La política aragonesa, entre puertas giratorias y astracanadas

La auténtica protagonista de la actualidad informativa en los últimos días en Aragón ha sido Marta Ríos, cuyo nombramiento en septiembre de 2023 como directora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón se anunció a bombo y platillo. Ahora, tras su polémico fichaje por Blackstone –que impulsa el centro de datos de Calaotorao–, desde el Ejecutivo autonómico me rebajaban esta semana su cargo al de simple asesora, para tratar de evidenciar así que no se trata de un caso de puertas giratorias. Pero como mínimo, tal y como evidenció Pilar Alegría en las Cortes, “huele a chamusquina que tira para atrás”.

Recapitulemos.

Calanza Inmuebles, filial inmobiliaria de Blackstone en España, solicitó en septiembre de 2024, un año después de la llegada de Ríos al Gobierno de Aragón, la declaración de inversión de interés autonómico del denominado proyecto Rhodes, para desarrollar uno de los mayores centros de datos a nivel nacional. Semanas más tarde, en una entrevista, la directora autonómica de Inversiones Estratégicas situaba a los centros de datos como “un pilar estratégico de la nueva industria” y aludía a “ciertos mitos” no “del todo exactos” alrededor de las granjas de servidores.

En agosto de 2025 se produjo la aprobación inicial del PIGA para el proyecto Rhodes. Un año más tarde, Ríos dejó el Ejecutivo autonómico para incorporarse a la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ): allí apenas duró unas semanas, ya que el pasado 24 de septiembre ella misma anunció que fichaba por QTS Data Centers –filial de Blackstone– como vicepresidenta para Europa de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas. A partir de ahí, la polémica..

¿Hasta qué punto nos encontramos ante un caso de puertas giratorias? Como tantas veces, aquí hay que separar lo legal de lo ético.

En cuanto a lo primero, hay dudas sobre si los pasos dados por la exasesora de Jorge Azcón entran en lo recogido por la ley aragonesa de Integridad y Ética Públicas. Porque es esta la normativa que hay que analizar y no la estatal de 1984, como se ha cansado de repetir el propio Azcón para justificar que Ríos cumple y para vincularlo con los socialistas: la ley de Felipe González no fija limitaciones tras el cese.

En cuanto a la aragonesa, según la tesis del Gobierno de Aragón su puesto como eventual la excluye del régimen completo, reservado en principio a altos cargos –ella no lo era– o jefes de gabinete. Este régimen prohíbe durante los dos años siguientes al cese realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos en los que el cargo haya emitido un informe preceptivo y vinculante, haya dictado resolución o haya presentado propuestas al Consejo de Gobierno, y obliga a comunicarlo con anticipación.

Pero el argumento del Ejecutivo no está nada claro, porque entre las “autoridades y cargos” sometidos a la ley se incluye textualmente a los “directores y jefes de gabinete integrados en los gabinetes de los miembros del Gobierno”, lo que encaja de forma casi exacta con el puesto de Marta Ríos.

Y luego está la pata ética. Aquí ya hay menos dudas: no parece muy apropiado que uno de los engranajes del Gobierno de Azcón para atraer grandes proyectos empresariales cambie en pocas semanas de barco y pase al de una de estas multinacionales. Es cierto en parte lo que argumentó el jefe del Ejecutivo de que en todo caso el proyecto de Blackstone se encuentra “casi finalizado” y que Ríos se dedicará a otros menesteres. Pero el concepto de 'puertas giratorias' alude a premios a posteriori por labores de conseguidor dentro de instituciones públicas, lo que nos sitúa en el escenario actual.

El PSOE aragonés ha propuesto reforzar la normativa autonómica y puede ser buena idea. Sobre todo porque ha quedado demostrado que los propios socialistas no lograron en 2017 plasmar un texto lo suficientemente contundente como para evitar el episodio vivido estos días.

Astracanadas y salidas de tono

La política aragonesa está cada día más contagiada por el panorama nacional, tendente a la astracanada y que proviene especialmente de Madrid.

Días después de que una diputada del PP obligara a desalojar parte del Congreso al llevar un bote de pimienta para airearlo durante su intervención, el pleno de Zaragoza vivió su particular sainete: la concejal Marisa Gaspar, tránsfuga de Vox y que se ha convertido en la muleta de la alcaldesa Natalia Chueca para todas las votaciones complicadas, tuvo la ocurrencia de mostrar durante la sesión un palo y una piedra para hacer una analogía con “las armas que utilizaron los invasores contra el Ejército español” en Ceuta.

Cómo sería la cosa que hasta la regidora le pidió que montara menos “shows”. En X, el edil de Vox David Flores ha ironizado con el tema: la “seguridad, el respeto institucional y la dignidad del cargo están por encima de todo”, ha dicho, “salvo que seas GasPPar. Entonces es un simple ”show“”.

Mientras, en Teruel también se vivió este miércoles un espectáculo, aunque de otro tipo. El conflicto de los bomberos de la Diputación de Teruel con el Gobierno liderado por el popular Joaquín Juste ha escalado, hasta el punto de que el presidente provincial llegó a expulsar del pleno a varios profesionales, que protestaban por sus condiciones de trabajo. Aunque lo triste no es el qué, sino el cómo: Juste estaba en lo correcto al pedir silencio a quienes interrumpían desde los asientos de invitados, pero comentarios como “yo trabajo más días que tú” no parecen muy oportunos, dadas las circunstancias.