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Las claves informativas de la semana en la Comunitat Valenciana.

Dos años después

Manifestación en València para exigir responsabilidades por la catástrofe de la dana.

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La jueza de Catarroja pone en evidencia las mentiras de Mazón y el fallo del Consell ante la emergencia

La política negacionista del cambio climático persiste en el segundo aniversario de la dana

Hace dos años y parece tanto tiempo... El segundo aniversario de la dana que el 29 de octubre de 2024, como consecuencia de fuertes inundaciones causadas por lluvias torrenciales, se cobró la vida de 233 personas y devastó varias comarcas valencianas trae a la memoria de quienes no sufrimos directamente la catástrofe flases de calles llenas de coches apilados de forma inverosímil, barrancos furiosos, casas llenas de fango y largas filas de voluntarios camino de la zona cero. Nada que ver con las imágenes y sensaciones que todavía asaltan a quienes sufrieron directamente la catástrofe, que se estremecen cuando en sus teléfonos suena, debido a alguna alerta meteorológica, la señal del Es-Alert que aquella noche llegó tan dramáticamente tarde.

Las víctimas de la dana, a través de sus asociaciones, han protagonizado en estos dos años una dignísima lucha por la verdad de lo ocurrido, por la depuración de responsabilidades, la reparación, la recuperación y la adopción de medidas de prevención ante catástrofes climáticas. Las portavoces de las tres principales asociaciones han señalado, en este segundo aniversario, que “queda muchísimo por hacer” y han reclamado una prevención “real” frente al cambio climático. “Hay ansiedad, ha aumentado la depresión, cada vez que llueve no podemos dormir y vivimos en una incertidumbre continua”, explican.

No olvidan las víctimas, ni olvidamos nosotros, aquellos intentos del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de esconder a toda costa, a base de mentiras, que estuvo ausente de la dirección del dispositivo de emergencias porque se desconectó del episodio de lluvias en una larga sobremesa. Y por eso se felicitan de haber conseguido que dimitiera pero denuncian que “continúa aforado inexplicablemente”, aferrado a su escaño en las Corts Valencianes y disfrutando del despacho y los medios que se otorgan a los exjefes del Consell. Si en alguien confían las víctimas es en la jueza de Catarroja que lleva la investigación, a quien ha respaldado de nuevo estos días la Audiencia de Valencia al reiterar en respuesta a un recurso que la Generalitat tenía la “competencia exclusiva” de emergencias ante la dana. Una competencia exclusiva, precisamente, que ha llevado a la titular del juzgado de Catarroja a imputar a la entonces consellera Salomé Pradas y a su secretario autonómico, Emilio Argüeso. Dice la Audiencia que la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha “practicado multitud de diligencias de investigación”.

Como ha explicado Lucas Marco al resumir el proceso judicial desarrollado hasta ahora, dos años después de la dana la jueza ha acorralado a la Generalitat y mantiene en barbecho al aforado Carlos Mazón. La instrucción ha desmentido las mentiras del exjefe del Consell, que está personado en la causa como una suerte de 'potencial investigado'. “La instrucción”, añade, “también ha revelado la nefasta gestión de varios consellers del Ejecutivo autonómico de Mazón, especialmente de la vicepresidenta Susana Camarero, que optó por desconectarse del Cecopi para acudir a una entrega de premios organizada por la patronal, a pesar de que la reunión de emergencias encaraba un escenario gravísimo. La magistrada aludió a un ”flagrante“ fallo sistémico del Consell”.

Inseparables de las consecuencias de la dana son las masivas manifestaciones ciudadanas que se han producido a lo largo de estos dos años para pedir la dimisión de Mazón y exigir medidas de recuperación y reparación, pero también de prevención a un Consell, presidido por Juan Francisco Pérez Llorca, cuyas políticas negacionistas del cambio climático, pactadas con la extrema derecha de Vox, han persistido a pesar de la dana. Tras eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias al comienzo de la legislatura, el PP y Vox eliminaron la Agencia del Cambio Climático, diversos impuestos para penalizar las emisiones contaminantes, además de permitir la construcción de hoteles a 200 metros de la costa y de tramitar una veintena de planes urbanísticos en zonas inundables. Para completar el absurdo, el PP ha borrado de la Generalitat Valenciana la subdirección de Cambio Climático y la ha rebautizado como “cambios meteorológicos extremos”.

Coincidiendo con este segundo aniversario, la Unión Europea ha advertido de la caída de inversiones en lugares como Valencia si no se preparan para el cambio climático. Pero la sensación es que no hay lección alguna que la derecha gobernante en la Comunitat Valenciana haya asumido, más allá de la que consiste –¡habría sido inconcebible lo contrario!– en actuar con la diligencia debida en la alerta primera y la gestión de la emergencia en términos de protección civil. Y eso que la tragedia representa una llamada de atención potente para reorientar las medidas ambientales, territoriales y urbanísticas de cara al futuro. La actitud del PP valenciano es de una incuria política que lamentaremos.

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