Dejad de envenenar a los menores

Inundados por el ruido permanente de los casos de corrupción, esta semana ha pasado prácticamente desapercibido un episodio relevante. Lo es para mí a nivel personal, pero lo es más para el conjunto del país y, particularmente, de padres y madres. El martes en el Congreso, las derechas de Vox, PP y Junts tumbaron una proposición de Sumar para regular la publicidad de alimentos dirigida al público infantil. Se trataba de una propuesta elaborada mano a mano con el Ministerio de Consumo y que, según los sondeos disponibles, cuenta con el respaldo de en torno al 80% de la población.

Aunque la oposición a esta norma es escasa, resulta que es muy poderosa. Por un lado, están las grandes empresas alimentarias, que prefieren el estado actual de las cosas. Saben perfectamente que una mejor información al consumidor —y, en general, una mejor regulación— se traduciría en patrones de consumo más saludables y, por tanto, en una menor demanda de aquellos productos que la propia ciencia ha demostrado que perjudican a la salud. Para muchas de esas empresas se trata de una cartera de bienes central en su negocio, como el caso de la bollería y los ultraprocesados en general. Así que es racional, aunque no justificable, que estos actores no quieran cambios: su negocio depende, en buena medida, de que no los haya. Pero, ¿y los representantes políticos?

Puede que la política se perciba cada vez más alejada de los intereses de la ciudadanía, pero este episodio es un ejemplo más en una lista que ya empieza a ser larga. ¿Cómo justifican estos diputados conservadores ante sus votantes, en el día a día, haber votado en contra de proteger la salud de los más pequeños? ¿O es que ha sido, simplemente, un voto de castigo al Gobierno con independencia del contenido? Conviene preguntarse cuál de las dos opciones es peor. Yo no me quedo tranquilo con ninguna de ellas.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy está haciendo, en este terreno y en otros, una labor extraordinaria. Tiene claro algo que la ortodoxia neoliberal lleva décadas negando: que la salud individual no puede ser protegida por el mercado ni por su correlato habitual, la “auto-regulación”, y que no todos los alimentos son iguales. La ciencia lleva tiempo poniéndolo de manifiesto: hay alimentos mejores y peores, tanto desde el punto de vista de la salud individual como desde el de la salud planetaria. Lo que comemos hoy condiciona nuestra esperanza de vida y, a la vez, el futuro del planeta. En una sociedad que ha elevado el criterio de mercado al altar de lo intocable, proponer políticas que lo modifiquen —aunque sólo sea regulando algo tan acotado como la publicidad infantil— se ha convertido en un gesto casi revolucionario. Podemos preguntárnoslo de este modo: ¿por qué cuesta tanto aprobar una norma que prohíbe que los ingentes recursos del marketing se dediquen a atraer a nuestros hijos e hijas hacia prácticas de consumo que serán sus enfermedades de mañana?

Todos sabemos que si dejamos de comer nos morimos, pero abrir el debate sobre la calidad de lo que comemos y sobre sus impactos —laborales y ecológicos— no resulta nada fácil. Todos recordamos, yo el primero, la polémica del chuletón. El problema es que el asunto de fondo es muy serio. Vivimos en un planeta bajo un calentamiento global descontrolado, con afectación creciente sobre las cosechas, con redes de comercio internacional cada vez más tensionadas —véase, sin ir más lejos, lo que ocurre en el estrecho de Ormuz— y donde los países deberían estar diseñando estrategias serias de seguridad y suficiencia alimentaria.

¿Suena exagerado? Conviene recordar algunos hechos. Hace unos días impartí una clase en un máster y la mayoría de los alumnos no sabía que la producción de alimentos es altamente dependiente de fertilizantes intensivos en energía fósil; que su transporte exige más combustibles fósiles; que los agentes que controlan la cadena son cada vez en mayor medida grandes fondos y empresas, y cada vez menos agricultores y ganaderos tradicionales; y que el reparto de poder dentro de las cadenas de distribución es totalmente asimétrico. Un sector tan central para nuestra supervivencia es, al mismo tiempo, altamente vulnerable a la crisis ecosocial y crecientemente controlado por unos pocos actores. Una combinación explosiva.

Frente a este panorama existen herramientas que apuntan en la dirección correcta. La Organización Mundial de la Salud lleva años desarrollando perfiles nutricionales —modelos científicos que clasifican los alimentos según su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal y otros componentes— que son, precisamente, la base técnica de regulaciones como la que se ha tumbado en el Congreso. En paralelo, la dieta planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet articula con criterios científicos cómo deberíamos alimentarnos para que el planeta soporte a una población creciente sin sobrepasar sus límites biofísicos. Un informe científico de Alimentta ha medido cómo debería cambiar nuestro sistema agroalimentario para cumplir esas exigencias ambientales y darnos de comer de manera saludable, demostrando que es técnicamente viable. Todos esos casos son intentos serios de poner la ciencia al servicio de una alimentación compatible con la salud humana y planetaria. La ciencia es la mejor brújula que tenemos para abordar estas cuestiones. Que regular la publicidad dirigida a la infancia siguiendo estos criterios sea políticamente conflictivo dice mucho del estado de la cuestión.

Toda regulación que avance en esta dirección es, hoy por hoy, insuficiente. Por eso conviene reconocer y agradecer el trabajo del Ministerio de Consumo y, también, el de toda esa sociedad civil organizada —asociaciones de pediatras, nutricionistas, plataformas ciudadanas, organizaciones de consumidores— que lleva años empujando para que estos avances sean posibles. Bustinduy ha encabezado una propuesta que ha conseguido más adeptos que la que yo defendí hace unos años —porque el PSOE, esta vez, ha votado a favor—, aunque todavía no los suficientes. Lo de esta semana es un revés, pero no debería desanimarnos. Precisamente porque está en juego la salud de nuestros hijos, y la del planeta que les vamos a dejar, el esfuerzo merece la pena. Y más temprano que tarde, España quedará libre de estas viejas servidumbres para pasar a proteger a sus ciudadanos, empezando por los más pequeños.