La jueza retrata el “flagrante” fallo sistémico del Gobierno del PP en la dana: apunta a tres consellers por su inacción
La exposición de motivos de la jueza de la dana elevada a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) para solicitar la imputación del aforado Carlos Mazón no solo es una mala noticia para el expresident, actualmente diputado autonómico del PP. La resolución reprocha con dureza a dos vicepresidentes y a un conseller de Mazón, que siguen en el Ejecutivo de Juan Francisco Pérez Llorca, la “flagrante falta de coordinación y cooperación” ante la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Se trata de Susana Camarero, vicepresidenta primera; Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero, y José Antonio Rovira, conseller de Educación el día de autos y actual titular del departamento de Economía y Hacienda.
La actuación de Rovira fue de “especial relevancia”, según afirma la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, quien defiende los “indicios razonables” contra el expresident para imputarlo. En plena alerta roja de la dana, el conseller de Educación se fue a su casa en Alicante, en su vehículo oficial, a pesar de tener los centros educativos abiertos y de que la Universitat de València (UV) había suspendido las clases desde la víspera.
“No se estableció la suspensión de las clases”, por lo que tanto menores, como padres y docentes se vieron expuestos al peligro. La jueza recuerda que un menor y sus dos padres fallecieron al volver a casa desde el centro escolar. También reseña el caso del director del IES de Cheste, que “permaneció en el instituto hasta que todos lo hubieran abandonado”. “Dicha acción le costaría la vida”, apostilla la magistrada.
“Esto es especialmente significativo si atendemos a otros órganos educativos que sí que se adoptaron las medidas precisas”, remacha en referencia a la suspensión de las clases por parte de la UV, una decisión que la secretaria autonómica de Universidades reconoció que desconocía.
La jueza lamenta la “falta de coordinación” entre Mazón (como “nivel supremo de capacidad de decisión” del Ejecutivo autonómico), Salomé Pradas, investigada en la causa, y los otros consellers cuestionados.
Susana Camarero “abandonó” el Cecopi
El departamento de Servicios Sociales, dirigido entonces por Susana Camarero, ostenta una “especial importancia” en la protección y atención “a los más vulnerables”. “De la misma dependían las personas dependientes”, recuerda la exposición de motivos.
La jueza instructora recuerda que Camarero “abandonó” la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para irse a la entrega de unos premios, a pesar de que ya se conocía el serio peligro en la presa de Forata, tal como informó elDiario.es.
La magistrada recuerda que los fallecimientos se produjeron tanto en las residencias de la tercera edad como en los domicilios en los que vivían personas usuarias del servicio de teleasistencia.
La teleasistencia “es obvio que falló”
La resolución cuestiona de plano la gestión de la vicepresidenta Camarero: “La comunicación previa a personas tan vulnerables como las usuarias de teleasistencia que fallecieron el 29 de octubre de 2024, es obvio que falló”. “Nadie les alertó”, remacha.
También cuestiona el argumentario de la Generalitat sobre el servicio de teleasistencia: “El hecho de que se califique como teleasistencia no impide en modo alguno que se les llamara para alertar”. La resolución insiste en que la comunicación con los usuarios “es bidireccional”.
Y añade: “No sólo está prevista para recibir llamadas de auxilio y ayuda. Una oportuna gestión y coordinación permite ponerse en contacto con los usuarios para alertarlos. Que no se llevara a cabo es una cuestión distinta”.
“Falta de coordinación” en el “control de los barrancos”
La jueza tampoco ahorra críticas a la Conselleria de Medio Ambiente, que dirige Vicente Martínez Mus, quien también asistió a los mismos premios a los que se fue Susana Camarero. La exposición de motivos aprecia una “falta de coordinación” con la “remisión de medios humanos destinados al control de los barrancos”.
Se trata, a juicio de la instructora, de una “gravísima y negligente pasividad, por quien podía y debía de haber asumido las funciones en la gestión de la emergencia”.
La “flagrante falta de coordinación y cooperación” entre los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico del PP y, “específicamente, la ausencia de cualquier orden” por parte de Pradas a los otros consellers, “implica por las funciones propias del presidente de la Generalitat Valenciana, al señor Carlos Mazón”, concluye la exposición razonada de la jueza.
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