades tendrán que aportar el 40% de los fondos y el Estado, el 60% restante.
''Esto ha sido poco participado por parte de las comunidades autónomas'', dice Rodríguez. El consejero sostiene que, aunque se abrió un espacio para presentar alegaciones y que se celebró una reunión bilateral para consensuar las propuestas, no conocieron el contenido definitivo del Plan hasta el día que se aprobó en el Consejo de Ministros.
El Gobierno canario tampoco está de acuerdo con la asignación de fondos prevista para Canarias (371 millones) porque los criterios del reparto se fundamentan en datos ''desactualizados y desfasados'' de población ajustada y variables socioeconómicas. ''Algunos datos son de 1991'', critica, y mantiene que esto ''perjudica a algunas comunidades y beneficia a otras''. Según los cálculos de la Consejería de Vivienda, si se utilizaran datos actualizados, Canarias podría recibir 500 millones de euros en lugar de 371.
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