La sospechosa denuncia que ha reventado la gestión del refugio de animales de València: entre empresas de plagas y una investigación de la Guardia Civil

La gestión del centro de adopción de animales de València se ha convertido en un gran e inesperado incendio político. Unas pesquisas de la Guardia Civil por supuesto tráfico ilegal de animales unido al cambio de gestión de la protectora Modepran a una unión de empresas de control de plagas han desatado el malestar en la ciudad, con cruces de acusaciones ante el cambio inminente en el refugio público.

A partir de este viernes, una unión de varias empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras se hará cargo de los dos centro municipales que albergan animales, el de especies exóticas y el de animales domésticos. El primero, en el barrio de Natzaret, era de gestión municipal directa desde su origen; el segundo, sito en Benimàmet, llevaba 15 años a cargo de la protectora de animales Modepran. El cambio, fruto de un concurso público para adaptarse a la legislación en vigor, ha desatado una oleada de críticas contra el Gobierno de PP y Vox que encabeza María José Catalá, más aún a sabiendas de que una de las empresas ha sido objeto de investigaciones por el trato a los animales.

La personación de los agentes del Seprona en el Ayuntamiento de València ha terminado de agitar el avispero. Este miércoles, a tres días del cambio de gestor, un equipo del servicio de medio ambiente y protección animal entraba en el consistorio para reunirse con el responsable de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero. Los agentes acudían a pedir información sobre una investigación abierta de la que ni el Cuerpo ni el consistorio han querido facilitar detalles. Fuentes del instituto armado solo han confirmado que los agentes se han reunido “para recabar información sobre un asunto”.

Según ha podido saber elDiario.es, los agentes han ido a requerimiento tras una llamada telefónica, cuyo origen aún se desconoce, lo que podría desembocar en una denuncia formal por un posible caso de tráfico ilegal de animales que señalaría a la protectora. El concejal del ramo, Juan Carlos Caballero, niega a preguntas de elDiario.es que el consistorio haya presentado denuncia contra la protectora.

Desde Modepran afirman no tener conocimiento alguno de las pesquisas, ni haber recibido requerimientos ni peticiones de información al tiempo que aseguran estar muy tranqullos porque “no hay nada que ocultar” y afirman que el cambio de gestión previsto para este viernes se hará “con calma y normalidad”.

Fuentes del consistorio apuntan que se han producido más reuniones con el Seprona durante este mandato y enmarcan la cita de este miércoles en una serie de encuentros de colaboración. Ni hay investigación al Ayuntamiento, ni se han llevado documentación, ni ha habido registros, señalan. Solo han acudido a pedir información, señalan estas fuentes. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, únicamente informó este miércoles de que los agentes acudieron por una denuncia.

Un contrato de cinco millones atragantado

El cambio en la gestión de los refugios se debe a un concurso público, un proceso que lleva años atragantado. Hasta la fecha, el refugio de perros y gatos de Benimàmet se ha ido gestionando mediante un convenio caducado hace años, un modelo al que los servicios jurídicos han puesto reparos. Desde entonces, el consistorio abona mensualmente las facturas de los gastos a la protectora, unos 52.000 euros mensuales, que ha seguido prestando el servicio de recogida y atención con un extenso equipo de voluntarios.

El gobierno de Compromís y el PSPV trató de sacar a concurso el refugio, pero la convocatoria quedó desierta. Con el cambio de color en el consistorio, PP y Vox volvieron a iniciar el trámite, y esta vez se presentaron dos ofertas: la UTE Athisa Medioambiente-Adda Ops y la misma Modepran. Por el camino, en 2023, se aprobó la ley de Bienestar Animal, que ha obligado a modificar los términos y adaptarlos.

La UTE Athisa Medioambiente (de Andalucía) y Adda Ops (Castellón) fue elegida como adjudicataria en un concurso público. Obtuvo la mejor puntuación frente a la protectora Modepran, la única opción alternativa en este proceso. Athisa, dedicada al control de plagas, tiene un servicio de recogida y proteccion de los animales vagabundos y abandonados y gestiona otros ocho refugios en España. Adda Ops es una constructora que también presta servicios de control de fauna, centrada en palomas, jabalís y especies invasoras. La nueva adjudicataria es una alianza de dos empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras, que también gestionan otros refugios en España. La protectora les acusa de tener procesos abiertos por maltrato animal. La Guardia Civil abrió un expediente a Athisa por la gestión del refugio en la Bahía de Cádiz a instancias de una denuncia vecinal.

El contrato abarca el “servicio de gestión integral de recogida, acogida, atención veterinaria y mantenimiento de los animales en los centros municipales de animales abandonados en el municipio de València, con la finalidad de ejercer las competencias municipales atribuidas por las Leyes 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales y Ley 2/2023, de 13 de marzo, de Protección, Bienestar y Tenencia de animales de compañia y otras medidas de bienestar animal”.

Pese a los 15 años de experiencia, la protectora no logró la mejor puntuación. Su punto fuerte es el conocimiento del refugio de Benimàmet, centrado en perros y gatos, pero los informes consideran que no se describe adecuadamente el proyecto para el centro de Natzaret (dedicado a las especies exóticas) y que, en general, su redacción es “confusa” respecto a medidas de seguridad. En la valoración técnica, Modepran obtuvo 16,65 puntos y la UTE 25.

La protectora ha tratado de paralizar por todos los medios administrativos el contrato. Primero recurrieron al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que lo suspendió cautelarmente pero finalmente autorizó seguir con el proceso. Tras esta decisión, Modepran ha acudido al juzgado de lo contencioso para tratar de revertir la contratación, y apunta a irregularidades en el proceso, según denuncian fuentes cercanas a la protectora.

La protectora y decenas de activistas en redes sociales han iniciado una fuerte campaña contra la adjudicación de la gestión del refugio, convocando incluso una protesta ciudadana para este viernes. Desde el consistorio insisten en que se va a cumplir estrictamente la ley de Bienestar Animal, que el refugio seguirá teniendo supervisión pública, a cargo de los técnicos municipales, y que habrá programas de voluntariado con los animales que se irán implementando junto a la nueva gestión. Por lo pronto, en vísperas del cambio, parece haberse desatado una guerra entre el Ayuntamiento, la protectora y la nueva adjudicataria.