El fuego que acompañará nuestras vidas

Una agenda climática que se convierte en “una gran estafa”. Una “ola internacional” que impone unas costumbres que “están favoreciendo también pobreza a manos llenas”. “Desde que la Tierra existe ha habido cambio climático, ha habido ciclos”. Son palabras de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid en 2022 y forman parte de su discurso habitual sobre el cambio climático (para negarlo o relativizarlo). Como hizo en esa ocasión, le gusta responder a las críticas de los que la acusan de no tomarse en serio el problema con el argumento de que lo que ellos están buscando es “el comunismo”. 

Ahora le toca llorar y llamar a la UME. Ponerse un chaleco de emergencias –que no falte un responsable político disfrazándose para la ocasión– al que además le pone una tarjeta que dice “presidenta”, no sea que la gente se equivoque y piense que es una turista. Los incendios que castigan estos días a las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha forman parte de esta nueva normalidad que nos acompañará todos los veranos. No necesariamente habrá más incendios cada año, pero cada uno de ellos será más destructor y abarcará más superficie. Algunos se producirán en cotas tan altas que acceder a ellos será extraordinariamente difícil.

El Gobierno de Ayuso pidió al Gobierno central que asumiera el control directo de la emergencia. Su presidenta decidió que no quería aceptar la responsabilidad. Eso no quiere decir que con ese nivel 3 de respuesta se destinen más medios, sino que su gestión depende directamente de la Administración central. A partir de ahí, la colaboración entre gobiernos diferentes, incluidos los ayuntamientos, es fundamental. Excepto la guerra que montó el PP desde el día siguiente de la dana de Valencia, esa coordinación suele producirse sin problemas y así está ocurriendo ahora.

“El área quemada va a seguir aumentando en los próximos años si no se toman medidas, porque la intensidad de los incendios está aumentando. Las zonas en las que previsiblemente veremos mayores aumentos en el área quemada son montañosas, de gran altitud, que tradicionalmente no se quemaban porque estaban muy húmedas”, explica Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal. 

Cuando el fuego, como está ocurriendo ahora, amenaza a zonas habitadas, los servicios de extinción deben darle prioridad. Es más importante salvar vidas que árboles. Pero eso hace que se tarde más en atacar la cabeza del incendio, que se extiende imparable. En el momento en que las llamas cubren miles de hectáreas, ya llegamos tarde. Debemos cambiar la mentalidad de las autoridades y obligarles a que se gaste dinero todo el año en prevención de incendios para que nadie se vea arrollado por el fuego en los meses de verano. 

Lo que ocurre es que se regatea el dinero en ese apartado para gastarlo en otras cosas. Los bomberos forestales de Madrid llevan mucho tiempo en huelga reclamando mejores salarios. Las condiciones económicas en que trabajan son insuficientes. Algunos cobran solo 1.300 euros al mes. “Nos jugamos la vida, trabajamos con un alto riesgo en condiciones de penosidad y toxicidad, y lo que nos pagan apenas supera el salario mínimo. Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería”, dice uno de ellos. 

Para ahorrar dinero, no les contratan todo el año, sino solo para la campaña de verano, de mayo a octubre. Es un ahorro miserable. Los daños económicos que sufren las zonas aquejadas por los fuegos superan con mucho esas cantidades. Algunas comunidades, como la de Madrid, no reconocen los derechos que aparecen en la ley 5/2024 sobre bomberos forestales.

Son las CCAA las que tienen la gestión exclusiva en estas emergencias. Si se produce una catástrofe, ya hay tiempo de pedir que intervenga la UME o de recibir la solidaridad de otras comunidades o de países europeos. Es lógico que aparezca la UME. No se va a dedicar a participar en labores de extinción en Hungría o Bulgaria. Está para intervenir en cualquier punto del territorio español que lo requiera. Para eso se puso en marcha (con el rechazo del PP, que lo llamó “capricho faraónico” de Zapatero). Pero las CCAA tienen la obligación de intervenir antes de que empiece a arder el monte.

Esa labor de prevención no puede hacer milagros. No puedes convertir los montes en un parque ajardinado. Sin embargo, después de dos meses de lluvias intensas este año, se sabía que el exceso de vegetación era un factor de riesgo de cara a los incendios del verano. Estaban avisados y no hicieron lo suficiente. Con suerte, le tocará a otro, pensarían algunos.

Un editorial de ABC sostiene que se está utilizando el cambio climático como “chivo expiatorio” de los incendios –que se supone que es algo que hace la izquierda–, porque la clave es una “gestión forestal constante y tradicional”. En ningún momento del artículo, se recuerda que la responsabilidad de la gestión forestal corresponde a los gobiernos autonómicos, que en el caso de los incendios más graves de estos días se referiría a los gobiernos del PP en Madrid y Castilla y León. Así se puede culpar a la izquierda, el Gobierno central, los ecologistas y hasta los “urbanitas”, pero no a los responsables directos.

Frente a lo que dice la extrema derecha, la Ley de Montes de 2003, reformada en 2015, no prohíbe limpiar los montes. En realidad, es lo contrario. Impone a los propietarios de los terrenos forestales la obligación de hacerlo. Cada comunidad autónoma establece la forma en que debe realizarse a través de autorizaciones que se solicitan a la Administración, y si la burocracia es un obstáculo, deberían responder esos gobiernos. No hay ninguna ley ni Agenda 2030 que obligue a dejar la naturaleza en estado salvaje. Tanto la ley de 2003 como su reforma posterior fueron aprobadas con gobiernos del PP que contaban con mayoría absoluta.

No puedes planificar las temperaturas ni el viento. Es difícil impedir que haya personas negligentes que trabajen con maquinaria pesada en zonas agrícolas de alto riesgo o sencillamente prohibidas. Para impedirlo, las administraciones locales y autonómicas deben actuar en todas las tareas de prevención que están dentro de sus competencias. 

La Comunidad de Madrid ha gastado este año 52,7 millones en prevención y extinción de incendios, según sus propios datos sobre sus presupuestos anuales de 30.000 millones. Es un 3,5% más que el año anterior. Para este año, el presupuesto para asuntos taurinos subió un 60% (hasta siete millones). Pero no se soluciona simplemente con gastar menos en toros y más en incendios, sino en elevar los fondos para responder a una nueva amenaza climática que tiene una traducción directa en los incendios forestales.

No hace mucho tiempo, los dirigentes del PP madrileño se burlaban de los que se quejaban de la última ola de calor a causa de la falta de aire acondicionado en las escuelas. “Ahora se llama emergencia climática a que en julio haga calor en Madrid”, dijo uno de ellos creyendo que hacía un chiste. Afirman que la lucha contra el cambio climático es una gran estafa, lo que suena muy parecido a lo que dicen sus socios de Vox que denuncian el “fanatismo climático”. Están ciegos y son unos ignorantes, y todos pagamos las consecuencias.