La 'prioridad nacional', la obsesión de Jean-Marie Le Pen que ahora quieren aplicar Vox y PP en Extremadura y Aragón

“Estarán de acuerdo conmigo en que sería mejor aumentar las ayudas destinadas a las mujeres francesas, que solo tienen dos hijos, en lugar de animar a las mujeres extranjeras a tener, en nuestro territorio, tres, cuatro, cinco o seis hijos”, explicaba Jean-Marie Le Pen en octubre de 1985 en la emisión política francesa L'Heure de vérité. “Por eso, el Frente Nacional propone que los servicios sociales se separen entre franceses y extranjeros”. Eran los primeros días de uno de los pilares ideológicos y obsesión de la extrema derecha francesa, basada en la discriminación y en la nacionalidad en lugar de la ciudadanía, que hasta entonces había estado en el centro del Estado de bienestar.

En ese mismo 1985, la expresión “preferencia nacional” entró de lleno en el debate político francés. Era el título de un libro —con el subtítulo 'respuesta a la inmigración'— cuyo autor principal era Jean-Yves Le Gallou, político de un pequeño partido conservador, que poco después pasaría a las filas del Frente Nacional y que hoy forma parte del entorno de Éric Zemmour en la formación ultra Reconquista.

Más de diez años antes, el Frente Nacional había sido fundado por varios grupos de distintas tendencias de la extrema derecha francesa —entre los que se encontraban los neonazis de Ordre Nouveau—, con el objetivo de salir de la marginalidad política y electoral. Su primer ideólogo, François Duprat, aconsejó basar la retórica antiinmigración no en discursos de odio, sino en “argumentos de carácter racional, social y político”.

En esa misma línea, cuando a mediados de los años 80 apareció el concepto de preferencia nacional, la idea sedujo a Le Pen hasta tal punto que lo convirtió en estrategia electoral y en el cimiento ideológico del partido. “Yo quiero más a mis hijas que a mis sobrinas, y más a mis sobrinas que a mis primas, y más a mis primas que a mis vecinas”, ilustraba Le Pen en otra intervención televisiva. Cuatro décadas después, el Partido Popular ha comprado ese mismo marco a Vox, llevándolo incluso a acuerdos de investidura con intención de aplicarlos en Aragón y Extremadura.

También en 1985 Le Pen publica su propio libro titulado Los franceses primero (Les français d'abord), en el que retomaba por primera vez la misma expresión que, desde entonces, estaría presente en todas las campañas electorales de la formación. Cuando su hija tomó las riendas del partido, en 2011, inició un proceso de normalización con el que trató de eliminar los discursos racistas más flagrantes (para ello tuvo que expulsar a su padre) y convencer a los votantes que la formación podría ser un verdadero partido de gobierno y no sólo un vehículo de voto protesta.

No obstante, el concepto de preferencia nacional fue uno de los elementos que Marine Le Pen decidió conservar, con un ligero cambio: pasó a ser prioridad nacional. El concepto se convirtió así en el marcador de estabilidad ideológica del lepenismo, pese a los cambios impuestos por su nueva presidenta. “Mi filosofía es la siguiente: los extranjeros que quieran venir a nuestro territorio tendrán que valerse por sí mismos”, declaraba Le Pen en 2013.

“Patriotismo social”

Los expertos en demoscopia señalan que el rechazo a la inmigración es el principal factor que agrupa a los votantes del partido de extrema derecha francesa. Si en la población francesa un importante porcentaje considera que “hay demasiados inmigrantes en Francia” (en torno a un 60%), el dato es abrumador entre los votantes de RN, llegando al 94% en algunas encuestas. “Marine Le Pen ha demostrado su capacidad para adaptarse, pero, en el fondo, la línea política del Frente Nacional sigue siendo identitaria, nacionalista, soberanista y antisistema”, resumía el politólogo especialista en la derecha Jean-Yves Camus, en declaraciones al diario L’Humanité. “Porque esa es la razón de ser de este partido; si renuncia a eso, no es nada”.

En el programa de Marine Le Pen para las últimas elecciones presidenciales, la prioridad nacional tenía un lugar destacado. Le Pen considera que debe aplicarse para el acceso a la vivienda social o al empleo. Invocando un “patriotismo social”, las prestaciones deben ser asignadas en función de la nacionalidad del receptor: las prestaciones “de solidaridad” estarían condicionadas a 5 años de trabajo en Francia para los trabajadores de nacionalidad extranjera.

Cuando Jean-Yves Le Gallou creó el concepto de preferencia nacional hace 40 años, iba a contracorriente de la mayoría de los regímenes de protección social europeos que se habían construido en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los llamados sistemas “universalistas” –que el sociólogo e historiador francés Pierre Rosanvallon considera que son “indisociables del fortalecimiento del vínculo cívico provocado por las dos grandes guerras del siglo”– se habían basado en la ciudadanía y la igualdad y no en la pertenencia a un grupo étnico determinado.

Una tendencia reforzada en las décadas posteriores por diferentes acuerdos internacionales y por distintas sentencias judiciales. En estos sistemas de redistribución, el criterio fundamental no es la nacionalidad del solicitante, sino sus necesidades. A diferencia de lo que había ocurrido antes de la guerra, el sistema del bienestar se amplió a los extranjeros, que de hecho estaban excluidos de todas las prestaciones a pesar de haber contribuido a muchas de ellas a través de los impuestos. Pero para el RN la filosofía universalista es “injusta”, en palabras de su actual presidente, Jordan Bardella. La lucha contra la inmigración constituye hoy una “gran urgencia” para Francia, que “debe dejar de ser una ventanilla social para la inmigración de todo el mundo”.

Corriente internacional

Si bien el concepto de prioridad nacional ha tenido un largo recorrido en Francia, discursos similares hostiles respecto a la inmigración han proliferado en muchos otros países y han acabado dando lugar a sistemas de preferencia nacional más o menos marcados.

Muchos sociólogos y politólogos relacionan la idea con la corriente del “nativismo”, un concepto anglosajón muy popular en una parte del movimiento MAGA de Estados Unidos, que alía el nacionalismo y la xenofobia; o con la idea de un “welfare chauvinism” [chovinismo del bienestar], que surge en los años 1980-1990 en los países escandinavos y que ha influido no sólo en la extrema derecha del norte de Europa, sino también en una parte de los socialdemócratas.

En Francia, la creciente obsesión política en torno a la inmigración ha provocado otro fenómeno: ante la imposibilidad legal de aplicar la prioridad nacional, contraria al derecho francés e internacional, la derecha y la extrema derecha han multiplicado las iniciativas para modificar la legislación que recoge los requisitos de duración de la estancia.

Así, poco a poco, nuevas barreras han ido limitando en Francia el acceso de los extranjeros a la protección social y, en ocasiones, a las condiciones de regularización. “La vieja promesa discriminatoria de la extrema derecha puede adoptar formas encubiertas, sobre todo a través de requisitos de antigüedad de residencia legal cada vez más desmesurados”, señalan los investigadores de la Universidad de Nanterre Lola Isidro y Antoine Math en una nota sobre la prioridad nacional. “Este tipo de exageración es claramente xenófoba, ya que el requisito de la antigüedad de la residencia legal, al igual que la nacionalidad, cumple una función de exclusión”.

La Justicia, en contra

Esta tendencia desembocó en enero de 2024 en la aprobación de una ley sobre inmigración particularmente represiva, escrita en gran medida por la derecha de Los Republicanos (cuyo presidente, Bruno Retailleau, ha adoptado los postulados de la extrema derecha) y aprobada con los votos de Agrupación Nacional. El texto exigía una ampliación a 5 años de residencia o una afiliación por actividad profesional de al menos 30 meses para poder acceder a ayudas familiares, escolares o vivienda.

Su aprobación —también con una parte de votos del partido del presidente Emmanuel Macron— provocó indignación en la izquierda, en las asociaciones ciudadanas y el mundo académico. El coordinador de Francia Insumisa, Manuel Bompard, denunció que se habían “traspasado líneas rojas fundamentales; las posiciones que la extrema derecha francesa lleva defendiendo desde hace 50 años son ahora las que defiende el Gobierno”. Marine Le Pen, por su parte, se felicitó por lo que consideraba una “victoria ideológica”.

El texto fue ampliamente censurado por el Consejo Constitucional debido a cuestiones de procedimiento. Pero, además, la institución señaló que supeditar el derecho a las prestaciones sociales a estancias tan prolongadas supone una “vulneración desproporcionada” de los requisitos constitucionales. En la misma línea, unos días después, el entonces presidente de la institución, Laurent Fabius, señalaba que “la prioridad nacional, aplicada de forma sistemática, es inconstitucional”.

Más tarde, el mismo Consejo Constitucional, consultado sobre una propuesta de referéndum de iniciativa compartida presentado también por Los Republicanos —que retomaba esa misma ley de inmigración para someterla a consulta— la declaró anticonstitucional (la inmigración no es uno de los temas fijados como posible sujeto de consulta).

Pero a pesar de las decisiones del Consejo Constitucional, del Consejo de Estado o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Marine Le Pen y Jordan Bardella continúan repitiendo su intención de instaurar un sistema de prioridad nacional si llegan al poder.  Y aseguran que, en caso de conflicto con el Consejo Constitucional, propondrán una revisión de la Constitución y un referéndum sobre la cuestión. Así, a un año de la próxima elección presidencial en Francia, el partido que lidera los sondeos (RN) plantea la posibilidad de un choque de legitimidades entre la Presidencia y las instituciones garantes de la legalidad.