El juez Peinado rechaza archivar el caso de Begoña Gómez e insiste en que la juzgue un jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez y ha insistido en enviar a un juicio por jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril.

En concreto, en un auto dictado este pasado martes, Peinado rechaza los recursos de reforma interpuestos por Begoña Gómez y los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.

El juez ha citado como testigo el próximo 14 de mayo al empresario José María Torres, quien se habría reunido con Gómez y su asesora Cristina Álvarez, también imputada.

El pasado abril, el magistrado procesó a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, dejando fuera el supuesto de intrusismo profesional, por el que también la había investigado durante la instrucción del caso.

Por otro lado, en una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el magistrado concede cinco días a las defensas de los investigados para que presenten el escrito de conclusiones del proceso de instrucción y acuerda que reciban el escrito de calificaciones elaborado por las acusaciones populares que lidera hazte Oír y la Fiscalía.

HazteOir pedía 24 de años de cárcel para Gómez y la retirada del pasaporte por riesgo de fuga, mientras que el Ministerio Público abogaba por el sobreseimiento.

Asimismo, en otra providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acata la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid y deja sin efecto una resolución emitida a finales de 2025 en la que acordaba reclamar un informe a la Asociación de Abogados del Estado para esclarecer si la esposa de Sánchez incurrió en un delito de intrusismo profesional al firmar pliegos de contratación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), puesto que el instructor dejó fuera ese delito cuando la procesó.

En el marco de esta causa, el instructor indaga en varias líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.