La 'trampa' de los centros de empleo con ánimo de lucro para personas con discapacidad: “Existe mucha explotación”

Los centros especiales de empleo (CEE) están diseñados para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sin embargo, existen voces que denuncian prácticas “abusivas” que incrementan la “discriminación” laboral y salarial de este colectivo. Es el caso de Jesús —nombre ficticio—, un trabajador de uno de estos centros en Zaragoza.

Jesús lleva tres años empleado en el sector servicios mediante un CEE con ánimo de lucro y relata cómo, a pesar de realizar “el mismo trabajo” que una persona sin discapacidad, su nómina apenas alcanza el salario mínimo interprofesional (SMI). Mientras tanto, asegura que su empresa factura al cliente más de 3.000 euros mensuales por su puesto: “Tienen la seguridad social subvencionada y un gran porcentaje de mi sueldo. Sacan mucho beneficio”. 

Algo similar relata Matías, que acaba de dejar su empleo en uno de estos centros para irse a otro de iniciativa social. Explica que, en el centro donde ha estado dos años y medio trabajando como conserje, la hora extra de ir a tirar basuras se la pagaban a 3,85 euros, “sin plus de transporte. Al final es más de media hora para ir, trabajar y otra media hora para volver, es mucho rato para tan poco dinero, prácticamente trabajas por la cara”. Asegura que tampoco le pagaron las horas extras que hacía durante meses, hasta que lo reclamó. “El problema principal es que se aplica el convenio de centro especial, mucho más bajo, en lugar del convenio del sector real donde se presta el servicio. Existe mucha explotación laboral, al final los CEE suelen cubrir empleos que no requieren de una formación previa y esto supone mayor precariedad laboral”, explica la abogada Gemma Ruiz. 

Por todo esto, Matías buscó otro empleo, en este caso en un centro especial de empleo con iniciativa social. Allí, según cuenta, le pagan las horas extra al doble que la hora normal, tiene plus de transporte y mejores condiciones laborales. Haciendo un trabajo similar, cobra 400 euros más que Jesús. Matías tiene una discapacidad intelectual, como “el 95% de los trabajadores de estos centros. Muchos no hemos hecho ni la EGB, yo no miró la nómina ni nada, como no entiendo bien lo que pone, no los guardo, de eso se aprovechan”. 

Una brecha salarial

En la práctica, esto supone una brecha salarial entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. Jesús calcula que, si se le aplicará el convenio sectorial correspondiente a su labor, cobraría entre 6.000 y 7.000 euros más cada año debido a pluses por peligrosidad, transporte o tareas específicas. “A igualdad de trabajo, el empleado con discapacidad cobra sistemáticamente menos”, denuncia el afectado. 

Desde que se permitió la entrada de empresas mercantiles con ánimo de lucro en el sector de los CEE, la cifra de estos centros ha crecido de forma exponencial. La normativa de 1985 ya distinguía entre centros con y sin ánimo de lucro según el destino de sus beneficios, pero no fue hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en 2013 cuando se introdujo una definición legal específica para los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social. Esta reforma añadió el apartado 4 al artículo 43 de la Ley General de Discapacidad para diferenciar a las entidades sin ánimo de lucro —obligadas a la reinversión íntegra de sus beneficios en el colectivo— de las sociedades puramente mercantiles. Esta brecha legislativa permitió que empresas privadas con fines de lucro compitieran por las mismas subvenciones públicas para el mantenimiento de puestos de trabajo.

Antes de la reforma de 2013, Aragón contaba con en torno a una cuarentena de centros especiales de empleo, según los datos recogidos en informes de economía social, frente a los más de 70 actuales.

Subvenciones que no llegan al trabajador

Los CEE disfrutan de beneficios fiscales y subvenciones masivas. En Aragón, la ley reserva un 6% de la contratación pública para estas entidades y financia el 100% de las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo, los trabajadores denuncian que este apoyo financiero no se traduce en mejores condiciones. El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) mantiene una línea de subvenciones de 19.625.000 euros —publicadas en enero de 2026— con fondos estatales y autonómicos. La subvención se otorga con carácter mensual y se gradúa teniendo en cuenta el tipo y grado de discapacidad de las personas, así como la estabilidad de los puestos de trabajo que ocupan, pudiendo ir desde el 40% al 70% del salario mínimo interprofesional vigente.

Jesús relata deficiencias graves en la gestión de su empresa: desde el uso de sábanas viejas troceadas como paños de limpieza hasta la negativa de la empresa a proporcionar calzado ortopédico prescrito por un podólogo. 

La legislación obliga a los CEE a mantener Unidades de Apoyo con psicólogos y trabajadores sociales para facilitar el tránsito hacia el empleo ordinario. No obstante, este trabajador asegura que estas figuras son inexistentes o puramente administrativas. “En mi centro no las vemos. Aparecen nombres en la web que no ejercen funciones de apoyo real; el único que viene es un encargado para controlar que no paremos ni un segundo, lo que acaba siendo acoso laboral”. 

Una perpetuación de la exclusión

La Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad en Aragón prevé planes periódicos para corregir la desigualdad. Sin embargo, la realidad de los CEE se ha alejado de su motivación original: ser un puente hacia el mercado laboral común. Ruiz advierte que muchas empresas grandes acuden a los CEE solo para cubrir el 2% de cuota legal obligatoria en los puestos más precarios y sin formación, con lo que “perpetúan la exclusión”. 

La Ley 5/2019 de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón establece en su artículo 24 la obligación del Gobierno de aprobar periódicamente un Plan de Empleo específico. La normativa exige que incluya una memoria económica detallada y obliga a su revisión integral al menos cada cuatro años. Esta 'cláusula de caducidad' busca evitar que las políticas de inclusión se conviertan en papel mojado, garantizando que las ayudas y las cuotas de reserva del 6% en contratos públicos se ajusten a la realidad de trabajadores que, como Jesús o Matías, denuncian estar atrapados en convenios desfasados.

Ruiz reivindica que, frente a los CEE, es “mejor” la figura del empleo con apoyo: “Respeta mucho más los derechos de las personas con discapacidad, es para aquellas personas que necesitan una adaptación mayor, en la teoría cuentan con financiación pero en la práctica es mucho menor que la de los CEE”. La abogada considera que esta medida “respeta mucho mejor la autonomía de las personas con discapacidad, permite un seguimiento más humano del puesto, de las necesidades de la persona, es mucho más compatible con los derechos humanos y del colectivo de la discapacidad”.