Palantir y el fin de la democracia tal como la conocemos

El historiador económico Karl Polanyi explicó magistralmente en La Gran Transformación que el dilema mercado-Estado, según el cual hay que elegir entre alguno para asignar bien los recursos, es falso. En realidad, los mercados nunca existieron al margen del Estado y, de hecho, fueron creados deliberadamente por su mano; la mayor parte de las veces mediante una violencia sin cuartel contra las clases populares —como ocurrió con los cercamientos de tierras— y las poblaciones aborígenes —ya que las instituciones occidentales se abrieron paso en el mundo empujadas por los sables y pólvora de los ejércitos imperiales—. El mercado no es, como dicen los liberales, una institución natural.

Tirando de ese hilo, el historiador Quinn Slobodian describió en Hayek's Bastards una historia muy distinta a la habitual respecto a los orígenes del neoliberalismo. Frente a la narrativa convencional que asegura que el neoliberalismo fue principalmente un proyecto ideológico que quería desregular el mercado —porque, supuestamente, era mejor opción a que el Estado dirigiera la economía—, Slobodian recuerda que los mercados siempre están regulados. El verdadero motivo del neoliberalismo era aislar las decisiones económicas de la voluntad popular, independizarlas a fin de que las pasiones propias de la democracia no interfirieran en la asignación óptima de recursos que facilitarían los mercados.

La Unión Europea actual es producto de ese tiempo histórico neoliberal, lo que se expresa con mayor claridad en el carácter antidemocrático del Banco Central Europeo. A pesar de que esta institución es la encargada de gestionar la política monetaria —y, por ejemplo, puede influir en el “precio” de nuestras hipotecas—, en el ejercicio de sus funciones es independiente del poder político y, de hecho, tiene prohibida por ley la financiación directa de los Estados —una opción que era habitual entre los bancos centrales anteriores—. La lógica de fondo es obvia: la gestión de la política monetaria es demasiado importante como para dejarla a merced de los deseos de la ciudadanía; mucho mejor que sean unos tecnócratas los que estén al mando. Esa idea de externalizar la responsabilidad hacia una entidad independiente, aunque pública, estaba en el corazón de las tesis neoliberales y del espíritu de Friedrich Hayek. El resultado no era un súper-Estado, sino, como afirmó Perry Anderson, un infra Estado: uno en el que las instituciones evitan la interferencia popular en los mercados.

Esta tensión entre los deseos de las mayorías y los límites impuestos desde arriba ha sido consustancial a la evolución misma de la democracia. Ya en la antigua Grecia, la disputa entre las facciones radicales —Solón, Efialtes, Pericles— y las conservadoras —Aristóteles, Platón— giraba en torno al alcance del “demos” y a los asuntos sobre los que podía legítimamente decidir; instituciones como el Senado nacieron precisamente del interés aristocrático por frenar las pulsiones populares. El Estado de Derecho moderno es heredero directo de esa tensión: un constructo histórico que canaliza mediante reglas —habitualmente constitucionales— lo que las mayorías pueden o no decidir. Pero no todos los Estados de Derecho son iguales. Autores progresistas como Luigi Ferrajoli defienden la existencia de una esfera de lo indecidible que blinde las libertades personales y los derechos sociales, entendidos como condición necesaria de la democracia misma. Los neoliberales, en cambio, prefieren sustraer del ámbito democrático las decisiones económicas. Lo indecidible, según quién lo defina, protege al ciudadano o lo desarma.

Sin embargo, el neoliberalismo tal y como lo conocimos desde los años ochenta del siglo pasado hasta la crisis financiera de 2008, ha muerto. Lo que le está sustituyendo es, como el propio Slobodian ha venido señalando en sus trabajos más recientes, un populismo autoritario con raíces neoliberales. Se trata de una formación política inédita que articula cuatro elementos: un ejecutivo fuerte dispuesto a intervenir en la economía, un proteccionismo selectivo de corte neomercantilista, una concepción muy restrictiva de los derechos humanos y una oligarquía tecnológica que aspira a fundirse con el aparato del Estado. Conserva el desprecio neoliberal por la soberanía popular, pero abandona su fachada liberal. Y ningún lugar mejor para verlo que en Estados Unidos, donde el neomercantilismo exterior de Donald Trump se ha casado con el liberalismo autoritario de los tecno-oligarcas.

Hace unos días la empresa Palantir, fundada por el multimillonario reaccionario Peter Thiel y ahora dirigida por su igual Alex Karp, publicó un manifiesto terrorífico, si bien meridiano, exponiendo su punto de vista. Palantir es una empresa tecnológica y una fábrica de armas para las guerras contemporáneas —drones, espionaje digital, inteligencia artificial, etc.— que lleva varios años obteniendo suculentos contratos, sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos. Amnistía Internacional ha acusado a la empresa de colaborar en los crímenes de guerra del ejército de Israel, mientras que está acreditada su participación en la guerra en Irán. 

No obstante, no se trata de un fenómeno circunscrito a Estados Unidos. Palantir ha firmado contratos con los ministerios de defensa de Alemania, Francia y Reino Unido, opera incluso en la infraestructura de datos del servicio de salud británico (NHS) y aspira a integrarse en la infraestructura digital de la propia Unión Europea. A ello se suma una dependencia estructural respecto a un puñado más amplio de corporaciones estadounidenses cada vez más alineadas con el proyecto político de Trump y sus aliados tecno-oligárquicos —Peter Thiel, fundador de Palantir, financió con 15 millones de dólares la campaña de J.D. Vance al Senado—. La dependencia tecnológica se convierte así, inevitablemente, en dependencia política.

El manifiesto de Palantir es claro en sus intenciones, ya que plantea que no deben ser ya los Estados quienes se ocupen de elementos cruciales de la guerra, sino las empresas tecnológicas. Hoy en día, la tecnología de la empresa ya se encuentra detrás de la decisión automatizada de identificar enemigos, enviar drones, asesinar a los objetivos y volver a la base. Pero lo que estos tecno-oligarcas quieren es ir más allá, pues su cosmovisión implica también un fuerte rechazo del pluralismo, de la diversidad cultural y de aquellos valores que amenacen el estilo de vida americano. En este sentido, los intereses de estas corporaciones gigantes están perfectamente alineados con los de Donald Trump y su gobierno. Y comparten, asimismo, la idea de que la democracia contemporánea no es compatible con tales aspiraciones; o, como ellos dicen, que la “democracia” solo puede salvarse si se transforma a partir de la integración de estas grandes empresas tecnológicas en el corazón del Estado, y se emplea una intervención militar más activa tanto en el exterior como en el interior —estas tecnologías también se están aplicando en la identificación de migrantes indocumentados en el contexto de la política anti-inmigración de Estados Unidos—.

El desafío es enorme, y sin embargo apenas forma parte de la conversación política cotidiana. Desde luego, podemos decir que está en juego la soberanía europea, debido a la dependencia tecnológica respecto a una élite tecno-oligárquica asentada al otro lado del Atlántico y cada vez más entrelazada con el aparato de poder estadounidense. Pero también está amenazada la democracia tal y como la hemos conocido. Si Europa no articula una respuesta estratégica que recupere capacidad soberana en los sectores críticos —energía, defensa, datos, infraestructura digital, inteligencia artificial— y que, al mismo tiempo, reafirme ese núcleo indecidible de derechos que Ferrajoli identificaba como condición de posibilidad de la democracia, el riesgo es evidente: una deriva sostenida hacia regímenes autoritarios de nuevo cuño, ya no basados en el terror en clave fascista sino en una vigilancia algorítmica omnipresente, en la identificación automatizada de disidentes y migrantes, y en una arquitectura de control ciudadano operada por corporaciones privadas cuyos dueños desprecian abiertamente el pluralismo. 

Conviene insistir en una cosa central: esto no pertenece a una distopía lejana. En efecto, los sistemas ya están funcionando en Gaza, en Irán, en el Canal de la Mancha y en los hospitales británicos. La tensión que describieron Polanyi y Slobodian —entre mercado y democracia, entre soberanía popular y aislamiento tecnocrático— entra así en una fase nueva y cualitativamente más peligrosa. El neoliberalismo sustraía la economía al juicio de la ciudadanía. Lo que viene pretende sustraer al ciudadano mismo.