Feijóo y Abascal acusan a Sánchez de manipular el censo con la ley de nietos y él les culpa de “cercenar” el derecho al voto

PP y Vox hicieron tándem este miércoles, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso del curso político, para revitalizar la teoría de la conspiración en relación a la ley de nietos. Tanto el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, como su homólogo ultraderechista, Santiago Abascal, acusaron al presidente Pedro Sánchez de intentar “manipular” el censo electoral en su favor de cara a los comicios generales del año que viene, una acusación a la que Sánchez respondió con otra: PP y Vox, dijo, quieren “robar” a miles de “españoles” su “principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto”.

En la primera sesión ordinaria en la Cámara Baja tras el parón veraniego, el bloque de la derecha optó arrojar al Gobierno la decisión adoptada por el Tribunal Supremo el martes, cuando el Alto Tribunal decidió prohibir de forma cautelar que voten los descendientes de españoles que residen en el extranjero y han sido nacionalizados gracias a la conocida como ley de nietos, como pedían Vox y el pequeño partido Iustitia Europa. En torno a 306.000 descendientes de españoles han culminado el proceso para acceder a la nacional en virtud de esta norma, según los últimos datos disponibles, aunque lo cierto es que la participación de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones es, tradicionalmente, muy baja: en torno al 7%.

“Usted no está pendiente de la vivienda, no está pendiente de la calidad educativa, no está pendiente de la huelga sanitaria, no está pendiente del funcionamiento de la alta velocidad ni de que las familias no llegan a fin de mes: usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos, y parece que esto tampoco le va a salir bien”, le espetó Feijóo a Sánchez. En la misma línea se expresó pocos minutos después Abascal. “Vamos a derrotar sus intentos de manipular el censo electoral, como han intentado con la ley de nietos”, aseguró el líder de Vox, que celebró la decisión cautelar del Tribunal Supremo.

En respuesta, Sánchez recordó que la reforma que establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo fue aprobada el 5 de octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación parlamentaria. “Resulta que la ley de memoria democrática”, en la que está incluida esta disposición, ya se encontraba en vigor “cuando se celebraron las elecciones del año 2023”, en las que “el PP ganó el voto exterior, por cierto”, denunció el presidente, que acusó a PP y Vox de “cercenar el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles”.

“Nosotros queremos que todos los ciudadanos sean ciudadanos de primera, con los mismos derechos, y también con el derecho al voto”, afirmó asimismo Sánchez, que sostuvo que la derecha y la ultraderecha quieren perjudicar a “aquellos a cuyos padres y madres sus antepasados les obligaron al exilio”. “Ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto”, lamentó.

Una teoría conspirativa que viene de lejos

Las conspiraciones sobre la “ingeniería electoral” de Pedro Sánchez no son nuevas y se retrotraen casi hasta sus primeros meses como presidente. En los meses previos a las elecciones de 2023, las derechas alentaron expresamente los bulos sobre el voto por correo o la incidencia del voto exterior, y no dudaron en usar la palabra “pucherazo”. Feijóo y los suyos implicaron expresamente en el supuesto complot a Correos, al Instituto Nacional de Estadística, al CIS o a la empresa Indra, encargada del recuento. Sin embargo, aquellas elecciones se celebraron sin incidencias.

A principios de este año, las derechas recuperaron las acusaciones de manipulación electoral, aunque en esta ocasión señalando a la alteración del censo de residentes en el extranjero. Vox fue un paso más lejos y llevó el asunto a los tribunales, aunque lo que impugnó no fue ni la ley de memoria democrática —donde se incardina la conocida como ley de nietos, que ni el PP ni la propia ultraderecha criticaron cuando fue puesta en marcha— ni la instrucción de 2022 que desarrolla la concesión de la nacionalidad a descendientes de exiliados. El recurso de Vox, que ha estimado la justicia, es en relación a una decisión de la Junta Electoral Central del pasado 16 de julio que, precisamente, declinaba intervenir sobre el modo en que se conceden las nacionalidades y sobre la aplicación del censo.

La decisión judicial del martes sentó muy mal al Gobierno, que ha exigido al Tribunal Supremo que tome una decisión definitiva sobre este asunto antes de los procesos electorales de 2027. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que la disposición del Alto Tribunal tiene una “enorme trascendencia, porque estamos hablando de suspender el derecho a voto de miles de españoles”, “lo más sagrado que hay en democracia”, y sostuvo que “es urgente que el Tribunal Supremo dé prioridad a este asunto” y lo resuelva con la mayor celeridad.