PP y Vox acusan al Consejo de la Juventud de Extremadura de “adoctrinar” y de ser un organismo “ideológico” para justificar el tijeretazo a sus fondos

El primer día de la ronda de comparecencias de los altos cargos de la Junta de Extremadura para detallar las cuentas regionales de 2027 en la Comisión de Hacienda y Presupuestos ha dado lugar a numerosos choques ideológico, como era previsible, sobre todo porque uno de los departamentos protagonistas era la Consejería de Desregulación que dirige la extrema derecha. PP y Vox han cerrado filas para defender el drástico recorte aplicado al Capítulo 2 (gastos de funcionamiento y proyectos) del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), justificando la minoración de fondos en la necesidad de desmantelar un organismo al que acusan abiertamente de “adoctrinar” a los jóvenes y de haber ejercido como una plataforma “ideológica” al servicio de la oposición.

La reestructuración contempla despojar al CJEx de su capacidad ejecutiva para traspasar todo el peso operativo de las políticas juveniles al Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), dependiente directamente de Vox. Bajo el argumento de eliminar “duplicidades” y “gastos superfluos”, la Junta pretende relegar al Consejo de la Juventud a un rol estrictamente “consultivo y asambleario”, reduciendo su capacidad de acción independiente.

En concreto, el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios experimenta un drástico desplome, reduciéndose un 92% en comparación con el ejercicio anterior. Las cuentas en su conjunto se hunden casi a la mitad (de 763.380 a 392.635 euros, un 48,6 %).

El PP exige espacios “neutros y blancos” y Vox tilda al Consejo de “chiringuito”

Durante las intervenciones, el PP ha dejado clara la carga política que atribuyen a la trayectoria del organismo juvenil. Su portavoz, Teresa Tortonda, ha defendido la reorganización de competencias asegurando que las instituciones públicas deben garantizar la imparcialidad: “No queremos una juventud ni adoctrinada ni aborregada ni una juventud obediente”. En esta línea, ha afirmado que los entornos dirigidos a los jóvenes “tienen que ser neutros, blancos, ni azules ni rojos ni verdes ni morados”, dando a entender que la estructura del CJEx había perdido la pluralidad para inclinarse hacia posicionamientos partidistas.

De hecho, durante la legislatura de José Antonio Monago (2011-2015), el PP también aplicó una severa reducción presupuestaria al Consejo de la Juventud de Extremadura, del 21%, aunque en los capítulos de gasto corriente y de actividades de promoción del asociacionismo la rebaja alcanzó el 50%.

Por su parte, la portavoz de Vox, Inés Checa, ha empleado un tono aún más duro al calificar directamente al Consejo de la Juventud como un “chiringuito” opaco. Según ha dicho, “aproximadamente la mitad de este presupuesto se iba a pagar gastos de funcionariado”, mientras que las asociaciones juveniles miembro recibían únicamente “migajas” equivalentes al 9% del total de las partidas. Checa ha acusado a la oposición de utilizar el CJEx para hacer “propaganda política” y ha celebrado que las nuevas cuentas pongan fin a lo que considera una red de subvenciones ideológicas.

Esta postura coincide con la tesis expuesta por el secretario general de la Consejería, Fernando José Guerrero, quien ha explicado en la comisión que el Ejecutivo autonómico actúa para corregir una deriva histórica, argumentando que el Consejo de la Juventud “ha evolucionado a ejercer políticas de juventud de forma ideológica” que solapaban el trabajo de la propia administración regional.

La oposición denuncia un “hachazo” para acallar a la juventud organizada

Las explicaciones de la derecha y la extrema derecha han encontrado una contundente réplica en los grupos de la izquierda, que acusan al Gobierno de María Guardiola de perpetrar una persecución política contra el asociacionismo independiente. Desde el PSOE, el diputado Aitor Vaquerizo ha tildado la medida de “recorte ideológico” y ha advertido de que el verdadero propósito del Ejecutivo es “impedir que haya una juventud extremeña organizada, diversa y plural que pueda decir las cosas a los gobiernos”.

En los mismos términos se ha pronunciado Unidas por Extremadura. Su portavoz, José Antonio González Frutos, ha desmentido la existencia de duplicidades administrativas reales y ha alertado del impacto directo de dejar desiertas las partidas de apoyo a proyectos juveniles locales: “¿Cómo se garantiza la participación juvenil organizada” si se retira el sustento económico para la operatividad y la sede del Consejo?, ha cuestionado.

Tijeretazo en Inclusión Social y Cooperación

El conflicto por el Consejo de la Juventud ha sido la punta de lanza de una Sección 24 del presupuesto autonómico, que experimenta una caída global del 3,1% en sus cuentas, descendiendo de 218,6 a 211,8 millones de euros. Desde Unidas por Extremadura, González Frutos ha calificado el presupuesto de “un peligro para las políticas sociales” al revelar que la partida destinada a Inclusión Social sufre un recorte de 11 millones de euros, precisamente en una comunidad autónoma que soporta una tasa de pobreza del 30,4%. González Frutos ha criticado además que mientras se ajustan las ayudas sociales, la propia Secretaría General de la Consejería “sube sus gastos un 39%”.

Asimismo, el PSOE ha denunciado el desmantelamiento práctico de la cooperación internacional a través de la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID), cuyas transferencias quedan testimonialmente reducidas a un “fondo de contingencia” de 300.000 euros. Para los socialistas, las cuentas aplican la política de “la motosierra” a los colectivos más vulnerables bajo el pretexto del ahorro.

Frente a la lluvia de críticas, tanto la Junta como el PP han defendido los incrementos localizados en el área de infancia y familias, que alcanza los 99,7 millones de euros (un 3,65% más). Entre las cifras exhibidas por el Gobierno destacan la consignación de 16,7 millones de euros (un aumento del 96%) para concertar plazas en hogares de protección de menores tutelados, la duplicación de las ayudas individuales a enfermos de ELA (que pasan de 2.000 a 4.000 euros) y el refuerzo con 500.000 euros adicionales para el programa de respiro familiar de cuidadores.