Antifraude tumba las alegaciones del Ayuntamiento y pide que identifique a las empresas en caso de conflicto de interés en la contratación

La Agencia Valenciana Antifraude concluye que existen irregularidades en varios procesos de contratación respecto al edil José Marí Olano, que presidió la Mesa de Contratación entre abril y diciembre de 2025. El organismo tumba las alegaciones del Ayuntamiento de València y del edil y apunta que su modo de proceder fue erróneo, comprometiendo cientos de miles de euros en fondos europeos.

El edil no se abstuvo correctamente en los procesos: no identificó a las empresas con las que trabaja o ha trabajado, lo que a ojos de Antifraude no permite evaluar que no se dé el conflicto de intereses. Es una advertencia similar a la que lanzó el Síndic de Greuges a finales de diciembre, tras meses reclamando al Ayuntamiento información sobre la actividad privada del concejal. El edil sigue ocultando con qué empresas trabaja en calidad de abogado -actividad para la que tiene la compatibilidad-, aduciendo el secreto profesional de la abogacía. Esta cuestión ha sido rechaza por Antifraude, que insiste en que el secreto profesional protege el contenido de la relación abogado-cliente, “pero no la existencia del vínculo profesional con el licitador”, según el informe al que ha tenido acceso elDiario.es.

La Agencia, cuyo director se ha apartado del proceso para evitar conflicto de intereses, ratifica en su informe definitivo que se dieron irregularidades en el proceder de Marí Olano. Concluye que no realizó correctamente las abstenciones al no identificar a las empresas y que en los contratos concurren “vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”, como fallos en la constitución de las Mesas de Contratación. Estos vicios podrían comprometer la financiación europea de contratos que en total suman más de 255 millones de euros.

La coalición Compromís reclama a la alcaldesa, María José Catalá, que aparte a Marí Olano de los procedimientos. Subraya que llevan meses denunciando la opacidad del edil, que trabaja como abogado en el sector privado.

Entre las recomendaciones, Antifraude insta al Ayuntamiento a que evalúe las responsabilidades legales que derivan “de la falta de veracidad” de las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses. Marí Olano las suscribió en dos procesos y luego las rectificó, alegando “no me percaté” de los vínculos laborales presentes o pasados, incluidos como causa de incompatibilidad. El órgano apuntó que esto evidencia fallos en los sistemas de control del fraude a los que están obligadas las Administraciones que optan a fondos europeos.

Reclama también el órgano que se formalicen y motiven las abstenciones, incluyendo “incorporar la identificación de la mercantil o licitador que motiva el conflicto”, que esto “se refleje en el acta” de las mesas de contratación y que se convoquen nuevas mesas con suplentes, para “garantizar la integridad en la composición del órgano colegiado”.