“No puedo seguir trabajando”: la falta de personal en prevención de riesgos retrasa las bajas de las docentes en Aragón

Ana es una profesora aragonesa que se encuentra en su sexto mes de embarazo. Debido a sus labores como docente y al desplazamiento de dos horas que tiene que realizar cada día, solicitó al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Aragón la baja por riesgo durante el embarazo. Sin embargo, le comunicaron que los procesos se alargan “uno o dos meses” y Ana no podía esperar tanto tiempo, por lo que ha tenido que pedir una baja por enfermedad común: “Tienes suerte si tu médico te da una baja, pero no es el motivo real por el que no puedes trabajar. Con los plazos que me daban me planto en junio, ahí no me sirve de nada, trabajo con alumnos con discapacidad y problemas de conducta, no puedo esperar un mes o dos a que me den la baja estando embarazada de seis meses”, relata.

El de Ana no es un caso aislado, relata que tiene una compañera que se encuentra en la misma situación. El sindicato CGT denuncia que el Gobierno de Aragón “no protege a sus trabajadores e incumple de manera sistemática y grave la normativa sobre los recursos que debería dedicar a la prevención”. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que se trata de una situación “coyuntural”. Héctor Almazán, secretario de acción sindical de la Federación Estatal de CGT Enseñanza, califica los medios actuales de “claramente insuficientes”. Según expone, el Real Decreto 843/2011 establece que por cada 2.000 trabajadores debe existir una unidad básica sanitaria compuesta por un médico y un enfermero. Bajo esta ratio, Almazán sostiene que para los 18.000 docentes de Aragón deberían existir nueve unidades, frente a las “dos médicas y seis enfermeras” que, según sus datos, operan actualmente.

Almazán alerta de que deberían ser más unidades, ya que este personal se ocupa también de los 12.000 funcionarios y funcionarias de la administración general de la DGA: “Un total de 30.000 funcionarias para las que, según la normativa, debería haber 15 UBS y no solo dos. A lo que debemos añadir que se tratan de funcionarios muy dispersos geográficamente, al haber 1.800 centros de trabajo lo que, evidentemente, dificulta su atención. La precariedad es absoluta, ya que los médicos son quienes firman las adaptaciones de puestos de trabajo, o las bajas por embarazo de riesgo por ejemplo”. Según el representante sindical, este déficit administrativo es el que provoca que trámites urgentes, como las adaptaciones de puesto o las bajas por riesgo, se demoren de forma “inviable”. La propia Ana refuerza esta idea al explicar que en los servicios públicos le transmitieron que “todo se alarga porque no hay gente” y que debía seguir trabajando mientras se resolvía su expediente: “Yo no puedo seguir trabajando mientras me reconocen el riesgo”.

Almazán compara la dotación del Servicio de Prevención de DGA con el de otras instituciones que tienen también servicios de prevención propios: “El Ayuntamiento de Zaragoza dispone de siete médicas y seis enfermeras para 5.800 trabajadoras, y a pesar de su escasa dispersión geográfica y su dotación de más de un médico por cada 1.000 trabajadoras, no les sobra tiempo para realizar sus funciones. O el Servicio de Salud de Aragón, con 27.000 trabajadores aproximadamente, disponen de 17 médicos. Somos conscientes de la escasez crónica de profesionales especialistas en Medicina del Trabajo en todo el sector público, pero esta situación disfuncional entre el volumen de tareas a realizar y el de personal que las realiza provoca además que hay dificultades en la cobertura de estas plazas, y que el personal médico se vayan a otras instituciones o empresas con mejores condiciones laborales”. 

Patricia Ariza, portavoz de CGT Enseñanza, explica también las consecuencias que la situación descrita tiene para el profesorado, “esta escasez de recursos lleva a que no se pueda realizar realmente la prevención porque solo da para actuar de manera reactiva, y siempre con lo más urgente, también a que se dilaten los plazos para numerosos procesos”. Por todo ello, el sindicato solicita una auditoría externa que determine “si el Gobierno de Aragón está cumpliendo con la normativa vigente” y “que se doten de los recursos necesarios a los servicios de prevención del Gobierno de Aragón para que puedan cumplir con todas sus funciones”.

Fuentes del Gobierno de Aragón explican que se trata de una situación “coyuntural” y que se está haciendo “todo lo posible para sobsanarlo”, aunque destacan la “dificultad” de encontrar médicos que, para desempeñar esta labor, tienen que tener la especialidad de medicina del trabajo.