Las claves del acuerdo en Aragón entre PP y Vox: no a los menores migrantes, el 'español primero' y freno a las renovables

El peaje que va a pagar el presidente aragonés, Jorge Azcón, por adelantar elecciones va mucho más allá de la inestabilidad de los últimos cuatro meses, o de la que se pueda encontrar en el futuro. Tal y como constata el acuerdo de Gobierno con Vox, el PP ha transigido con la implantación de la agenda ultra que precona la formación de extrema derecha y se verá obligado a aceptar una posición muy dura en contra de la inmigración, con el 'no' expreso a la llegada de menores migrantes o la tesis nacionalista del “español primero”. Y también cuestiones propias de la realidad aragonesa como la limpieza del río Ebro. Está por ver, en todo caso, cómo se resuelve la más que probable colisión de estas iniciativas con la legislación estatal.

El documento definitivo, que se dio a conocer a última hora de este martes, va en la línea del suscrito para Extremadura, aunque con las particularidades aragonesas. Y es mucho más duro que el firmado en el verano de 2023, en la primera legislatura de Azcón.

El principal leit motiv del pacto entre los populares y Vox, como ya sucedió en Extremadura –algunas frases se repiten aquí de forma literal– se resume en un concepto que permea en gran parte del documento: la persecución al inmigrante. Así se refleja en la gestión de las ayudas, en la labor de las ONG, en el acceso a la vivienda o en la normativa de extranjería.

Esta es quizás la gran diferencia con el acuerdo entre Azcón y Nolasco en 2023, la mayor contraprestación que ha tenido que aceptar el PP: entonces, las referencias a la inmigración apenas se limitaron a la exigencia de tener residencia legal para acceder a subvenciones y a suprimir ayudas a organizaciones que colaboren con mafias.

Padrón municipal

Ahora, sin embargo, las imposiciones de Vox son múltiples. Una de ellas es “combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales”. Así, los firmantes proponen la reforma del padrón municipal “para combatir el fraude y la ocupación ilegal” y se “exigirá” al Gobierno central la modificación de la normativa correspondiente. Y se creará un “servicio de verificación” del padrón y la residencia efectiva.

En materia de vivienda y de ayudas públicas es donde aparece el término más polémico del acuerdo: la “prioridad nacional”, también de forma casi idéntica a lo que sucede en Extremadura.

En el primer caso, el sistema de acceso a los pisos protegidos exigirá un “arraigo mínimo de diez años para compra y cinco para alquiler, la ”valoración positiva de perfiles en crisis habitacional (jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad)“ y la ”exclusión de condenados por allanamiento o usurpación en los últimos cinco años“.

En el caso de las subvenciones y las prestaciones públicas, se antepondrá también la nacionalidad y un “periodo mínimo reforzado de arraigo”. Estarán excluidos “quienes estén en situación irregular”, cuyo acceso se limitará a “supuestos de urgencia vital”, sin especificar más.

Mientras, como lleva tiempo reclamando, aunque solo lo ha conseguido en la Región de Murcia, Vox impone al PP la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que “dejará de impartirse de forma inmediata en los centros de Educación Primaria y Secundaria”, algo que también recoge el pacto extremeño.

Persecuión de los menores migrantes

Los menores migrantes no acompañados aparecen de manera expresa, como estaba previsto, en el acuerdo entre el PP y Vox, en el que se refleja la oposición a la “política de fronteras abiertas”. “No más 'menas'. Rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central”, expresa el pacto. También se recoge el “endurecimiento del régimen interno de los centros de menores”, evitar que estas instalaciones se ubiquen en puntos donde surjan problemas y que se lleven a cabo pruebas de edad a los menores, algo que en Aragón se hace desde la etapa del socialista Javier Lambán y para el que el acuerdo actual fija una partida de 100.000 euros. Asimismo, se incluye expresamente que haya acuerdos de repatriación de inmigrantes ilegales a sus países de origen y la prohibición del uso del burka y el nicab en espacios públicos, cuestiones que no escaparán a la polémica por posible extralimitación competencial.

PP y Vox proponen una auditoría anual “de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva”. Si en Extremadura esta iniciativa se encarga a la propia Junta, en Aragón deberá corresponder a la Cámara de Cuentas.

También en esta línea, y con el objetivo de hacer frente –según su tesis– al “despilfarro”, acuerdan el “fin de las partidas presupuestarias a ONG que promuevan la inmigración” y también la reducción al “mínimo legal” de las partidas de cooperación al desarrollo exterior.

Fiscalidad

En fiscalidad, como afirmaron días atrás líderes de Vox, también la “música” en Aragón es similar a la de Extremadura, aunque con alguna diferencia. Los populares y la extrema derecha proponen una bajada generalizada de impuestos, pero en la comunidad aragonesa se detallan más los tramos, por ejemplo cuatro para el IRPF, y hay mayores deducciones por natalidad (hasta 2.500 euros con tres hijos).

En cuanto a las particularidades aragonesas, el acuerdo recoge un plan plurianual de limpieza y defensa del Ebro frente a inundaciones y para proteger las explotaciones situadas en zonas ribereñas. No se hace referencia al papel de la Confederación Hidrográfica, que es la encargada legalmente de gestionar en su mayor parte estas iniciativas.

Respecto a las energías renovables, las dos partes declaran una defensa del suelo productivo de Aragón y –también como en el acuerdo de Extremadura asumen el “compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos” en suelos productivos o que causen afecciones al patrimonio natural.

Y en cuanto al sector primario, PP y Vox antepondrán el campo español frente a las “imposiciones de Bruselas” con la creación de “un fondo de compensación destinado a mitigar el impacto” de la normativa y los acuerdos europeos en agricultores y ganaderos.

Plantas de biogás

También en medio ambiente, el acuerdo suscrito este miércoles recoge la protección de ganaderos frente a grandes depredadores (lobo y oso), el control de instalaciones de biogás, la normativa de protección de olivos monumentales, la declaración del embalse de Biscarrués como interés público o las obras del Pacto del Agua (Yesa, Mularroya, Almudévar). No hay alusión al trasvase del Ebro o un concepto similar.

La extrema derecha tampoco se olvida de una idea que ha propuesto en anteriores ocasiones y ha impuesto la reducción a la mitad de las partidas a sindicatos y organizaciones empresariales, y también a “las entidades privadas que no acrediten utilidad pública efectiva”.

En cuanto a las diferencias con el acuerdo de 2023 en Aragón, desaparece lógicamente la derogación de la Ley de Memoria Democrática, casi la única medida legislativa de la pasada coalición PP-Vox. Ahora se pone además menos énfasis en las políticas lingüísticas, uno de los 'logros' de la extrema derecha en la legislatura pasada, aunque sí se incluye ahora de manera expresa la intención de “librar Aragón de la imposición del catalán” y el objetivo de suprimir el Instituto Aragonés del Catalán.

Mientras, y sin precisar cuáles, el actual acuerdo –algo que no aparecía en el de 2023– se propone derogar o reformar “aquellas disposiciones normativas que supongan un menoscabo de la libertad o respondan a planteamientos de carácter ideológico”.