El PP de Feijóo insinúa que Sánchez quiere controlar el CIS, el INE e Indra para intentar amañar las elecciones

El Partido Popular ha insinuado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado un “asalto” a las “instituciones del Estado” cuyo objetivo sería el de evitar por todos los medios perder las próximas citas electorales. Para ello, siempre según la teoría expuesta por el vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, Sánchez se habría lanzado al “control” del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la empresa Indra después de haberse “enfadado” por el resultado de los comicios andaluces del pasado 19 de junio. “El CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo e Indra cuenta los votos”, ha dicho, en una afirmación que no es correcta ya que Indra no hace el recuento.

Así se ha expresado Pons en la habitual rueda de prensa posterior al Comité de Dirección que este lunes ha presidido Alberto Núñez Feijóo en la sede nacional del partido. Un órgano que, según el hoy portavoz del PP, “observa con incredulidad y con suma preocupación el asalto institucional al que se ha entregado Sánchez en los últimos tiempos”. “Da la impresión de que, después de perder las elecciones, en cuatro días de furia Sánchez ha decidido controlar a los españoles para asegurarse que no vuelven a equivocarse al votar”, ha añadido. “Da la impresión de que cuanto más castigan los españoles a Sánchez en las urnas, mayor es su ambición de controlar todo lo que pueda los resortes del Estado. Como si realmente se hubiera enfadado por el resultado de Andalucía, y furioso su respuesta fuera 'ahora voy a controlar lo que no controlaba todavía”, ha apuntado.

Pero Pons no se ha quedado ahí y ha apuntado directamente a una teoría de la conspiración que ha renacido en los últimos días de la mano de canales ultraderechistas, y que señalan que los cambios en la dirección de la empresa Indra tienen como objetivo controlar a quienes supuestamente hacen el recuento de votos, aunque no es así. “La vocación de control de las instituciones del Estado del Gobierno de Sánchez es salvaje. No se podía negar que el Gobierno tuviera el control del CIS, también del CNI. Pero es que se ha lanzado al control de Indra, del Tribunal Constitucional y del INE. Porque ha perdido las elecciones en Andalucía. El presidente Sánchez no sabe perder”, ha planteado Pons, uno de los dirigentes del PP más cercanos a Feijóo.

“El CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo e Indra cuenta los votos”, ha dicho. Una frase no del todo correcta, pero que Pons ha repetido después a preguntas de los periodistas. “Confiamos en los profesionales de estas instituciones y creemos que nuestro sistema es serio, que merece respeto y se puede confiar a ojos cerrados en él. Pero no en la voluntad de Sánchez”, ha asegurado Pons, insinuando una vez más que el presidente del Gobierno quiere interferir en esas tres labores que supuestamente ejercen las organizaciones que ha nombrado.

Pons ha insistido después en que el PP confía “en el sistema y en los profesionales”, sobre los que no hay “ninguna duda”. Preguntado expresamente por su afirmación de que Indra recuenta los votos, cuando no lo hace, ha regresado a la teoría de la conspiración: “No confiamos en las intenciones de quien igual que controla el CIS quiere controlar el INE e Indra. No se fiarían en ningún país europeo de un Gobierno que muestra tanto interés en controlar a la institución que hace las estadísticas y el censo, y a la empresa que recuenta los votos”. Luego ha matizado: “Es verdad que los votos van por acta, pero Indra da los resultados la primera noche”.

“Controlar” el INE para “controlar” el censo

Tras soltar todas estas soflamas, Pons ha puesto la venda: “Consideramos que no hay posibilidad de manipulación. Ninguna”. Pero sus insinuaciones han señalado claramente una intención concreta y directa del presidente del Gobierno para dar el paso de, según el PP, “controlar a los españoles”.

Pons ha nombrado tres organizaciones diferentes para sostener su insinuación. La primera, el CIS, tiene al frente a un cuestionado José Félix Tezanos, tanto por los fallos en sus predicciones como por su proximidad al presidente del Gobierno. De hecho, ha publicado recientemente un libro sobre la figura de Pedro Sánchez y su ascenso al poder, del que fue en parte protagonista. Pero el CIS hace encuestas y, aunque se equivoque, no condiciona el voto, como quedó demostrado en Madrid en mayo de 2021 y en Andalucía este mismo mes de junio.

Los ataques del PP (y de buena parte de los profesionales de la demoscopia) a Tezanos no son nuevos. Sí lo es incluir al Instituto Nacional de Estadística, cuya presidente, Juan Manuel Rodríguez Poo, fue nombrado por el Consejo de Ministros en octubre de 2018. Es decir, durante el primer mandato de Pedro Sánchez con un Gobierno monocolor del PSOE.

La ley recoge que el presidente del INE lo designa el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Economía, en este caso de la vicepresidenta Nadia Calviño. Y así lo hizo Mariano Rajoy con el anterior a Rodríguez Poo. El referente político de Feijóo lo hizo el 30 de diciembre de 2011, en la segunda reunión de su Gabinete y a propuesta de Luis de Guindos. El designado por Gregorio Izquierdo, actual director del Instituto de Estudios Económicos, uno de los think tank de referencia del PP para armar sus propuestas económicas. De hecho, la CEOE, Funcas o la AEB están representadas en sus órganos. Precisamente para la CEOE trabaja ahora Izquierdo.

En los últimos meses ha habido una importante polémica por la forma en la que el INE está contabilizando la riqueza del país a través del PIB o por los cálculos que hace del IPC y de la importancia del coste de la energía a la hora de establecer la inflación. Pero para el PP, Pedro Sánchez quiere “controlar” el INE porque es el organismo que hace “el censo electoral”.

Indra, financiadora del PP

Según la teoría dibujada por Pons, tras el CIS y el INE, la tercera pata del “control” que quiere poner en marcha Sánchez después de “perder las elecciones” es Indra. En los últimos días se ha producido un cambio en el Consejo de Administración de la empresa tecnológica, una de las más importantes de España y cuyo principal accionista es el Estado a través de la SEPI.

La semana pasada se produjo un cambio en su dirección. La SEPI, junto a la empresa de defensa SAPA y el fondo de inversión Amber Capital, apoyaron el relevo de cuatro consejeros. Unos días antes, el presidente del Grupo PRISA, Joseph Oughourlian, compraba el 4,1% de las acciones de Indra. Oughourlian es, además, consejero delegado de Amber.

Estos movimientos accionariales, que han recibido críticas desde la CNMV y han castigado a la compañía en Bolsa, han llevado al PP a lanzarse de lleno a la tesis de que el Gobierno quiere controlar Indra. ¿Y para qué? Una vez más, con las elecciones en el punto de mira. Pero, a pesar de lo dicho por González Pons, Indra no recuenta los votos. Esa labor la hacen en cada mesa electoral un presidente y dos vocales, en presencia de apoderados e interventores de los diferentes partidos políticos. Lo que hace Indra es centralizar la información y ofrecer los resultados, pero los partidos, especialmente los grandes, conservan copia de cada una de las actas que se rellenan en cada una de la mesas electorales de toda España.

¿Y quiénes han sido los anteriores presidentes de Indra? Uno de los más destacados es Javier Monzón, que estuvo al frente de la tecnológica desde 1992 hasta 2015. Consejero del Banco Santander, fue presidente de la filial OpenBank y estrecho colaborador de su actual presidenta, Ana Botín. Monzón fue nombrado con un Gobierno de Felipe González, se mantuvo en los mandatos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, y fue destituido en 2015, precisamente durante el primer mandato de Mariano Rajoy.

Monzón fue imputado e investigado por la Audiencia Nacional en el marco del caso Púnica, cuando salió a la luz que la empresa que dirigía había hecho supuestos pagos al PP de Madrid a cambio de contratos de la empresa pública ICM, que aglutinaba los servicios de informática de la administración y regional y llegó a manejar presupuestos anuales de 155 millones de euros.

Finalmente fue desimputado. Pero la investigación contra Indra y otros exdirectivos siguió de la mano del juez titular, Manuel García Castellón, a quien la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha obligado a mantener la causa abierta. Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular, ha pedido imputar al PP en la causa.

¿Y a quién nombró la SEPI controlada por el Gobierno de Rajoy como sustituto? A Fernando Abril-Martorell, quien había sido consejero delegado de PRISA en su etapa inmediatamente anterior y, previamente, de Telefónica.