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Desconcierto en la UE: mensajes apocalípticos por la crisis energética que se responden con medidas básicas

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, junto al comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, y la presidenta del Ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen.

Rodrigo Ponce de León

Corresponsal en Bruselas —
5 de mayo de 2026 21:33 h

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En los pasillos de las instituciones europeas en Bruselas se escucha una amalgama de mensajes contradictorios sobre el conflicto en Oriente Medio. La crisis de precios energéticos que ha provocado la guerra en Irán ha hecho que se repitan discursos apocalípticos sobre las consecuencias del frenazo económico a la vez que se proponen soluciones que no dejan de ser recomendaciones de consumo o propuestas a muy largo plazo. La confusión es palpable: frente a mensajes que advierten de que estamos al borde del precipicio se repiten remedios que no van más allá de sugerencias. Al mismo tiempo, un grupo de países europeos insiste sin éxito en pedir medidas de más calado.

Este martes, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, resaltaba que “el mundo se enfrenta a lo que podría decirse que es la crisis energética más grave de la historia” mientras que el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, insistía a los países europeos en que las medidas de apoyo a ciudadanos y empresas sean “concretas, limitadas y temporales”.

El desconcierto se refleja hasta en las ruedas de prensa. Tras la reunión del Eurogrupo, el encuentro de los ministros de Economía de la UE, Dombrovskis respondió a los periodistas que la UE “estaba encarando una estanflación” a lo que segundos después, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ministro de Economía y Hacienda de Grecia, salió a corregir con un “no hay una estanflación total a estas alturas”.

La situación de estanflación se da en un escenario económico negativo que combina altos precios con estancamiento del PIB. Los últimos datos publicados por Eurostat señalan que la inflación en la zona euro se ha incrementado hasta el 3% en abril mientras que el crecimiento de la economía solo alcanzó el 0,1% en el primer trimestre de 2026 debido al impacto de los precios energéticos que ha provocado el conflicto en Oriente Medio. La semana pasada, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, puntualizó que la situación actual no responde a una estanflación, “ya que es muy diferente a la de los años setenta”, pero sí admitió que Europa sufre “un crecimiento muy bajo”.

Si no es posible conseguir un consenso sobre la situación de la economía europea se comprenden mejor las dificultades a la hora de encontrar soluciones. Aunque se repiten contantemente por los responsables de la UE las lecciones aprendidas por la crisis de precios tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, la Comisión Europea tardó casi dos meses en plantear una respuesta a la crisis que se quedó en un compendio de recomendaciones basadas en la coordinación entre países, la creación de un Observatorio de Combustibles para hacer seguimiento de la producción y mantener la línea trazada en la agenda verde de la UE para acelerar la transición hacia una energía limpia autóctona y reforzar el sistema de redes.

Ante estas propuestas, los estados miembros reclamaron medidas “más ambiciosas” para luchar contra la subida de precios energéticos, aunque la Comisión hizo oídos sordos a las peticiones y se limitó a mantener sus recomendaciones y a anunciar un plan de electrificación que se presentará este verano. Con el incremento de las presiones, finalmente Bruselas aprobó un marco temporal de ayudas estatales para permitir a los Estados miembros subvencionar el consumo de combustibles para “los sectores más expuestos de la economía: la agricultura, la pesca, las industrias intensivas en energía y el transporte”, sin incluir la aviación.

Esta medida también ha provocado cierto desbarajuste, ya que las ayudas son al consumo de combustibles fósiles, lo que contradice al discurso del comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, sobre que las subvenciones “no conduzcan a un aumento de la demanda agregada de energía”, ya que impulsaría el consumo y mantendría elevado el precio de los hidrocarburos. Y, por otro lado, el comisario de Energía repite el mensaje sobre el riesgo de suministro de queroseno, el combustible de los aviones, pero este tipo de transporte no está incluido en el marco de ayudas propuesto por la Comisión. En todo caso, Bruselas ha avisado de que propondrá este jueves una serie de directrices a las aerolíneas y los aeropuertos sobre consumo de combustible.

A vueltas con las reglas fiscales

En la cumbre de Chipre que se celebró hace dos semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya propuso que se prorroguen durante un año los fondos europeos Next Generation para dedicarlos a inversiones en electrificación y las energías renovables. También puso el foco en un aspecto bastante polémico en los pasillos de las instituciones europeas en Bruselas: “Hay que abrir el debate y aprobar una flexibilización de las reglas fiscales, como con el gasto en Defensa”.

Esta semana, aprovechando la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, España e Italia volvieron a plantear que las inversiones en energías renovables se incluyan dentro del apartado de gastos en Defensa que no computan como déficit; es decir, que una parte de ese 1,5% del PIB que se puede gastar en armamento también sirva para dedicarlo a infraestructuras energéticas limpias, ya que el suministro energético también se debe considerar una medida de seguridad nacional. La propuesta consiguió incluso el respaldo de un país más cercano a mantener el corsé fiscal inamovible como Austria.

“Hay razones económicas para limitar el déficit pero, por otro lado, creo que debería haber ciertos incentivos para invertir, particularmente en proyectos verdes del sector público, como es el caso de la propuesta española. Esta cuenta en principio con mi simpatía”, dijo el titular austriaco de Finanzas, Markus Marterbauer, según recoge EFE.

Sin embargo, el comisario de Economía sentenció que la propuesta se había quedado sobre la mesa por las “posiciones divergentes” de los países sobre “flexibilidad fiscal adicional”. El ministro de Finanzas de Países Bajos, Eelco Heinen, fue el que más claramente confirmó su oposición, con el argumento de que “no puede ser que cada vez que haya un shock la respuesta sea más deuda y más flexibilidad en las normas. Tenemos unos elevados niveles de deuda y el problema ahora es entrar en esta fase con esa deuda elevada”.

Aunque la propuesta de Italia y España no es incrementar la deuda, sino incluir otro tipo de gastos fuera del déficit que ya se ha decidido, la postura recoge la intensidad de la división entre los países más austeros y los más proclives a utilizar el endeudamiento, que tiene su reflejo en las negociaciones del próximo presupuesto plurianual de la UE.

Una muestra de esta recuperación por la austeridad fueron las palabras del comisario europeo de Fiscalidad, Wopke Hoekstra, que aseguró: “Tenemos que abrocharnos los cinturones y, al menos, considerar la posibilidad de que esto continuará y, potencialmente, empeorará mucho”, respecto a la crisis de precios. Sin embargo, la propuesta que hizo España, junto con Alemania, Italia, Austria y Portugal, en la que pedían a la Comisión que pusiera en marcha el marco legal para que los países miembros pudieran aprobar un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, se ha quedado en un cajón. 

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