Atrapados en la tela de araña de Vox

Para calibrar el desatino de la decisión, basta comparar cómo estaba Jorge Azcón antes de adelantar las elecciones autonómicas y cómo está ahora. Forzado a mimetizarse ideológica y dócilmente con la extrema derecha, con el nadie de fuera por delante de un español, ha tenido que dejar en las manos de un partido hostil al Estado de las autonomías y a los inmigrantes los servicios sociales, la familia, que no las familias, el medio ambiente, atención a las trabas a las energías renovables, la agricultura, atención al choque con el Pacto verde europeo, la desregulación, que no deja de ser una copia sin definición de la motosierra de Milei, una vicepresidencia de las Cortes de Aragón y el senador autonómico. Esta última concesión dejará a Eloy Suárez sin la presidencia de la comisión de investigación “Koldo” en el Senado.

Todo bajo el eslogan de la prioridad de los españoles en las ayudas y prestaciones sociales, en los programas de vivienda y en el acceso a los servicios públicos. Estamos ante un concepto estratégico que les daría un vuelco radical a las políticas públicas al reconfigurar el principio constitucional de igualdad (artículo 14) que prohíbe discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión: todos los españoles somos iguales ante la ley.

Se abre el melón para que el acceso a los derechos básicos del estado de bienestar (sanidad, educación, vivienda, servicios sociales) pase de ser universal a ser selectivo. Se pretenden jerarquizar por origen y pertenencia. Quizá por eso el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, está reclamando que se concentre el voto en su persona para no tener que pactar con Vox en una comunidad autónoma cuya economía necesita tanto a los trabajadores agrícolas nacidos fuera de España. Quizá también, en este caso por el peso del voto latino, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desmarcó de lo que pactó su partido en Extremadura y, por extensión, en Aragón.

Además de la más que probable vulneración de la Constitución, el concepto de la prioridad nacional choca también con la Ley de Extranjería que prohíbe discriminar a las personas extranjeras respecto a los españoles y con el Evangelio porque para los creyentes ayudar al extranjero, migrante o necesitado, equivale a ayudar a Jesús.

La prioridad nacional no es ninguna novedad. La patentó hace ya 50 años el entonces presidente del Frente Nacional francés, Jean Marie Le Pen. Después la han reutilizado Donald Trump en Estados Unidos, “América primero”, y todos los partidos europeos de extrema derecha, “los de casa primero”. Nacionalismo selectivo.

El que va a ser presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la que ya es presidenta de Extremadura, María Guardiola, intentan salir de la confusión en la que se han metido dejando caer que se respetará la ley y que lo de la prioridad nacional se basará en el arraigo y el afecto al territorio aunque se haya residido de forma irregular. Vox no dice lo mismo.

¿Qué pasaría si por ejemplo un catalán recién empadronado en Aragón quisiera acceder a los derechos del estado de bienestar y a una vivienda pública? ¿Cómo se mediría su arraigo y la intensidad de su afecto por la comunidad autónoma? ¿Y si nos vamos a Cataluña y la ultraderecha independentista llega tener en el futuro poder de decisión y utiliza esos mismos criterios para excluir a los españoles?

¿Con qué nos quedamos, con que se mantendrán las ayudas a las oenegés que trabajan con migrantes irregulares, muchas de ellas vinculadas a la Iglesia católica, o con que se suprimirán como proclama Vox?

¿Cómo pretenden luchar contra la supuesta imposición del catalán que hablan decenas de miles de aragoneses cuando esa lengua es optativa tanto en primaria como en secundaria y bachillerato y cuando, al igual que el aragonés, está protegida por el Estatuto de Autonomía, por la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, por la Ley de Lenguas, por la Carta europea de protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias y por el Consejo de Europa? Como afirmó en su día el que fuera consejero de Cultura y Educación en el primer Gobierno autonómico, José Bada: “El diálogo es un problema, la lengua un problemica y el nacionalismo un gran problema”.

Mal comienzo para un pacto de gobierno que nace con interpretaciones tan diferentes de los que lo han firmado y con tantas dudas sobre uno de los pilares del Estado liberal, la igualdad ante la ley, y sobre derechos de ciudadanía que son universales.