Vox pidió imputar a los presidentes de Andalucía, Extremadura y Castilla y León con los que ahora quiere gobernar

El último ciclo de elecciones autonómicas ha reforzado la presencia de la ultraderecha de Vox en casi media docena de territorios. En Aragón, Castilla y León y Extremadura los de Santiago Abascal ya han conseguido varias consejerías, mientras que en Andalucía negocian el precio de permitir la investidura de Moreno Bonilla. Unas conversaciones y pactos políticos que han llegado poco después de que los abogados de Vox pidieran, sin éxito, la imputación de tres de esos presidentes autonómicos por cuatro delitos distintos por la gestión de la ola de incendios del verano de 2025. La última solicitud de imputación contra Juanma Moreno Bonilla, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco fue realizada al Tribunal Supremo en marzo.

El partido de Santiago Abascal anunció el pasado mes de septiembre que tenía intención de desplegar su habitual estrategia penal para abordar la gestión de la ola de incendios que en el verano de 2025. Los fuegos que arrasaron más de 343.000 hectáreas en todo el país, el peor año del siglo con respecto a la superficie forestal calcinada, y varias víctimas mortales. Vox acudió al Tribunal Supremo para pedir la imputación del presidente del Gobierno y de varios ministros, pero también de los presidentes y consejeros de varias comunidades autónomas afectadas: Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Galicia y Asturias.

En ese momento Vox no formaba parte de ningún gobierno autonómico tras la ruptura con el PP consumada un año antes. Pero sí sostenía a varios de ellos donde los de Alberto Núñez Feijóo no tenía mayoría absoluta. Esas peticiones de imputación llegaron a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la primera semana de septiembre de 2025 y fueron rechazadas en marzo de 2026 por el magistrado Julián Sánchez Melgar. El Supremo recordó a Vox entonces que no podía pedir imputaciones de cargos públicos por la “mera detentación” de ese cargo. Y que en el caso de los presidentes autonómicos ni siquiera era el tribunal competente para abrir o rechazar una investigación.

Vox volvió a la carga con un recurso presentado a finales de marzo y que fue rechazado de forma definitiva a principios de mayo. Pedían que se reconsiderara su negativa a abrir una causa contra el ejecutivo central y los gobiernos autonómicos. Para cuando fue presentado el recurso, las elecciones en Extremadura y Castilla y León ya se habían celebrado. Se resolvió semana y media antes de los comicios de Andalucía, con la campaña ya en marcha.

En septiembre de 2025 la querella de Vox atribuyó cuatro delitos a los presidentes de estas tres comunidades autónomas: homicidio imprudente, incendio, prevaricación y otro más contra los derechos de los trabajadores. Entre duras acusaciones de haber tenido una actuación “negligente” y de haber incurrido en una “inexistencia de previsión”. PP y PSOE, dijo entonces Santiago Abascal, habían estado “lanzándose las competencias asquerosamente” incurriendo en “terrorismo climático”. Previamente el eurodiputado Jorge Buxadé había hablado de “bipartidismo pirómano”.

De querellarse a pactar

La querella de Vox contra el Gobierno y estos presidentes autonómicos ha seguido viva hasta que el Tribunal Supremo dictó el archivo definitivo hace menos de un mes. Un proceso judicial preliminar que, como es habitual con las denuncias y querellas de Vox, no ha pasado ni el primer filtro de los jueces de lo Penal, pero que se ha solapado en el tiempo con los procesos electorales autonómicos de los últimos meses en los que los de Santiago Abascal han hecho todo lo posible por pasar a gobernar con los dirigentes a los que acusaban de cuatro delitos distintos.

Vox pactó su entrada en el gobierno extremeño de María Guardiola a mediados del pasado mes de abril tras una primera investidura fallida. Su negociación con Alfonso Fernández Mañueco para formar parte del ejecutivo de Castilla y León, la tierra más afectada por los incendios del año pasado, ha fructificado esta misma semana. En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla necesita de los votos de Vox para revalidar su presidencia y, por el momento, la extrema derecha ha mostrado su “mano tendida” al presidente autonómico al que hace unas pocas semanas pretendían imputar. Si a finales de 2025 Vox centró su crítica política en la gestión medioambiental de los territorios, ahora la clave para pactar es la denominada 'prioridad nacional'.

El partido de extrema derecha siguió en septiembre de 2025 la estrategia que desarrolla desde hace años contra sus rivales políticos, sobre todo de los partidos de izquierda. Denuncias y querellas sistemáticamente rechazadas por el Tribunal Supremo entre acusaciones de judicializar la vida política española y de pretender la imputación de un cargo público por el hecho de ostentar ese puesto, sin especificar qué actuaciones concretas se le atribuyen.

En los autos que han rechazado esta querella por los incendios de 2025 el Supremo recuerda que sus múltiples acciones penales fallidas contra rivales políticos ya han generado una doctrina propia sobre este asunto. Por ejemplo, recuerda el magistrado Sánchez Melgar, cuando en 2020 se querellaron contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus y la Sala de lo Penal ya rechazó su iniciativa con argumentos similares.

Las querellas por la gestión de los incendios no abarcaban solo gobiernos regionales que Vox había apoyado y que ahora pretende integrar, sino también a Alfonso Rueda (Galicia) y a Adrián Barbón (Asturias), de PP y PSOE respectivamente. Las acusaciones contra ellos tampoco prosperaron por falta de competencia. El objetivo de Vox era, como es habitual, montar una macrocausa pero los jueces no ven delito posible en la actuación del Gobierno central y no son competentes para juzgar a presidentes autonómicos.

La extrema derecha, zanja el Supremo, ha actuado “expresando únicamente reproches genéricos válidos para cualquier impugnación” mientras que “no analiza la conducta de los querellados en cada uno de los hechos esgrimidos”. Entre los querellados, dos presidentes autonómicos con los que ha pactado un gobierno y otro con el que pretende hacerlo en los próximos meses.