El órgano del Estado que lucha contra el fraude en los fondos europeos analizará el caso del edil de Contratación de València

La Agencia Valenciana Antifraude eleva la investigación sobre los procesos de contratación del Ayuntamiento de València que cuentan con financiación europea a los organismos de prevención del fraude de la Unión Europea y del Estado. El ente, que aprecia irregularidades en varios contratos del consistorio, ha acordado trasladar las conclusiones de su informe sobre el concejal de contratación de València al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), un órgano dependiente Intervención General del Estado que se encarga de vigilar los procesos financiados con fondos europeos y colabora con las oficinas europeas contra el fraude.

El organismo valenciano acuerda trasladar la resolución, la denuncia y toda la documentación anexa al SNCA “para su conocimiento y valoración en el ejercicio de sus competencias”, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. La investigación parte de una denuncia anónima sobre las abstenciones del concejal José Marí Olano, que presidió la Mesa de Contratación entre abril y diciembre de 2025. En ese periodo se apartó de numerosos procedimientos por haber trabajado con empresas que concurren a los contratos públicos, sin identificar a las firmas, alegando el secreto profesional de la abogacía. El Síndic de Greuges ya le pidió que trasladara esta información, a lo que tanto el edil como el ayuntamiento que dirige María José Catalá se han negado. El Ayuntamiento no le ha pedido que informe de esta actividad privada, para la que tiene compatibilidad, puesto que no tiene dedicación exclusiva como concejal.

Antifraude examinó desde el pasado noviembre cerca de una decena de procesos en los que el edil se abstuvo para evitar conflicto de intereses por haber trabajado con empresas que concurrían a las licitaciones públicas -en contratos que superan los 255 millones de euros-, pero ocultó de qué firmas se trata, algo que Antifraude le afea. Se han pedido las actas de las Mesas en las que el presidente se apartó y los contratos de las mesas extraordinarias. Uno de estos contratos es el de las obras de Pérez Galdós y otro el del saneamiento del agua, en los que Olano apenas participó, puesto que se acababa de incorporar a esta responsabilidad tras la remodelación del Gobierno.

Antifraude apunta que el edil se abstiene en la última sesión del caso de Pérez Galdós, e informa a los miembros de la mesa de su causa de abstención. La Agencia pidió “copia del acto administrativo dictado por el órgano competente aceptando, en su caso, la abstención presentada por el concejal José Mari Olano”, que no se dio, otro de los puntos que reprocha el órgano. El órgano apunta que “si el presidente titular se abstiene y no asiste el suplente, la Mesa no está válidamente constituida”, un fallo que puede comprometer la validez del contrato de estas obras, de 20 millones de euros, parte de ellos fondos europeos.

Antifraude ve errores en dos procesos de contratación que cuentan con financiación europea: el concejal suscribió una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) que no era tal, y rectificó después, porque sí había tenido vínculos con empresas que se presentaron. Para Antifraude, esto implica además un fallo en los mecanismos de control del Ayuntamiento.

“La razón no puedo explicarla, no me percaté”

El propio concejal admite en las alegaciones presentadas -que Antifraude ha rechazado- que en tres procedimientos no se apartó cuando correspondía porque no se percató. Son los contratos de las obras de los huertos urbanos de Orriols, las obras de mejora de eficiencia energética en el Mercado de Russafa y las obras del Polideportivo de Natzaret. Dos de esos contratos están sujetos a financiación europea, una cuestión que requiere obligatoriamente suscribir una declaración de ausencia conflicto de intereses. Cada euro que viene de Bruselas es vigilado con lupa. “La existencia de una causa de abstención preexistente (servicios profesionales prestados en los dos últimos años) contradice las declaraciones suscritas por el concejal al inicio de las sesiones”, subraya el organismo.

En las alegaciones presentadas a la investigación de Antifraude, el edil reconoce que suscribió “una declaración de ausencia de conflicto de intereses que fue incorrecta, porque sí que concurría el conflicto de interés”. Y añade: “La razón o porqué de esta situación no puedo explicarla, más allá de que no me percaté en los trámites del procedimiento (...) Quizás fuera debido a una falta de lectura atenta de la relación de licitadores, o a una distracción, pero el caso es que no me percaté. Si me hubiera percatado, habría comunicado mi abstención y no habría emitido la correspondiente declaración de ausencia de conflictos de interés”, dice el edil, que es abogado del Estado, en sus alegaciones. Al contrato de los huertos urbanos de Orriols solo concurrieron dos empresas: Construcciones y Canalizaciones Cyca y Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV). Al contrato del Mercado de Russafa fueron una decena.

El Ayuntamiento defiende que los fondos UE no están en riesgo

En un comunicado, el Ayuntamiento de València insiste en que la financiación europea no está comprometida con esta resolución. “El informe definitivo de la Agencia Antifraude sobre las abstenciones del concejal Olano en la mesa de contratación ha aceptado parte de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento entre ellas que se exime al gobierno municipal de cualquier responsabilidad y que las ayudas europeas no se perderán”, dice el texto remitido por el equipo de María José Catalá.

Sin embargo, la decisión de Antifraude deja numerosas incógnitas. El SNCA, que depende de la Intervención General del Estado, es el órgano “encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude” y trabaja en coordinación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Está asesorado por un consejo que preside el Interventor General de la Administración del Estado, una de las máximas figuras que vigilan la legalidad de los contratos públicos. Entre sus funciones, están “identificar las posibles deficiencias de los sistemas nacionales para la gestión de fondos de la Unión Europea” y “establecer los cauces de coordinación e información sobre irregularidades y sospechas de fraude entre las diferentes instituciones nacionales y la OLAF”.

“Una contaminación objetiva del acuerdo”

El Ayuntamiento de València alegó que, “respecto a los actos en los que el Presidente no se ha abstenido, pese a que debió hacerlo, deberían considerarse una mera irregularidad no invalidante, dado que se trata de un acto de un órgano de asistencia técnica, no decisorio, que, además, no habría cambiado el sentido del acuerdo”. Ciertamente, como explica el mismo Ayuntamiento en el texto, el poder de decisión es “del Concejal en el que se ha delegado o de la Junta de Gobierno Local, órganos de contratación”.

Al respecto, Antifraude señala, las decisiones de contratación se basan “necesariamente en la propuesta de la Mesa”. “Al ser la mesa de contratación el órgano que garantiza los principios de igualdad, no discriminación y transparencia, la presencia física del presidente incurso en abstención no solo vulnera el régimen de garantías procedimentales, sino que produce una contaminación objetiva del acuerdo”. Cabe destacar que el delegado de contratación es el propio Olano. El edil sigue teniendo esta responsabilidad, aunque el consistorio decidió que ya no formen parte de la Mesa los cargos electos.

“Evaluar responsabilidades legales”

Antifraude exime al Ayuntamiento de responsabilidad directa en los fallos de las declaraciones porque “no tenía conocimiento” de las actividades profesionales privadas del concejal Marí Olano, pero subraya que le corresponde al consistorio “evaluar las posibles responsabilidades legales que se deriven de dicha falta de veracidad, considerando que el concejal se ha opuesto reiteradamente a facilitar información sobre este asunto”. Entre las recomendaciones, señala: “Sería conveniente que toda manifestación de abstención incorpore la identificación de la mercantil o licitador que motiva el conflicto”, además de pedir que se incluya en las actas, y que se implemente la DACI en todas las licitaciones.