Más financiación y mayor oferta en infantil y FP en Canarias: las propuestas del Consejo Escolar para el nuevo curso

El Consejo Escolar de Canarias ha elaborado un informe en el que plantea una serie de propuestas con vistas al curso 2026-2027, como aumentar la financiación educativa hasta alcanzar el 5% del PIB regional o una mayor oferta en la etapa de 0 a 3 años y en Formación Profesional.

También hace hincapié en el refuerzo de la atención al alumnado con mayores necesidades de apoyo, impulsar la participación en los consejos escolares en los centros y “un esfuerzo sostenido” en la renovación y modernización de las infraestructuras.

Todas estas propuestas se incluyen en el informe sobre la programación general anual de las enseñanzas para el nuevo curso.

En materia de calidad educativa, más allá de la evaluación de los resultados académicos, el Consejo Escolar plantea “una estrategia más amplia” que contemple la reducción de ratios, el fortalecimiento de la acción tutorial, la mejora de la coordinación docente y la dotación de los recursos humanos y organizativos necesarios.

Reconoce los esfuerzos de la administración para la reducción progresiva de ratios, pero pide una adicional en los grupos con elevada concentración de alumnos con necesidades específicas de apoyo (NEAE); para el alumnado en situación de vulnerabilidad social, grupos mixtos, escuelas unitarias, Aulas Enclave, Formación Profesional Básica y Formación Profesional Adaptada.

El Consejo Escolar aplaude la implantación progresiva de la gratuidad de los libros de texto; pide una programación de actividades físico-deportivas en horario extraescolar que incluya a alumnos con necesidades especiales y de aulas Enclave; mejorar la calidad de los comedores; y fomentar el transporte al alumnado de FP como medida para luchar contra el abandono temprano y la fijación de población.

En el informe de propuestas también se plantea la incorporación de medidas que garanticen la accesibilidad universal en el desarrollo de las iniciativas de digitalización, de forma que se asegure su adecuación a las necesidades de las personas con discapacidad.

En cuanto a la política de becas, pide intensificar las medidas de compensación de desigualdades educativas, teniendo en cuenta el impacto que las condiciones socioeconómicas, la pobreza, la exclusión social y las dificultades de acceso a la vivienda ejercen sobre las trayectorias educativas del alumnado y sobre los resultados del sistema educativo.

Asimismo, estabilizar a medio plazo el sistema de becas, ayudas y subvenciones para que las familias y el alumnado puedan tener “expectativas razonables” sobre aquellas que podrán disponer; y aumentar la accesibilidad y facilitar el uso de las distintas sedes electrónicas para solicitarlas, así como un mayor acompañamiento en las gestiones por parte del servicio de soporte.