Batalla judicial del Gobierno valenciano con Sanitas: 29,2 millones en juego por la derivación de pacientes oncológicos

La Conselleria de Sanidad y Sanitas, empresa que gestionó durante 15 años el hospital de Manises, mantienen un pulso judicial con 29,2 millones de euros en juego. Una batalla legal que surge por un conflicto contable vinculado a la derivación de pacientes oncológicos al Instituto Valenciano de Oncología (IVO), fundación que se financia mayoritariamente con fondos de la Generalitat Valenciana. Aunque la compañía abonó la cuantía reclamada a la administración, recurrió en el juzgado y el asunto se encuentra a la espera de fallo.

El caso salió a la luz tras una investigación del Tribunal de Cuentas destapada por la Sindicatura de Comtes en un informe publicado en diciembre del pasado año. Las pesquisas pretendían confirmar si podía existir una presunta “responsabilidad contable” en el abono por parte la Conselleria de Sanidad al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de los costes asociados a la atención de pacientes oncológicos asignados a departamentos de salud privatizados, gestionados, por tanto, por Ribera Salud (Alzira, Dénia, Torrevieja y Elche-Crevillente) o por Sanitas (Manises). De todos ellos, solo queda privatizado el de Elche-Crevillente, gestionado por la primera empresa.

Esta situación, de confirmarse, implicaría que Sanidad habría pagados dos veces por el servicio, en concreto entre los años 2013 y 2023, según la investigación del mencionado Tribunal. Un primer pago al IVO que, pese a ser una fundación privada, se nutre casi en su totalidad de fondos de la Generalitat. Y un segundo pago a estas empresas, en el caso de los pacientes adscritos a las áreas de salud que gestionan, por los que la administración también abona una cuantía anual en concepto de cápita. No significa que las empresas renuncien a tratar a estos pacientes, sino que estos, al tener la posibilidad de elegir, prefieren la opción del IVO, por lo que son derivados.

La Conselleria de Sanidad ya advirtió entonces de que se habían reclamado a las concesionarias 45,8 millones de euros por este concepto: 16,6 millones a Ribera Salud y 29,2 millones a Sanitas. La Justicia rechazó las medidas cautelares solicitadas por ambas empresas por lo que procedieron al pago de los 45,8 millones de euros, quedando los recursos contencioso-administrativos a la espera de resolución.

Al respecto, fuentes de Sanidad han informado a elDiario.es de que ya hubo un primer fallo el pasado 30 de junio que les dio la razón y que desestimó el recurso de Ribera Salud que solicitaba la devolución de 8,4 millones relativa al departamento de salud de Alzira. Además, la empresa ha asegurado a esta redacción que con respecto a los 8,2 millones restantes “está todo liquidado y cerrado”.

De esta forma, quedarán por resolverse en el juzgado los 29,2 millones reclamados por Sanitas, aunque con los primeros fallos favorables a la Conselleria, sería cuanto menos llamativo un cambio de criterio de los magistrados.

Con todo, fuentes de Sanitas han comentado a este periódico que “⁠esta reclamación no tiene ningún respaldo dentro del contrato de la concesión sanitaria firmado en 2006” y que “los gastos que la Administración ha cargado y está intentando cargar a la concesionaria nunca han formado parte de las obligaciones asumidas por el contrato”.

Además, han añadido que “durante los años de relación contractual, la conselleria nunca emitió requerimientos ni advertencias a la concesionaria sobre las supuestas obligaciones pendientes que ahora le reclama sobre el IVO. En este sentido, la conselleria informó por primera vez de este asunto en octubre de 2024 (18 años después de la firma del contrato)”. Por lo tanto, la mercantil insiste en que “no tiene ningún tipo de relación contractual ni económica con el IVO, ni tampoco ha tomado la decisión de derivar pacientes al IVO”, sino que “es la Conselleria de Sanidad quien autorizó y financió esta asistencia mediante sus propios conciertos y, por lo tanto, la concesionaria no puede ser responsable del pago de unos servicios que ni encargó ni autorizó”.