La recompensa del PP para las mentiras de Aldama

Odia al pecado, pero compadece al pecador. Con un matiz: solo cuando ese pecador sea un instrumento útil para atizar al Gobierno de Pedro Sánchez (la caridad cristiana no aplica para nadie más).

El juicio de las mascarillas ha desnudado la hipocresía del PP frente a la corrupción. Es intolerable, si se trata de Ábalos y de Koldo. Es perdonable, si hablamos de Víctor de Aldama: el empresario corrupto que cobró millones gracias al ministro y su asesor. Solo por los contratos de mascarillas que están siendo juzgados se llevó 5,5 millones de euros.

Como adelanté en mi carta del sábado, el PP ha decidido rebajar su petición de pena para Aldama al mínimo posible. El partido que preside Alberto Núñez Feijóo está presente en este juicio como acusación popular y ha decidido compadecerse del “jefe real” –así lo llama la UCO– de esta trama de corrupción.

El PP solicita para Aldama una rebaja de dos grados en su condena; a su juicio, ni uno solo de los delitos que cometió merece más de un año y dos meses de cárcel. Si esta rebaja se aplicara, Víctor de Aldama podría librarse de entrar en prisión.

El motivo de la generosidad del PP está a la vista de todos. Nadie lo oculta. Según el PP, Aldama debería seguir en libertad por su “colaboración con la justicia”, por su “confesión muy cualificada”. En la práctica, es la recompensa por esas mentiras groseras que soltó durante su declaración de hace unos días. Entre otras, acusar a Pedro Sánchez de ser el “número 1” de esta organización criminal, o asegurar que recaudó dinero para el PSOE. Afirmaciones para las que solo aporta su palabra, y nada más. 

Es una relación simbiótica. Las mentiras de Aldama son gasolina para la campaña de la derecha contra el Gobierno. Y esas acusaciones sin pruebas tienen una recompensa para Aldama. 

Es también un incentivo perverso. No se premia la verdad, se premia la utilidad política de la acusación. Es tan poco fiable la “confesión” que se obtiene al recompensar esta delación sin pruebas como las que conseguía la Inquisición.

Las peticiones de condena son muy relevantes en un proceso penal. La decisión última corresponde al tribunal, pero los jueces no pueden sentenciar a penas mayores que las que pidan las propias acusaciones. Y en este juicio, las acusaciones presentes solo son dos: la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que coordina el PP y donde están otras seis organizaciones más (las habituales en estos casos, como Manos Limpias, Hazte Oír o Vox).

A Víctor de Aldama la jugada le ha salido regular. El plan de su abogado era que la Fiscalía Anticorrupción también rebajara la petición de cárcel. Esa parece que era también la intención del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. De haberlo logrado, Aldama se habría ido a la cama con la seguridad de que su condena sería mínima.

Este lunes, varios medios cercanos a la derecha publicaron que el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón había planteado esa rebaja a su superior jerárquica, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Pero que ésta se había negado y le habría obligado a mantener la pena de siete años que solicitó en su escrito de acusación. En su exposición final, durante el juicio, Luzón ha mantenido la petición de pena de siete años.

Alejandro Luzón ya había tomado antes otras dos decisiones polémicas y muy favorables para Aldama. 

La primera fue el 21 de noviembre de 2024: cuando le puso en libertad tras una declaración donde acusó a medio Gobierno de corrupción. Aldama estaba en prisión preventiva por otro caso, el fraude de los hidrocarburos, pero Anticorrupción le liberó por lo que contó en el caso mascarillas. Fue un cambalache muy poco habitual: que confieses en un caso y te liberen en otro. Y en aquella ocasión, Luzón ocultó esta decisión al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Su superior jerárquico se enteró de la noticia por la prensa.

El segundo favor a Aldama fue el 19 de noviembre de 2025. La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón consideró esa confesión de Aldama como un atenuante y le rebajó de forma considerable la petición de pena. Siete años para el corruptor, frente a los 19 años para Koldo, o los 24 años para Ábalos. Luzón tampoco consultó esa generosa rebaja con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tomó la decisión aprovechando el vacío de poder que había en ese momento en la Fiscalía. Justo al día siguiente, el 20 de noviembre, se confirmó la condena del Supremo contra García Ortiz. 

El tercer favor a Aldama –otra rebaja de pena tras el juicio que fuentes jurídicas daban por hecho– finalmente no ha podido ser. Pero no todo está perdido para este empresario corrupto. Depende ahora de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En su mano está aplicar esa petición de pena que ha planteado el PP para que la corrupción quede impune y Aldama no entre en prisión.

Sería un escándalo. Otro más.