Hechos y datos para desmontar el bulo del pucherazo electoral que corre a la velocidad de la luz
Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, escribió: “La falsedad vuela y la verdad viene cojeando detrás de ella; de modo que cuando los hombres finalmente se dan cuenta del engaño, es demasiado tarde”. La actividad política en España anda enredada estos días en una realidad paralela donde la falsedad vuela a la velocidad de la luz mientras la verdad aún se está poniendo los zapatos. Pero bastan un puñado de hechos y de datos para desmontar el pesado bulo del pucherazo electoral que el PP dispara contra el Gobierno.
El presidente Pedro Sánchez, según la teoría conspirativa vigente, prepara desde hace cuatro años un colosal fraude emboscado en la ley de nietos, la norma que establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo. Fue aprobada en octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación en el Congreso y en el Senado. Se opusieron a la Ley de Memoria Democrática pero sin censurar la disposición adicional octava que incluía esa norma: “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”.
Cuatro años después de aquello y a solo unos meses de las campañas electorales de 2027, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado de paseo el bulo del pucherazo, un fantasma peligroso para la democracia porque cuestiona las reglas del juego y siembra la desconfianza en algo que debería ser sagrado.
Aunque los pilares de un sistema electoral blindado al fraude han resistido sin apenas amenazas durante la reciente etapa democrática, el PP difunde estos días la idea de que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas puede ser manipulada a su antojo por la “ingeniería social” del Gobierno de Sánchez.
Frente a ese engaño que corre a la velocidad de la luz el único antidoto efectivo es la información veraz.
El periodista Guillermo Lerma (Cadena Ser) desbarató el pasado jueves en unos minutos de radio esta teoría conspiranoica del PP y lo hizo con un relato riguroso salpicado de memoria, datos y hechos. Escúchalo aquí.
El catálogo de evidencias para desbaratar el bulo es amplio, tanto como el conjunto de conjeturas sin base que difunden medios de comunicación conservadores donde la verdad apenas importa.
- El PP sugiere que la denominada ley de nietos y su desarrollo posterior a través de una instrucción se hizo para alterar el censo electoral de manera que beneficiara los intereses del PSOE. Pero nadie puede conocer de antemano lo que esos ciudadanos, que cumplen la Ley y los requisitos establecidos para logrr la nacionalidad, van a votar en caso de que finalmente hagan uso de ese derecho. La instrucción interpreta esa disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática incluyendo también entre los beneficiados a nietos de españoles que emigraron por razones económicas como, por otra parte, reclamaba el PP para evitar que los únicos nacionalizados fueran los descendientes de republicanos. La ultraderechista Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentó un recurso contencioso-administrativo contra la instrucción pidiendo su suspensión cautelar en diciembre de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó la solicitud. Después se presentó una querella por prevaricación contra la autora de la instrucción, Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Pero fue archivada. Ahora, al calor del bulo, se anuncian nuevas denuncias. Ni el PP ni Vox recurrieron en su día contra esas medidas a la Sala Tercera del Supremo, como si hicieron hace dos meses contra el decreto de regularización de inmigrantes.
- La presidenta madrileña del PP, Isabel Díaz Ayuso, desinforma cuando afirma: “Nos parece inquietante el crecimiento inusual del censo, además de las nacionalizaciones masivas urgentes”. Es una falsa inquietud porque no hay un crecimiento inusual del censo ni nacionalizaciones masivas urgentes. La norma se aprobó en octubre de 2022 y desde entonces 2,45 millones de descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad. En este tiempo, se han iniciado 1,2 millones de expedientes y se han resuelto 545.000. De estos, se han inscrito 306.000 en el registro civil consular, último trámite del procedimiento. Solo el 12% de los solicitantes han conseguido la nacionalidad cuatro años después de poner en marcha la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. A este ritmo, todavía habrá que esperar muchos años más para que los 2,45 millones de descendientes solicitantes de este derecho, si se acredita que cumplen los requisitos, consigan la nacionalidad.
- El PP engaña cuando sugiere que el efecto de la “alteración del censo electoral” favorecerá al PSOE en el reparto de escaños. Aquí va un cálculo generoso que lo desmiente: si en el año que queda para las elecciones generales de 2027 el proceso de concesión de nacionalidad consigue duplicar los inscritos hasta ahora en el registro civil consular, llegaríamos a 600.000 nuevos votantes potenciales respecto a las elecciones generales de 2023. El porcentaje de los residentes ausentes que vota en las elecciones habitualmente no supera el 7% del total. Eso daría un resultado de 42.000 posibles nuevos votos a repartir entre 52 provincias. Con esa cantidad, difícilmente se puede influir en el reparto final de escaños. Pese a la poca incidencia que tiene este voto en el resultado definitivo, el PP es la formación que registra más éxitos de última hora por el recuento de los sufragios de residentes ausentes. Así, por ejemplo, en las elecciones gallegas de 2020, Alberto Núñez Feijóo ganó el escaño 42 gracias al voto emigrante en Pontevedra y los socialistas perdieron un diputado. Las últimas elecciones generales de 2023 registraron una sorpresa de última hora por el voto de residentes ausentes en Madrid: el PP arañó un escaño más que perdió el PSOE.
En las cuatro últimas elecciones autonómicas (Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía) el PP ganó con claridad y mantuvo el Gobierno en su poder tras aliarse con Vox, pero perdió frente al PSOE en el recuento del voto de residentes ausentes. Los resultados, similares a los de otras elecciones anteriores, agitan ahora las conjeturas de los conspiranoicos. Sin embargo, esos votos a favor del PSOE no cambiaron ni ahora ni en el pasado el reparto de escaños en ninguno de los territorios.
Tres años antes, sin efecto conocido de la ley de nietos que acababa de entrar en vigor y cuando no había apenas inscritos en el registro consular, el PSOE también ganó en el voto emigrante de estas mismas autonomías: en Extremadura sacó al PP una diferencia de 13 puntos tanto en 2023 como en 2026; en Aragón fueron ocho puntos en 2023 y 12 puntos en 2026; en Andalucía empataron en 2022 y el PSOE ganó por dos puntos en 2026; en Castilla y León gano por ocho puntos en 2023 y por 9,5 puntos en 2025. Con la ley de nietos vigente y aplicándose, el PP ha aumentado mucho (entre cinco y nueve puntos) su porcentaje de voto en las últimas elecciones celebradas en Castilla y León, Extremadura y Andalucía.
Hechos y datos contra bulos y conspiración
El PP se aficionó muy pronto en democracia a coquetear con la desinformación cuando los resultados electorales le resultaron esquivos. La formación conservadora se las prometía muy felices en 1993 con José María Aznar de candidato a presidente pero perdió las elecciones frente al agonizante PSOE de Felipe González. Los dirigentes populares Javier Arenas y Alberto Ruiz-Gallardón cuestionaron esa noche electoral del 6 de junio de 1993 el recuento y pusieron en duda los resultados. El berrinche les duró muy poco tiempo. Nunca después dudaron de aquel resultado que les dejó en la oposición y en 1996 consiguieron ganar las elecciones con Aznar de candidato.
El actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene experiencia acreditada en difundir sospechas sobre procesos electorales. En su primer intento como candidato a presidente del Gobierno de España —julio de 2023— denunció solemne una supuesta dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar el voto por correo en las elecciones, convocadas en plenas vacaciones de verano. Los hechos demostraron que sus sospechas eran completamente infundadas. Feijóo ganó esas elecciones generales, pero no pudo gobernar.
El líder popular insistía hasta el pasado viernes en dar vida a la patraña del pucherazo sin prueba conocida: “Están alterando el censo electoral. Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”.
La escuela de aficionados a despreciar los hechos para apreciar los bulos se ha convertido en un negocio al alza. La falsedad vuela estos días a la velocidad de la luz mientras la verdad viene cojeando detrás de ella. “Hay un punto esencial en el que un mentiroso político”, escribió Jonathan Swift en 1710, “se diferencia de otros de su misma facultad: su poca memoria, necesaria según las diversas ocasiones que encuentra a cada hora para contradecirse a sí mismo y jurar a favor de ambas partes de una contradicción, según la disposición de las personas con las que tiene que tratar”.
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