Los 17 minutos que perseguirán al Gobierno

Nada más fácil que pedir la dimisión de un ministro después de una tragedia que se ha cobrado tantas vidas humanas. Nada más fácil que responder desde el Gobierno que lo primero es atender a las víctimas y poner en marcha la investigación. La responsabilidad política es algo que se reclama cuando se está en la oposición y raramente se acepta en el Gobierno. Solo hay que recordar cómo la gestionaba el Ejecutivo de Rajoy o el tiempo en que aguantó a Mazón en Valencia. En cualquier caso, no dimitir no cierra la herida ni el debate. Mucho menos el desgaste que está sufriendo el Gobierno de Pedro Sánchez que le llega en el peor momento posible.

Ahora son los socios del PSOE y los sindicatos los que exigen responsabilidades políticas de inmediato y eso confirma hasta qué punto la posición del Ejecutivo es vulnerable. Comisiones Obreras ha afirmado que las declaraciones de Óscar Puente “culpabilizando a las personas trabajadoras y poniendo en la picota al eslabón más débil de la cadena, cuando aún no se ha terminado la investigación, son merecedoras de su inmediato cese”. UGT reclamó a Puente que no busque responsabilidades abajo y “empiece a mirar hacia arriba, hacia las decisiones que dependen de quienes dirigen el sistema ferroviario”. Es como decir que se mire al espejo.

Ada Colau e Irene Montero publicaron vídeos con un mensaje casi idéntico al de los sindicatos.

“No es el día para hablar de responsabilidades políticas”, dijo Alberto Núñez Feijóo el miércoles. Sin encender la caldera al nivel que le gusta al PP, un día después subió un poco más la temperatura. Acusó a Puente de culpar a un operario de Adif y lo tachó de frívolo: “No podemos concluir simplemente con esa frivolidad, impropia de un ministro y un Gobierno”.

La gente necesita saber cómo es posible que se produzca otro accidente ferroviario de consecuencias catastróficas nueve meses después del anterior. Es un sentimiento perfectamente lógico y que no se puede contener con el argumento de que este tipo de investigaciones requiere mucho tiempo. La paradoja es que la primera explicación ofrecida por el ministro, respaldada por pruebas, fue recibida con hostilidad por sindicatos y partidos de izquierda, todo por revelar que fue “inexplicable” la orden del centro de control que permitió al AVE circular hasta chocar con el Iryo.

En la noche del miércoles, los audios de las instrucciones emitidas desde el centro de control de Atocha llegaron a varios medios de comunicación, incluido este diario. Demuestran que, después de la caída del sistema de control LZB, se cometió una cadena de errores humanos, incluida la orden al conductor del AVE de que prosiguiera la marcha a velocidad normal, no a la reducida de 40 km/h. Los audios evidencian cierto grado de confusión al escucharse cómo el operario parece estar leyendo las instrucciones que envía a los conductores afectados por la primera avería.

Más allá de ese error inicial, aún se desconoce cómo es posible que el AVE circulara, subiendo progresivamente su velocidad, sin que nadie en el centro de control se percatara de lo que estaba a punto de pasar. Habían recibido la información de la conductora del Iryo de que estaba parada en Urda. Confirmaron la recepción de ese mensaje sin darle una importancia especial ni provocando ninguna alarma.

Lo que empezó con un problema técnico pasó a agravarse con un error humano y esos 17 minutos desde la llamada hasta el choque lo convirtieron en un error sistémico. Un sistema que funciona de esta manera no es garantía de nada.

Todo sistema de control debe reducir las posibilidades de que se produzca un error humano, pero no puede hacer que desaparezcan por completo. Evidentemente, no es tolerable dos accidentes ferroviarios tan graves en menos de un año, aunque sea por causas diferentes, con lo que la sospecha de un error estructural, además del humano, es comprensible. Eso es lo que denuncian los representantes de los trabajadores del sector.

Lo dijo Pedro Sánchez, así que Puente no va a poder cuestionarlo: “No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año, como hemos sufrido”. Y si no es asumible, hay que preguntarse si la posición de Puente como ministro es sostenible. Por ejemplo, ya no está en condiciones de afirmar que el sistema ferroviario español es seguro. Lo dijo después del accidente de Adamuz y la nueva tragedia en Toledo le resta credibilidad a la hora de garantizar los niveles de seguridad en el futuro. Es decir, puede hacerlo, pero nadie le creerá.

Una hipotética dimisión de Puente no va a hacer la situación más fácil para el PSOE ni va a salvar su campaña electoral, que va a quedar irremisiblemente marcada por el accidente y los 69 muertos que provocó. El ministro de Transportes comparecerá el martes 3 de noviembre a las 17.00 en la Diputación Permanente del Congreso. Le quedan varios días para recibir más información y armar una explicación coherente sobre lo que sucedió el día del siniestro. Lo único que tiene claro a estas alturas es que va a estar muy solo.