El racismo ya es ley en el gobierno valenciano

Cuando Carlos Mazón firmó el 'pacto de la servilleta' en 2023 con Vox –ahí estaban un par de profesionales en vivir de lo público, un torero, un catedrático condenado por violencia de género– tenía claro que la ideología no iba a arruinarle la posibilidad de gobernar. Acordaría lo que hiciera falta y echaría a andar un gobierno autonómico con ultras y sus políticas iliberales aunque unas semanas después se la jugara Feijóo en unas elecciones generales. Al fin y al cabo, tampoco se distinguía demasiado de lo que él mismo opinaba. Definitivo o solo influyente, este proyecto que cabía en dos trazos gruesos de un trozo de papel no le sentó bien a las expectativas electorales del PP nacional, que vio cómo se desinflaban las optimistas encuestas en las urnas. Feijóo no pudo gobernar y no fue capaz de llegar a acuerdos en el Congreso de los Diputados.

València, una comunidad talismán para el Partido Popular y de peso específico en España, inauguró un ciclo con un Vox con tanta vara de mando dentro del gobierno como para poner en entredicho el clima y las políticas verdes o hacer calar las supuestas exageraciones woke. Si total siempre ha hecho calor. Un año y tres meses después, la provincia se enteró a golpe de 231 muertos de que ese negacionismo político, llevado a la cadena de servicios públicos, mataba.

Pero Vox, que ya había impuesto debates tan arcaicos como superados, restando energía a la labor de un gobierno que realmente mejore la calidad de vida de los gobernados –que si el catalanismo, que si las élites, que si los zurdos, que si las denuncias falsas– siguió aumentando los timones de los que disponía. Tras la dana, se convirtió en necesario para la supervivencia de Mazón. El expresident consiguió que le apoyaran a él y a sus presupuestos en mayo de 2025, al tiempo que se permitía construir más cerca de la costa, renegaba de la tasa turística, perdonaba impuestos a Iberdrola, se castellanizaban las escuelas o se renunciaba a topar los precios de la vivienda. El precio a pagar fue escuchar al dirigente decir que “no admitiremos repartos de inmigración ilegal” o que “apoyamos firmemente a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, por eso rechazamos y llamamos a la acción en contra del Pacto Verde Europeo” que promulgó su propio partido en Europa.

Pero con la caída del comensal más célebre del Ventorro no decayó la entrega del partido mayoritario a su hermano pequeño ultra, que se convirtió en favorito. El sustituto de Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, sabía que si quería ser apoyado en Les Corts como president debía entregar más. No solo muchas políticas y presupuesto, sino el relato y la validación a Vox. Los de Abascal dijeron que, según cómo les sonara lo que que Llorca dijera en público en su discurso, le votarían o no. Es decir, si Llorca salía del armario del PP para meterse en el de Vox ante los ojos de toda España, sería president. Los lisonjeros comentarios del aspirante para los de Abascal en su discurso de investidura generó pudor dentro de sus propias filas, porque abandonaba las banderas de su propio partido para entregar su corazón a las de Vox: “El Pacto Verde Europeo es la mayor amenaza para nuestros agricultores”, “vamos a defender nuestro sector primario frente a las condiciones de Bruselas y una impostura ecologista que las élites europeas quieren convertir en un dogma”, “ningún menor [inmigrante] va a estar mejor que con sus familias”, “la convivencia, la seguridad y la preservación [de la identidad] no es ser racista ni alarmista”.

Al tiempo que alertaba de que la inmigración pone en apuros al sistema de bienestar, su gobierno ha reducido impuestos (ha rebajado un 25% más a las rentas de más de 72.000 euros que a las de 22.000 euros), sigue estando en contra de cobrar la tasa turística y no ha apoyado el nuevo sistema de financiación que beneficia a la Comunitat Valenciana presentado por el Gobierno.

Este miércoles, lo que empezó en 2023 como una firma programática entre colegas (las relaciones entre PP y Vox son extraordinariamente cercanas en València frente al resto de territorios), se ha consumado como otro empujón más hacia la validación del racismo como concepto. PP y Vox han acordado una ley de presupuestos que incluye el concepto de “prioridad nacional”. Es poner por escrito que los que nacieron aquí tengan más derechos y que los tengan antes que los que nacieron fuera, un concepto que va contra la Constitución y la lógica y que, aplicado internacionalmente, pondría a todos los españoles que hay por el mundo como ciudadanos de segunda aunque tuvieran un trabajo, pagaran impuestos, fueran niños, mayores o personas vulnerables. También condena a poner a la cola a los hijos de aquellos que han llegado después a España. El PP, preguntado después del pleno y ante las críticas a un concepto racista que toma a los nacionales como primero, lo ha querido rebautizar luego en el ámbito del “arraigo” y “empadronamiento”.

Siempre habrá gente española con “más puntos” en este carné xenófobo recién inventado. Es el intento de la antigüedad racial y nacional como carta de naturaleza, la división social como lema, la asunción de que la mejora de los servicios públicos pasa por recortarlos y echar usuarios, en lugar de mejorarlos a medida que entran más personas y más contribuyentes. La validación de una sociedad que, no solo es imperfecta e injusta, sino que se siente orgullosa de serlo y lo firma por ley.