Fiestas, comuniones y actos de Esperanza Aguirre: todo lo que la Púnica pagó al PP a cambio de contratos

La operación Púnica de corrupción ligada al Partido Popular ha tardado más de una década en convertirse en una sentencia. Más de 200 folios describen una red de “clientelismo político e intercambio de favores” basada en el dominio total que el PP de Esperanza Aguirre ejercía en Madrid en esos años, ejecutado a través de la “posición de poder político” de Francisco Granados y su capacidad para hacer y deshacer en su propio interés y el de su partido. La empresa Waiter Music consiguió más de 10 millones de euros en adjudicaciones públicas para organizar fiestas y eventos en todo el sur de Madrid a cambio de pagar muchas cosas: desde fiestas privadas en casa de políticos hasta cierres de campaña del PP en el Palacio de los Deportes.

La Audiencia Nacional puso en marcha la operación Púnica en octubre de 2014. Decenas de agentes de la Guardia Civil entraron en ayuntamientos de todo el sur de la región y se llevaron detenidos a alcaldes, concejales, altos cargos y empresarios. Y el nombre de un municipio por encima de todos. El epicentro de la trama: Valdemoro. Era donde Francisco Granados había sido alcalde, donde decenas de contratos públicos estaban bajo sospecha y donde el PP gobernaba sin oposición desde 1999. Se trataba de uno de los grandes feudos de la derecha en el sur de la región donde los de Aguirre solían celebrar pomposos actos de campaña con los primeros espadas del partido a nivel nacional.

Que el nombre de Granados —regidor del municipio entre 1999 y 2003 antes de dar el salto a la Comunidad de Madrid— estuviera a la cabeza de la lista de imputados no fue una sorpresa. El otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre y carismático consejero había dejado su escaño en el Senado medio año antes, cuando trascendió que había tenido una cuenta bancaria en Suiza. Las diligencias que entonces llevaba el juez Eloy Velasco, sustituido más tarde por Manuel García-Castellón, demostraron que esa cuenta fue el origen de sus problemas, pero no el mayor de ellos.

La Púnica tuvo media docena de ramificaciones y algunas de ellas han tardado más de una década en llegar a juicio. La última ha sido la que tiene que ver con Waiter Music: la empresa de Aranjuez que dominó durante una década la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas y cualquier tipo de eventos allí donde gobernaba el PP y donde Francisco Granados tenía un hilo del que tirar. Como mano derecha de Esperanza Aguirre, tal y como describe la Justicia, siempre tenía un hilo del que tirar.

José Luis Huerta fue uno de los primeros detenidos en declarar ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional en octubre de 2014. En su primera comparecencia ante el juez explicó que había conocido a Granados cuando era alcalde y él un empleado de una empresa de eventos. Montó Waiter Music en 2004 y la organización de las fiestas de Valdemoro le abrió las puertas de otros muchos municipios. Ese día sacó pecho de su trabajo: “La discoteca móvil la inventé yo”. Y negó con vehemencia haber amañado concursos públicos o agasajado a políticos a cambio de obtenerlos: “Nunca en la vida, eso lo he llevado por bandera y en la profesión se me distingue por eso”.

Cuatro años después José Luis Huerta volvió a la Audiencia Nacional para reconocer lo que ahora declara probado una sentencia. Que su cercanía a Francisco Granados y al PP le introdujo en ayuntamientos del tamaño de Valdemoro, Móstoles o Algete y también de otros más pequeños como Ciempozuelos, Chinchón, Torrejón de Velasco, San Martín de la Vega y Moraleja de Enmedio. Más de 15 millones de euros en organización de eventos, la mitad salidos de las arcas del pueblo que había gobernado Francisco Granados. Que no fueron, en muchas ocasiones, a cambio de nada. El empresario de Waiter Music falleció en 2020, pero su confesión retumbó en el juicio y figura en la sentencia. Tuvo que hacer “servicios extras” para mantener el favor de Granados y el PP.

Mítines, comuniones y copas navideñas

La contabilidad de José Luis Huerta era un galimatías de números rojos, números verdes y columnas difícil de desentrañar si uno busca una lista normal de contratos públicos adjudicados y cobrados o pendientes de cobro. Waiter Music tenía el privilegio de obtener adjudicaciones a dedo, tener sobrecostes de decenas de miles de euros y de presentar empresas del mismo dueño cuando hacían falta tres candidatos para vestir el fraude. Pero también pagaba un peaje al PP y sus políticos a cambio, y a veces ese dinero era a fondo perdido. “Con toda su cara”, dijo en su confesión de 2018 el empresario Huerta para simbolizar que muchas veces no se le pagaba.

La sentencia declara probado que la empresa de José Luis Huertas, tal y como confesó él mismo, gastó miles de euros en regalos y gastos personales a políticos del PP. En 2008, según la sentencia, pagó 68.000 euros por una fiesta posterior a la comunión de la hija de Francisco Granados a la que, según el propio empresario, acudió la propia Esperanza Aguirre. La sentencia tiene incluso fotos de la comunión de un hijo de la alcaldesa de Algete, también sufragada por el empresario. Una fiesta de cumpleaños del entonces consejero de la Comunidad de Madrid. Bolsos. Pero el gran beneficiario no fue Granados ni sus colaboradores. Fue el Partido Popular.

Waiter Music estuvo años organizando y pagando mítines, reuniones, fiestas y encuentros del Partido Popular en distintos puntos de la Comunidad de Madrid donde gobernaba. Años en los que Esperanza Aguirre, felizmente olvidado el 'tamayazo', encadenaba mayorías absolutas y se dedicaba a inaugurar hospitales y paradas de Metro mientras Mariano Rajoy se hacía con las riendas del PP nacional y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en la Moncloa. Según la sentencia, la mano de la Púnica estuvo detrás de algunos de los grandes mítines del PP de esa época.

La sentencia menciona el cierre de campaña de las elecciones municipales y autonómicas que el PP celebró en el Palacio de los Deportes en mayo de 2007. Con Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón dando paso a la holgada mayoría absoluta de la 'lideresa' con el acompañamiento musical de las Azúcar Moreno. También el mitin celebrado en Valdemoro que, un año después, metió en la campaña de las generales de 2008 a José María Aznar. Ese día un enardecido Francisco Granados arengó al público con improperios al doctor Luis Montes y Aznar, que cumplía cuatro años fuera de la Moncloa, se lanzó contra Zapatero, instando a ganar sin “hacer chorradas con la ceja”.

La sentencia menciona más peajes 'populares' con los que Waiter Music potenció los actos del PP por toda la región. “Multitud de eventos” en Valdemoro, pero también una lista larga de “extras” en Ciempozuelos, donde gobernaba la condenada María Ángeles Herrera. Allí Waiter Music montó eventos del partido e incluso un mitin de 2008 donde se entregó una medalla a Rodrigo Rato, que con los años pasaría por la cárcel. En Móstoles, localidad de más de 200.000 habitantes, los jueces también hablan de un “elenco de irregularidades” en la contratación de Waiter Music “favoreciendo el desvío de dinero público y destinándolo al pago de eventos privados organizados por el Partido Popular” y su grupo en la localidad en las elecciones autonómicas de 2011.

No todos los contratos adjudicados a Waiter Music son considerados delictivos y no todos los políticos encausados han terminado condenados. Junto con Francisco Granados y sus sucesores al frente de la alcaldía de Valdemoro (José Miguel Moreno y José Carlos Boza) son condenados los regidores de Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, pero otros son absueltos, como es el caso de los dos exalcaldes de Móstoles encausados. En su caso no hay pruebas de que ellos gestionaran de forma directa la contratación de Waiter Music. En una ciudad como Móstoles, dice la Audiencia Nacional, llegar a ese nivel de irregularidades “debía de contar con el conocimiento y autorización de autoridades, funcionarios públicos municipales e integrantes del Grupo Municipal Popular de Móstoles, que promovieron, facilitaron y autorizaron este tipo de prácticas”.

Dos tramas en el Madrid de Aguirre

Las fechas de la sentencia conocida esta semana, y que todavía es recurrible, revelan una cosa: que la Púnica y la Gürtel convivieron en paz y armonía en distintas zonas de Madrid y con distintas familias del PP durante varios años. Mientras los de Francisco Correa parasitaban los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey de la mano de sus alcaldes, la Púnica conquistaba ayuntamientos del sur de la mano de Francisco Granados. Todo mientras Esperanza Aguirre conquistaba la Puerta del Sol y empezaba su fulgurante ascenso hasta la consideración de lideresa con unos mítines organizados por las tramas corruptas. Porque si algo une a la Gürtel y la Púnica, además de los contratos amañados y las comisiones, es la organización de actos de Esperanza Aguirre como moneda de cambio.

La resolución de la Audiencia Nacional zanja con una condena de dos años de cárcel la participación de David Erguido, entonces concejal de Aranjuez, pero “hombre de confianza” de Granados como asesor en la consejería que, con el tiempo, se convirtió en un dolor de cabeza para el PP nacional. Tuvo que dejar su escaño en el Senado tras ser imputado en la Púnica y se mantuvo como diputado regional del PP de Isabel Díaz Ayuso en Vallecas hasta su desaparición de las listas del partido para las autonómicas de 2021.

Erguido llevaba desde 2010 en la Asamblea de Madrid, donde entró en sustitución del hoy también condenado Alfredo Prada, y según la sentencia maniobró como concejal de Algete para que Waiter Music fuera contratada. Pero también obtuvo un beneficio para sí mismo. Waiter Music le organizó un evento en marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II, con la intervención de “cuatro mariachis” y con un coste de 1.800 euros “pendiente de liquidar con dinero público”. El mismo campo de golf que levantó Esperanza Aguirre en 2007 en Chamberí, que fue declarado ilegal por los tribunales y demolido y cuya adjudicación será juzgada como parte del caso de corrupción Lezo.

Muy por encima de Erguido, la sentencia otorga un papel protagonista a Francisco Granados en el ascenso y caída de Waiter Music y su papel como organizador de eventos de cabecera del PP de diversos municipios. Él tenía una “capacidad real de influencia” en Valdemoro, primero como alcalde y después como consejero de Aguirre, aunque no tuviera voz ni voto oficial en las contrataciones de su antiguo ayuntamiento. Pero sí tenía una “posición de poder político”. También con respecto a la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional no le condena por todas las acusaciones que se vertieron sobre él, pero mantiene que usó su poder para que la Fundación Arpegio, salida de una empresa pública dependiente del gobierno regional, financiase con dinero público el concierto 'Night of the Proms' del que se había encaprichado y que organizó Waiter Music en el Palacio de los Deportes.

Esta no es la primera sentencia madrileña del caso Púnica. Francisco Granados ya fue condenado por el chivatazo que recibió de un guardia civil y que casi da al traste con la operación, y varios alcaldes han sido condenados por aliarse con el empresario David Marjaliza y contratar de forma irregular a Cofely para gestionar la eficiencia energética de sus municipios. Pero Granados todavía tiene un juicio relevante en el horizonte. Por las adjudicaciones supuestamente irregulares de suelo público desde la empresa regional Arpegio —la de la Fundación del concierto Nigh of the Proms— y de obras de construcción de Metro, una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre en esos años.

Aguirre, sus campañas y algunos de sus juramentos políticos son el telón de fondo de muchas de las piezas separadas del caso Púnica. Además del juicio pendiente por estas adjudicaciones, la Audiencia Nacional tiene en cola enjuiciar a Granados y al entonces gerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez, por delitos electorales en la financiación de la campaña del partido de 2011. La principal beneficiada, Esperanza Aguirre, no está en la lista de los acusados porque según el juez Manuel García-Castellón no hay pruebas de que “tuviera conocimiento” de la existencia de una caja B en el seno de su propio partido.

La sentencia conocida esta semana añade una capa de pintura al cuadro de corrupción de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre y su Partido Popular. Políticos que facilitaban contratos públicos a cambio de organizar actos del partido pero también fiestas y comuniones para el bolsillo propio. Una trama Púnica cuya verdad judicial no ha hecho más que empezar con varios juicios por delante en los que la financiación de los grandes éxitos electorales de Esperanza Aguirre estará, una vez más, bajo la lupa sin la lideresa en el banquillo.