El fiscal anticorrupción atribuye a un alto cargo de Pérez Llorca “graves hechos delictivos” en el 'caso Azud'
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El fiscal anticorrupción atribuye a Jorge Bellver, actual director general de Transparencia, “graves hechos delictivos” en el marco del 'caso Azud', en el que el alto cargo figura como investigado. Bellver, concejal de Urbanismo durante la etapa de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València, recibió regalos de la presunta trama investigada y mantuvo reuniones en locales de ocio y sedes de empresas con uno de los principales imputados, el empresario Jaime Febrer, según las pesquisas policiales.
El representante del Ministerio Público, en un escrito del pasado 27 de marzo al que ha tenido acceso elDiario.es, se opone al recurso de la defensa de Bellver contra la decisión del juez sustituto de la titular de la Plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València de citarlo a declarar como investigado y reseña la cronología de la implicación del director general de la Generalitat, que se remonta a un auto del 1 de octubre de 2019, cuando el político era diputado autonómico del PP y la jueza instructora describió “hechos indiciariamente delictivos contra numerosas personas entre las que se encontraba (...) Jorge Bellver”.
Sin embargo, señala el fiscal Pablo Ponce, “en el momento del dictado del auto se desconocía por la instructora y el Ministerio Fiscal que dicha persona fuera diputado en las Cortes Valencianas”. No fue hasta 2021 cuando, tras una información aportada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se tuvo “conocimiento” de la condición de aforado, lo que motivó un auto de la jueza instructora que reflejaba el avance de la investigación, “incluyendo hechos delictivos respecto a determinadas personas y en concreto a Jorge Bellver por sus actuaciones en AUMSA, empresa pública dependiente del Ayuntamiento de València”.
Anticorrupción no ve “ninguna nulidad”
Pese a ello, la instructora consideró que no había “datos suficientes” para elevar la exposición de motivos a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV). El 12 de mayo de 2022, se le notificó personalmente los hechos delictivos que se le atribuían y la posibilidad de personarse en el procedimiento, una vez levantado el secreto de sumario. El aludido no hizo “ninguna manifestación al respecto”, afirma el fiscal.
El escrito de Anticorrupción considera que no existe “ninguna nulidad” en las resoluciones dictadas por la jueza, quien una vez conocida su condición de aforado no lo cita a “formalmente” a prestar declaración como investigado “sino que sigue instruyendo hechos aparentemente delictivos que le comprenden a él y a otras personas”, todo ello “de forma motivada”.
El fiscal enumera los avances de la investigación respecto a los supuestos hechos atribuidos a Jorge Bellver (tales como declaraciones de funcionarios públicos y documentación municipal). Cuando se le ofreció la oportunidad de comparecer, Bellver conocía la ampliación de la carga indiciaria contra él, argumenta el escrito, por lo que “no se le causa ninguna indefensión”.
El “silencio estratégico” de Bellver
Anticorrupción también rechaza la nulidad de la providencia del 23 de octubre de 2025 que lo citó a declarar en calidad de investigado, tal como solicitaba el recurso de la defensa de Bellver. “El silencio estratégico que adoptó es una decisión que le compete a él”, afirma el fiscal Pablo Ponce.
El representante del Ministerio Público recuerda que el alto cargo de Pérez Llorca y su defensa “en la actualidad tienen copia de todas las actuaciones”. Además, su recurso “no indica que indefensión material se le ha causado”.
Por otro lado, el fiscal también rechaza la prescripción que esgrime Bellver. El escrito recuerda que el plazo de prescripción es de 15 años, a tenor del delito más grave que se le imputa (el supuesto cohecho de funcionario público).
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