Miles de personas convierten Palma en un clamor contra la turistificación y la crisis de la vivienda: “Mallorca ha llegado al límite”

Decenas de miles de personas -unas 70.000, según los organizadores; unos 25.000, según cifras de la Policía Nacional- han desbordado este domingo el centro de Palma en una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos años en Balears para exigir un cambio profundo del modelo económico, territorial y turístico del archipiélago. La manifestación, convocada por la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' y respaldada por hasta 134 entidades sociales- ha reunido a colectivos ecologistas, organizaciones por el derecho a la vivienda, sindicatos, familias, jóvenes, trabajadores y jubilados en una protesta que ha ido mucho más allá del rechazo a la masificación turística para denunciar el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población residente.

La marcha ha avanzado de forma pacífica desde la Plaça d'Espanya hasta el último punto del recorrido, la plaza de ses Voltes, a los pies de la Catedral. Ha sido en este lugar en el que se han vivido los mayores momentos de tensión debido a que los agentes desplegados no permitían el paso a la gran mayoría de los manifestantes. “¡Queremos pasar!”, gritaban desde fuera, mientras quienes sí habían logrado acceder clamaban por su entrada. Finalmente, se les ha permitido acceder entre gritos de celebración. Mientras tanto, otras miles de personas aguardaban en los alrededores en una estampa.

Apoyada por plataformas como GOB, SOS Residents, Sindicat de Llogateres, CCOO, UGT, STEI, CGT, CNT, Arran o Alerta Solidària-, ha recorrido las principales calles de Palma con un mensaje claro: el modelo de crecimiento de las últimas décadas ha llevado a Mallorca a una situación límite en materia de vivienda, territorio, movilidad, recursos naturales y calidad de vida.

Durante toda la movilización se han exhibido numerosas pancartas con lemas como “No tenim por” (“No tenemos miedo”), “Qui estima Mallorca no la ven” (“Quien quiere Mallorca no la vende”) o “Mallorca no està en venda” “Mallorca no está en venta”), mientras miles de manifestantes denunciaban que vivir en las islas se ha convertido en una carrera de obstáculos para una parte creciente de la población.

La protesta llega en uno de los momentos de mayor tensión social que recuerda el archipiélago, a la que se suma la detención, hace dos semanas, de dos activistas investigadas por los ataques a cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí y a quienes la Guardia Civil ha llegado a atribuir un delito de grupo criminal. Un clima que ha situado en el centro del debate el creciente malestar por el acceso a la vivienda, la turistificación y el modelo económico de Balears.

La vivienda, epicentro del conflicto

El acceso a la vivienda ha sido el gran eje de la movilización. Los convocantes sostienen que la crisis residencial ya no responde únicamente a un desequilibrio entre oferta y demanda, sino a la transformación de la vivienda en un activo financiero sometido a la especulación internacional. Pese a que el Govern de Marga Prohens (PP) sostiene que por primera vez está priorizando el acceso de los residentes a la vivienda mediante la construcción de vivienda protegida y la agilización de nuevos desarrollos urbanísticos, las entidades critican que estas medidas no atacan las causas estructurales del problema. Recuerdan que Balears continúa registrando algunos de los precios más elevados de España tanto en compra como en alquiler y que el acceso a una vivienda sigue siendo inalcanzable para una parte creciente de la población.

Las organizaciones convocantes sostienen que la política del Ejecutivo autonómico sigue centrada en aumentar la oferta sin intervenir sobre la demanda que, a su juicio, está alimentando la escalada de precios. Entre otras medidas, critican que la ley ómnibus aprobada por PP y Vox permita que personas jurídicas puedan adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler, una reforma que el Govern justifica como un mecanismo para incrementar el parque residencial, pero que la oposición y los movimientos sociales interpretan como una nueva vía para facilitar la entrada de grandes operadores inmobiliarios en un mercado ya fuertemente tensionado,

Para miles de trabajadores, encontrar un piso asequible se ha convertido en una tarea prácticamente imposible, mientras aumentan los casos de jóvenes que retrasan su emancipación, familias obligadas a abandonar los municipios donde siempre habían vivido y trabajadores que renuncian a empleos por no poder acceder a una vivienda.