El Gobierno achaca a la falta de colaboración de Vivas el retraso en la respuesta a la crisis de Ceuta

Y al decimoctavo día, llegó el acuerdo. El Gobierno central y el de la ciudad autónoma de Ceuta alcanzaron este lunes al fin un punto de encuentro sobre la ubicación de los nuevos emplazamientos de acogida para personas migrantes. En total, 1.500 plazas para aliviar la situación de la ciudad autónoma y, sobre todo, de las miles de personas que sobreviven desde el 30 de julio a la intemperie, en playas, parques o montañas, sin un lugar asignado al que acudir para dormir o poder asearse.

El ansiado paso lo anunció la ministra de Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en visita oficial a Ceuta para reunirse con Juan Jesús Vivas. “Son plazas de acogida humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Creo firmemente que la colaboración entre administraciones es fundamental para devolver a Ceuta a la normalidad”, dijo la ministra, que no quiso entrar en ningún momento al choque que propuso el propio presidente ceutí a primera hora, cuando lanzó un ultimátum al Gobierno: o resuelve la crisis en 30 días, o lleva la situación de la ciudad a la justicia.

“El Gobierno tiene medios y capacidades para que la ciudad vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Ante esta evidencia, los ciudadanos se preguntan cuál es la razón de que no se actúe con la contundencia debida. O es ineptitud, o es irresponsabilidad, o es que no se quiere molestar al vecino”, apuntó Vivas, que adelantó su intención de dirigirse al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional e incluso a las Cortes Generales.

Aunque en la Moncloa hay orden de no entrar a la confrontación pública con el gobierno de la ciudad autónoma mientras dure la crisis, en privado desde el Ejecutivo sostienen que si la respuesta de las administraciones públicas a la emergencia va con retraso es, en gran medida, por la falta de colaboración que achacan al ejecutivo ceutí del Partido Popular. “No vamos a entrar en ninguna escalada dialéctica porque estamos para resolver problemas, no para crearlos. Pero este Juan Jesús Vivas tiene poco que ver con el Juan Jesús Vivas con el que gestionamos codo a codo la crisis de 2021. Entonces puso todos sus medios a disposición del operativo para atender a 10.000 personas y esta vez no ha sido así aunque el número sea parecido”, sostienen en el Gobierno central. El presidente ceutí, en cambio, ha acusado en sus declaraciones públicas al Ejecutivo de “tratar de descargar y eludir la responsabilidad echándole la culpa al Gobierno autonómico”.

La sensación en Moncloa, de hecho, es que la presión de la ultraderecha y el auge de la ola antimigración que recorre España, Europa y buena parte del mundo ha cambiado la forma de afrontar esta crisis por parte del presidente ceutí, que hasta ahora era ensalzado en las filas gubernamentales como uno de los dirigentes territoriales del PP con los que resultaba más sencillo coordinarse. No ha sido así en esta ocasión.

Además de un tono especialmente duro hacia las personas migrantes, a las que acusa de protagonizar una “invasión” de Ceuta, en el Gobierno achacan a Vivas los palos administrativos que ha puesto en las ruedas de la administración central y que han entorpecido una respuesta a tiempo. Y destacan como ejemplo el caso del Puerto de Ceuta.

“La semana pasada hubo una reunión al más alto nivel entre las dos administraciones en la que se pactó que se dedicarían 16.000 metros cuadrados del Puerto a instalar un emplazamiento que saque de las calles de la ciudad a miles de migrantes. Se llegaron a contratar parte de esos trabajos y, cuando llegó la hora, el presidente de la Autoridad Portuaria (que depende de la ciudad autónoma) denegó el permiso”, relata otra fuente del Ejecutivo que forma parte de los equipos ministeriales al frente del dispositivo.

Y no es así solo en el caso del Puerto. En la última semana, aseguran que se han negado ubicaciones como el entorno del hospital militar, la antigua fábrica de harinas y las naves del Tarajal, además de la propia zona portuaria. Y las razones siempre han sido parecidas: rechazo de las asociaciones vecinales, presión de algunos empresarios con negocios en las zonas afectadas y portazo final de la propia administración local. “Entendemos que el presidente de Ceuta está también muy presionado y que ahora mismo el rechazo a la inmigración cala en una parte de la opinión pública y es estratégico en el PP. Pero es que Vivas nos está pidiendo un imposible: que nos encarguemos nosotros de todo, pero boicoteándonos el proceso. Y esas personas no van a desaparecer, por más que lo pidan”, defiende el Gobierno.

En efecto, el mensaje del PP nacional y del propio presidente ceutí es cristalino: lo que quieren es que todas las personas migrantes abandonen Ceuta, sea cual sea su situación o condición. “Todos aquellos que entraron de manera irregular, sean menores o adultos, deben volver a Marruecos”, dijo el lunes por la mañana en rueda de prensa en Génova la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra. Un discurso que se parece en realidad al de algunos ministros del Gobierno que han endurecido el tono contra la inmigración irregular y que, en cualquier caso, es calcado al del presidente ceutí. “Retorno a Marruecos, ninguna regularización, ningún asilo y ningún traslado a la Península”.

Pero la legalidad nacional e internacional y el propio proceso administrativo, que protege a menores no acompañados y a demandantes de asilo, va por otro lado. Por el momento, la administración central se vuelca en dar respuesta a la crisis derivada de la cantidad de menores migrantes no acompañados que se agolpan en Ceuta desde la crisis fronteriza. La prioridad es poder censarlos a todos y estudiar uno a uno sus casos para ver quiénes pueden ser devueltos a sus familias, en virtud del acuerdo bilateral que existe entre España y Marruecos, quiénes pueden acceder a una reagrupación familiar por parentesco directo en la Península o en otro país de la UE, o quiénes tienen que entrar directamente al sistema de acogida de menores que implica al conjunto de comunidades autónomas.

Por otro lado, están los mayores de edad demandantes de asilo, en su mayoría personas de origen subsahariano que han solicitado formalmente permiso para permanecer en España porque huyen de algún conflicto bélico o porque son víctimas de persecución por motivaciones políticas o ideológicas. Y todas ellas están amparadas por el ordenamiento jurídico para ser acogidas en territorio español mientras dure el proceso. En cualquier caso, un trámite burocrático largo y tedioso, que en muchas ocasiones acaba en la denegación de la solicitud de asilo y en la orden de expulsión.

Lo que está claro es que para dar respuesta a una crisis de entre 8.000 y 10.000 personas migrantes que no solo esperan en las calles de Ceuta una respuesta a su situación administrativa, sino también a su necesidad de comer, beber, ducharse o dormir bajo techo, las 1.500 plazas anunciadas este lunes por el Gobierno se quedan muy cortas. Esos nuevos emplazamientos han sido fijados finalmente en el parking del embolsamiento (Loma Colmenar), que pertenece a la ciudad autónoma, y en las instalaciones de La Hípica, el antiguo campo de fútbol del Cuartel de Caballería y el espacio de El Guano, éstas ya de titularidad estatal. Está previsto que de manera inminente empiecen los trabajos para acondicionar estos emplazamientos para la acogida. Y todas las administraciones asumen que será necesario reforzar el número de plazas si se aspira a estar, por fin, a la altura de la histórica crisis que se afronta en la ciudad de Ceuta.