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El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur entra en vigor con numerosos escollos por resolver

Manifestación en protesta por el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y los posibles recortes en los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Rodrigo Ponce de León

Corresponsal en Bruselas —
30 de abril de 2026 22:09 h

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Este 1 de mayo entra en vigor de manera provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay). Tras más de 25 años de negociaciones y aunque fuera firmado por los responsables políticos de la UE y los cuatro países latinoamericanos el pasado 17 de enero, el tratado comercial todavía se enfrenta a varios interrogantes que ponen en duda su permanencia.

Por un lado, el acuerdo está aún pendiente de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de su ratificación por la Eurocámara. Mientras agricultores y ecologistas europeos están pidiendo su abolición, al otro lado del Atlántico, pese a su ratificación, hay disputas entre los cuatro países por la distribución de cuotas de exportación a la UE.

El pasado enero el Consejo Europeo facultó a la Comisión Europea para aprobar la aplicación provisional del acuerdo a partir de la primera ratificación por un país del Mercosur. El 27 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció que la UE procedería a la puesta en marcha de forma interina, lo que provocó una ola de protestas por parte de los agricultores europeos.

Von der Leyen ha declarado este jueves que “se ha invertido mucho trabajo para sacar adelante este acuerdo histórico; ahora es el momento de dedicar el mismo esfuerzo a garantizar que nuestros ciudadanos y empresas aprovechen sus beneficios de inmediato. Desde el primer día, se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado”.

Desde la Comisión Europea se insiste en que “se espera que el acuerdo incremente las exportaciones agroalimentarias de la UE a la región en un 50%, con los primeros contingentes arancelarios y reducciones que entrarán en vigor. Además, 344 Indicaciones Geográficas europeas, como el Parmigiano Reggiano y el Bordeaux, obtendrán protección jurídica en el Mercosur, evitando su imitación en este mercado de consumo en crecimiento”. Brusela argumenta que “para 2040, se espera que estos beneficios combinados impulsen las exportaciones anuales de la UE a la región del Mercosur en un 39%, hasta alcanzar los 50.000 millones de euros”.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que “se trata de una oportunidad que debemos aprovechar para seguir ampliando nuestra presencia en los mercados exteriores”, ya que “permitirá eliminar los aranceles de forma progresiva y llegar a un mercado de más de 260 millones de consumidores”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, destacó que Mercosur abre “un mercado de más de 700 millones de consumidores” y España “respalda esta aplicación provisional desde ya, con estabilidad y reglas claras”, para un acuerdo que, aseguró, “aumenta” la autonomía de Europa en aspectos como la energía o las materias primas.

Pelea por las cuotas en el continente americano

A pesar de las buenas previsiones comerciales para ambos lados del Atlántico, el acuerdo está todavía pendiente de resolver algunas trabas. En la parte del continente americano, los cuatro países aún no se han puesto de acuerdo en cómo se van a repartir las cuotas de exportación, negociadas en bloque con la UE. Bruselas otorgó 21 cuotas a Mercosur para diferentes productos, que van desde carnes a miel, pasando por etanol, azúcar, arroz, azúcar o maíz, pero ahora se las tienen que repartir entre los países.

El ministro uruguayo de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, admitió que con toda probabilidad no se alcanzaría un acuerdo de distribución antes de que entre en vigor el tratado, con lo que los países del cono Sur podrían seguir el sistema por el que el primero que llega es quien accede a la cuota establecida.

La pugna entre los países de Mercosur va a ser tremenda. Oddone advirtió de que “flexibilidad y la capacidad de reacción” a la hora de conseguir las cuotas serán fundamentales para aumentar la competitividad exportadora de Uruguay a corto plazo.

Pendientes en la UE de la decisión judicial

Mientras, en la Unión Europea se está a la espera de una decisión del Tribunal de Justicia de la UE para decidir si el acuerdo comercial cumple con los Tratados de la Unión. Fueron los eurodiputados los que mandaron el acuerdo a los tribunales en un momento en el que la calle estaba encendida por las protestas de los agricultores, que en su mayoría se oponen a esta alianza comercial.

El caso se presentó formalmente el 25 de marzo y se puede alargar hasta un año. Los países miembros y las instituciones de la UE pueden presentar observaciones y habrá una vista oral posteriormente. Con toda esta información, el abogado general de la UE al que le toque el caso hará una interpretación jurídica y finalmente los jueces emitirán la sentencia definitiva.

En caso de que los magistrados europeos sentencien que el acuerdo comercial o algunas de sus partes no cumple con el Derecho de la UE, se tendrá que modificar el documento del tratado, volver a firmarse por los países y ratificar su aprobación por el Parlamento europeo, un proceso que puede suponer meses y meses de retraso.

Pero incluso si el acuerdo comercial cumple con los Tratados de la UE habría que ver qué recibimiento tiene en la Eurocámara. Países como Francia o Polonia se han opuesto públicamente al acuerdo con Mercosur, al igual que varios grupos parlamentarios que van desde las formaciones de ultraderecha a los Verdes o la izquierda. Incluso hay europarlamentarios de los grupos Popular europeo y socialdemócrata que no seguirían la disciplina parlamentaria y votarían en contra.

Rechazo de una parte de agricultores y ecologistas

Las organizaciones agrarias ya anunciaron su total oposición a la aplicación provisional del acuerdo comercial. Asaja ya anunció su rechazo y presentó un informe de auditoría de la Comisión sobre la carne bovina, que concluye que Brasil no ha logrado garantizar que la carne exportada a la UE esté libre de animales tratados con estradiol, una hormona prohibida en el marco europeo. Asaja ha exigido al Gobierno de España que se sume a Hungría y Polonia y que presente un recurso ante el TJUE para suspender cautelarmente el acuerdo.

Mientras, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) definió como “grave irresponsabilidad” la decisión de la Comisión ante “la evidente amenaza que supone para la seguridad alimentaria”. Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos criticó la decisión de Bruselas cuando el acuerdo comercial cuenta con el rechazo del sector agrario, la oposición del Parlamento Europeo, las dudas jurídicas sobre su compatibilidad y las críticas surgidas por el mecanismo de gestión, ya que “no tiene garantías suficientes”.

El director general de Cooperativas AgroAlimentarias, Gabriel Trenzado, reconoció a la agencia Efe que “de la noche a la mañana no va a cambiar el comercio, pero hay que ver cómo se van configurando los flujos”, además de resaltar el momento de “incertidumbre” y el “miedo” en las producciones más defensivas frente a una avalancha de importaciones.

Sin embargo, las empresas dedicadas al aceite de oliva, al vino o al queso han celebrado la puesta en marca del acuerdo comercial. España tiene un déficit comercial de alimentos, bebidas y tabaco con Mercosur, con importaciones por 4.069 millones de euros, diez veces superiores a las exportaciones (381,6 millones), según los datos de Economía de 2025.

También se han opuesto organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en acción por su impacto climático, ya que podría incrementar la desforestación de grandes zonas en los países americanos y aumentar la sobreexplotación de zonas ya agotadas agrariamente.

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