Economía y Trabajo pactan llevar el registro horario a septiembre para salvar las objeciones del Consejo de Estado

Los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han cerrado el curso político con un acuerdo de calado: la reforma del registro horario para endurecerlo y convertirlo en digital e interoperable por la Inspección de Trabajo se aprobará a la vuelta del verano, en septiembre, una vez el Ejecutivo cierre los últimos flecos para salvar las objeciones que puso el Consejo de Estado a su redacción.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo el acuerdo con el Ministerio de Economía pasa por que el real decreto (reglamento) con la reforma no se apruebe antes del 31 de julio, como reclamaban los sindicatos y se había comprometido la propia Yolanda Díaz, sino que se haga al arranque del curso. El concurso de Carlos Cuerpo era necesario ya que preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el 'Consejillo' de ministros económicos que masca los grandes asuntos del área antes de cada reunión semanal del gabinete y la mesa donde estaba 'atascado' el proyecto.

A cambio, indican las mismas fuentes, el acuerdo desbloquea la norma clave para el departamento de Yolanda Díaz, que vino a sustituir el espíritu de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, una vez esta decayó en el Congreso.

Un año de espera

El real decreto saldrá de la mesa del Consejo de Ministros prácticamente un año después de que pasara, en primera ronda, por dicha reunión. El reglamento se ha retrasado no solo por las reticencias expresadas por el Ministerio de Economía, sino también por los dos informes demoledores del Consejo de Estado y de la Agencia de Protección de Datos durante la tramitación de la norma. Ambos informes preceptivos y no vinculantes, pero que servirían de base para cualquier recurso contra el nuevo registro horario. Algo que la patronal ya se plantea hacer en cuanto esté en vigor.

El Consejo de Estado puso en duda que el vehículo legal, un real decreto, fuera el adecuado para los cambios que plantea la cartera de Yolanda Díaz. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, dijo el órgano consultivo que ahora lidera la exvicepresidenta Carmen Calvo. Un decreto que “no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”.

Además, el Consejo citaba en su informe una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en el que se cuestionaba “que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

El propio Ministerio de Economía también planteó sus reservas sobre los plazos de su entrada en vigor, como adelantó este periódico. En un informe previo al dictamen del Consejo de Estado, reclamó un periodo transitorio de un año para su implementación en las pymes, en lugar de los 20 días que contempla la norma redactada por Trabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo señalan que ahora es el momento de cerrar los detalles técnicos que permitan salvar las objeciones presentadas por el Consejo de Estado sin tocar las líneas principales del registro horario: es decir, que sea completamente digital, interoperable y permita acabar con el fraude de las horas extra sin pagar.

La vicepresidenta Díaz se confesó esta misma semana, tras el Consejo de Ministros del martes, “muy optimista” por el devenir del registro horario, asegurando que estaba “prácticamente listo” para sacarlo adelante. “Esta vulneración e irregularidad manifiesta se va a acabar”, dijo la titular de Trabajo.

Precisamente la aprobación del registro horario fue una de las cuestiones que la diputada de Sumar Aina Vidal reprochó al vicepresidente Cuerpo este jueves durante el Pleno extraordinario del Congreso en el que se aprobó la extensión de las medidas por la guerra en Irán. Preguntado por esta cuestión en una entrevista reciente, Cuerpo, que siempre ha defendido la implantación “equilibrada” de esta norma, defendió que era un proyecto “importante”. “Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas”, dijo.

La decisión de llevar esta norma a septiembre coincidirá, también, con la campaña de Díaz para hacerse con la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una votación prevista para noviembre y cuyo mandato comenzaría en octubre del año próximo. Ya con la legislatura acabada.