María Guardiola se compromete a proteger los derechos a pesar de su pacto con Vox: “No van a estar sometidos a ningún vaivén político”

“Los derechos de la ciudadanía no van a estar sometidos a ningún vaivén político”, ha asegurado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en su toma de posesión del cargo, que se ha celebrado este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida. Guardiola ha formulado ese compromiso tras la polémica por el pacto entre PP y Vox, que ha posibilitado que ha hecho posible su nombramiento, por la inclusión de la prioridad nacional para dificultar el acceso a ayudas, prestaciones sociales y a la vivienda de las personas migrantes.

En su intervención, de unos 20 minutos, no se ha referido a políticas concretas y ha vuelto a esquivar esa polémica de la prioridad nacional, aunque se ha comprometido a que la “máxima prioridad”de su nuevo Gobierno sean “los servicios públicos, el bienestar y la vida de las personas. Y eso no es negociable. No es matizable”.

La presidenta extremeña ha ofrecido un discurso conciliador y ha rechazado “los muros” porque “la división nos hace peores y vulnerables”. Por eso, ha hecho un llamamiento a la moderación a los grupos de la oposición (ha mencionado a todos menos al PP) y a la “conversación pausada porque la ciudadanía está muy cansada del ruido”. Por eso, la líder del PP también ha lamentado los desprecios públicos, los insultos o que se le haya descalificado como mujer. “A mí no se me olvida”, ha dicho.

“Quiero piel, quiero cercanía y quiero una administración al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de la administración”, ha añadido la presidenta extremeña, que ha anunciado que van “a tomar decisiones con firmeza y con valentía” porque está convencida de contar “con el mejor proyecto político posible.

Guardiola ha apostado en su toma de posesión por una Extremadura “más unida, más libre, más justa”, en la que nadie tenga que marcharse para comenzar su proyecto de vida.

Al acto han asistido los presidentes del Senado, Pedro Rollán; de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernando Fernández Mañueco; del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. También la han acompañado, entre otros, los expresidentes extremeños Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago; y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Segunda legislatura tras un pacto que tardó cuatro meses

Guardiola encara su segunda legislatura al frente de la Junta de Extremadura, aunque la primera duró solo dos años y medio. Ante la dificultad de aprobar los presupuestos de 2026, decidió convocar elecciones el pasado diciembre, pero el tablero político apenas se movió al no conseguir la mayoría absoluta (consiguió 29 de 33 diputados) y volver a depender de Vox, que pasó de cinco a 11 escaños, mientras que el PSOE se hundió hasta los 18 asientos en la Asamblea y Unidas por Extremadura creció hasta los siete.

Pero Guardiola ha tenido que esperar cuatro meses para conseguir sellar un pacto de Gobierno con la extrema derecha, que vuelve a Ejecutivo regional con más fuerza. Obtendrá las consejerías de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, con rango de vicepresidencia, que dirigirá el diputado y líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle; y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Desde ellas gestionará, al menos, una cuarta parte del presupuesto autonómico.

El acuerdo también incluye el polémico concepto de prioridad nacional, rechazado por el Gobierno, la Iglesia a incluso la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por dificultar el acceso a ayudas, prestaciones sociales y a la vivienda a las personas migrantes, aunque en Extremadura representan poco más del 4% de la población.