Catalá crea el órgano que vigila los conflictos de intereses tras el tirón de orejas de Antifraude por su concejal de contratación

El Ayuntamiento de València pone en marcha el Comité Ético Municipal, un órgano encargado de reforzar la vigilancia en los conflictos de intereses en la gestión pública, tres años después de que lo dejara aprobado el gobierno de Joan Ribó en el plan de integridad del consistorio y meses después del tirón de orejas de la Agencia Valenciana Antifraude sobre las actividades del concejal de contratación.

El concejal de Transparencia, Juan Carlos Caballero, presidió la sesión constitutiva el pasado miércoles, definiendo el Comité Ético como, “un órgano destinado a reforzar la integridad institucional, la transparencia y el buen gobierno”. El Comité está integrado por representantes de la Secretaría a la que está adscrito el Servicio de Sociedad de la Información, Transparencia y Simplificación de Procedimientos, la Intervención General, el Área de Personal, el Servicio de Sociedad de la Información, Transparencia y Simplificación de Procedimientos y el Servicio de Contratación, dice el escueto comunicado que remitió el Ayuntamiento.

El Comité Ético es el órgano al que le corresponde velar por el cumplimiento del plan de integridad del consistorio, aprobado a finales de 2023. El equipo de gobierno liderado por Joan Ribó dejó hecho un plan de medidas antifraude y para la vigilancia de conflictos de intereses en contratación pública. Debe estudiar estudiar y canalizar las denuncias que puedan llegar en materia de contratación pública, los posibles conflictos de intereses en materia de integridad y proponer mejoras o medidas de “sanción” y “persecución” de los incumplimientos. Es, en resumidas cuentas, un órgano más de vigilancia de la propia gestión municipal.

La Agencia Valenciana Antifraude aludió a este Comité en su informe sobre las abstenciones del concejal de contratación, José Marí Olano, que han sido trasladadas a un órgano de la Intervención General del Estado encargado del fraude en proyectos europeos. El edil de Grandes Proyectos, con competencias en contratación y fichaje estrella de María José Catalá, se ha abstenido de numerosos procesos públicos para evitar conflictos de intereses con empresas con las que trabaja o ha trabajado como abogado, y que sigue ocultando cuáles son amparándose en el secreto profesional.

En el documento de Antifraude, que señala una serie de irregularidades en los quehaceres del concejal que presidió la mesa de contratación entre abril y diciembre de 2025, y sigue siendo delegado de contratación municipal, la AVAF observó “una falta de diligencia al no comunicar el conflicto de interés al Comité ético o Unidad de Integridad”, previsto en la ley de contratos del sector público. Es decir: que el concejal, al abstenerse, debía haberlo comunicado a este órgano para realizar un seguimiento. Al no haber órgano, no hubo ni informe sobre el concejal ni sobre el segumiento del plan municipal. Antifraude pidió un informe sobre la comunicación del posible conflicto de interés al comité ético del Ayuntamiento de Valencia, que el consistorio nunca remitió, pero alegó que “se han adoptado las medidas para abordar el conflicto de interés”. La AVAF acordó trasladar las conclusiones de su informe sobre el concejal de contratación de València al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), un órgano dependiente Intervención General del Estado que se encarga de vigilar los procesos financiados con fondos europeos y colabora con las oficinas europeas contra el fraude.

El Plan de Integridad fue aprobado por el gobierno de coalición de Compromís y el PSPV en su última junta de gobierno local, en mayo de 2023, como guinda al reglamento de Gobierno abierto que impulsó la izquierda en las instituciones, siguiendo la ley de Transparencia. Según el texto, que se aloja en la web municipal, corresponde a la concejalía delegada de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto presidirlo, contando con la Secretaría General y del Pleno, la Intervención General y los jefes de servicio de Contratación, Evaluación y Personal. Compromís pidió en una moción tras el informe de Antifraude que se creara el organismo y se estudiaran las posibles incompatibilidades de Marí Olano, pero el PP aprobó una moción alternativa. A seis meses de agotar el mandato, el Ayuntamiento de PP y Vox ha puesto en marcha el Comité Ético.