Los ataques de Ayuso contra quienes se manifiestan: de los profesores “violentos” a la “poca sensibilidad” de los bomberos

Son violentos, una plataforma de frustrados, un coro rociero, representan una corrupción mafiosa y pueden tener antecedentes terroristas. A Isabel Díaz Ayuso no le gustan las protestas, o al menos aquellas que sean contra su gobierno. Vengan de donde vengan. La presidenta de la Comunidad de Madrid enfrenta un otoño con diferentes huelgas y movilizaciones de colectivos como los de la educación o la sanidad a solo unas semanas para las elecciones generales y lleva desde que empezaron los primeros paros aplicando la misma receta, una fórmula que ya había utilizado en anteriores convocatorias. Cargar contra los manifestantes, deslegitimar las reivindicaciones y vincular el derecho a la huelga con violencia, delincuencia y vandalismo. Todo ello sin sentarse con los manifestantes.

El derecho a huelga está recogido en la Constitución Española. Es algo que Ayuso sabe y sobre lo que, según ha expresado, no tiene problema. Sin embargo, los ataques desde su ejecutivo contra los docentes por ejercer su derecho a huelga y manifestación se han ido acumulando en las últimas semanas.

Ante la lucha en los tribunales de las familias de las víctimas que murieron en las residencias y que denunciaron los protocolos de la vergüenza, Ayuso les calificó de “plataforma de frustrados”. Anteriormente se refirió a ellos en 2025 como “marea de rebotados”. Lo mismo con los médicos, también inmersos en la protesta ante la “falta de negociación” del Gobierno regional. Ellos también han sufrido los ataques de los de Ayuso después de que se desconvocasen los paros a nivel nacional, pero se mantuviesen en algunas regiones como Madrid. Eso sí, cuando las protestas iban dirigidas contra el Ministerio de Sanidad, la presidenta autonómica se mostró a favor de los paros: “Es una huelga que no veremos en todas partes, a la que muchos intentarán no darle la importancia que merece”, dijo. Palabras muy diferentes solo unos meses más tarde. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, aseguró que ahora la huelga de facultativos era “política” y que los sindicatos —los mismos que convocaron protestas contra Mónica García— obedecían las consignas de la izquierda y la ultraizquierda para “incendiar las calles” durante la campaña.

Tampoco son nuevos los (des)calificativos a profesionales. En 2021 ya había cargado contra los médicos de atención primaria. “No todos quieren trabajar y arrimar el hombro”, dijo en la sexta ola de la pandemia, “no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos”. Acabó acusando a la izquierda de convertir los centros de salud en “sedes electorales”. Un año más tarde, en 2022, ante las protestas y las dimisiones de altos cargos por su gestión sanitaria, Ayuso no dudó en volver a la carga y aseguró que la masiva manifestación de entonces no tenía “nada que ver” con “reclamar derechos laborales”.

Ayuso sube el tono con los profesores

En Educación el Gobierno regional tampoco ha escatimado en calificativos con los huelguistas. Los ataques llegan desde todos los frentes: la presidenta Ayuso ha llamado “violentos” y “antidemocráticos” a los manifestantes —la única violencia que han visto la han sufrido a manos de la policía—, que según ha explicado están “untados por los sindicatos”.

Este mismo jueves añadió “corrupción mafiosa” a su catálogo de calificativos. Los sindicatos, ha sostenido, “llevan pancartas para Hamás, la educación y las ponen en la Consejería de Sanidad. Son una banda que no quiere trabajar y que vive del sufrimiento de quien paga sus impuestos”.

Su responsable educativa también ha tenido palabras para los que en el fondo son sus empleados. Los ha calificado también de “violentos” que “buscan reventar Madrid”, y, como su jefa, ha calificado la huelga de “política” mientras afirma que las demandas son imposibles de cumplir.

En su afán acusador, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, confundió un email informativo enviado por el director de un centro concertado a las familias del colegio con el posicionamiento del director (de hecho, se lo achacó a otro dirigente), lo que le costó una campaña de odio a dos centros públicos que no tenían nada que ver con aquella misiva. No se ha disculpado. No han sido los dos únicos. El director del área territorial este de Madrid, Marcos Rafael Moreno Sánchez, llamó “dos locos” a miembros de las Asambleas de Docentes por la Pública que protestaban en su centro, según denunciaron varios de ellos.

Durante el pleno de la Asamblea de este jueves, la oposición cargó contra el Ejecutivo autonómico por no “respetar” el derecho a la huelga con sus prácticas y la diputada de Más Madrid acusó a la consejera Zarzalejo de llamar “delincuentes” a los profesores que se manifiestan estos días en la capital, unas declaraciones que hicieron estallar a la responsable de Educación, que acabó llamando a la diputada “falsa, mentirosa y prepotente”, prácticamente a gritos en el pleno. Pastor respondió con un audio de la propia consejera de esa misma mañana después de que un grupo de docentes se encerrasen en la Consejería de Educación: “Eso no es ejercer el derecho de huelga, es ejercer la delincuencia y las prácticas mafiosas”, insistió en su respuesta.

De los bomberos a la huelga por la vivienda

La líder madrileña también ha acusado a la izquierda de “secuestrar las calles” porque se vuelve “violenta” al ver que va a perder las elecciones y, fuera del entorno huelguista, “de tener colonizada la universidad”, también en el marco de otras protestas. Otro ejemplo son los bomberos, que también recibieron su dosis este verano, durante los incendios que asolaron la sierra oeste de la Comunidad de Madrid. En medio de una huelga, los acusó de estar “intoxicando en los momentos más difíciles” y de tener “poca amabilidad y sensibilidad con sus compañeros”.

Ahora Ayuso ha visto resuelto otro de los problemas que acumulaba de cara a los comicios: la acampada por la vivienda en Sol, que ya ha sido disuelta. Prácticamente desde que se instalaron las primeras campañas a finales de septiembre y tras la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada de su casa, la presidenta madrileña ha cargado contra los manifestantes. “Lo que hacen es bajo una pretendida noble lucha”, dijo en un encuentro informativo, “se pongan a la cabeza de estas protestas personas que no han pagado impuestos en su vida, que no han construido nada, que en ocasiones ni han estudiado ni saben de qué va la vida”. Semanas más tarde incluso insinuó que algunos de esos manifestantes que reclamaban un derecho a una vivienda digna podían tener “antecedentes terroristas”.