El PSOE propone cambiar la ley aragonesa de Integridad tras el caso de Marta Ríos: afectaría a asesores y no requeriría firma
El PSOE Aragón ha registrado este lunes en las Cortes una proposición de ley para modificar la Ley de Integridad y Ética Públicas después del fichaje de Marta Ríos, exdirectora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón, por QTS Data Centers, compañía controlada por fondos gestionados por Blackstone. La reforma amplía el régimen de incompatibilidades a determinados asesores y cambia el criterio para determinar cuándo una persona ha intervenido en un asunto: ya no sería necesario que esa intervención se haya plasmado en una firma, una resolución o un informe.
La propuesta incorpora al régimen de incompatibilidades a personal eventual de los gabinetes del Gobierno que tenga funciones de “dirección, asesoramiento estratégico, interlocución empresarial, captación o acompañamiento de inversiones, o coordinación de proyectos”, siempre que participe de forma personal y sustantiva en actuaciones que puedan afectar a intereses económicos concretos. La inclusión dependería de las funciones que realmente desempeñe, “con independencia de la denominación del puesto, de su rango o de la existencia de facultades de firma o resolución”.
Es uno de los principales cambios que plantea el PSOE: el cargo que figure formalmente en el organigrama dejaría de ser determinante y el foco se pondría en las funciones que haya desempeñado. De este modo, el nuevo texto pretende que el régimen alcance también a puestos que, sin tener capacidad formal para firmar o resolver, intervengan de manera relevante en la captación, negociación o acompañamiento de inversiones.
No haría falta firmar una resolución
La proposición sustituye el criterio actual de intervención por el concepto de “intervención personal y sustantiva”. En él incluye la negociación de proyectos empresariales o de inversión, así como la preparación o tramitación de declaraciones de interés autonómico o general que afecten específicamente a una empresa o proyecto. El texto señala expresamente que “no será necesario que la intervención se haya materializado en una firma”, ni en un informe preceptivo o vinculante o en una resolución administrativa. La reforma también amplía el alcance de las incompatibilidades a matrices, filiales, fondos y vehículos de inversión y sus entidades gestoras cuando exista una vinculación con el proyecto en el que el cargo hubiera intervenido y las funciones del nuevo puesto impliquen dirigir o gestionar los intereses de esas entidades.
El PSOE mantiene en dos años desde el cese el periodo durante el que un antiguo cargo no podría trabajar para una empresa sobre la que hubiera intervenido de forma personal y sustantiva. La prohibición alcanzaría también las actividades directamente relacionadas con esos procedimientos y las tareas de dirección, asesoramiento, consultoría, representación o relaciones institucionales.
Durante esos dos años tampoco se podrían realizar, por cuenta de empresas privadas, actividades de representación, interlocución o influencia ante la Administración autonómica sobre asuntos en los que se hubiera intervenido.
Otra modificación relevante es que para comenzar una actividad privada durante el periodo de incompatibilidad sería necesaria una autorización expresa previa. Si transcurriera un mes sin resolución, el silencio tendría efecto desestimatorio. Las resoluciones se publicarían en el Portal de Transparencia con la identificación de la persona, el cargo que ocupó, la entidad de destino y la motivación de la decisión.
Comunicar las negociaciones antes de dejar el cargo
La proposición introduce que quienes estén sujetos al régimen y comiencen a negociar su incorporación a una empresa privada relacionada con asuntos sobre los que intervengan tendrían que comunicarlo al órgano competente en un plazo máximo de cinco días hábiles. Desde el inicio de esas negociaciones deberían abstenerse de intervenir en los asuntos que afecten específicamente a la empresa o al proyecto relacionado con su posible incorporación.
La propuesta incorpora además nuevas infracciones. El ejercicio de actividades incompatibles después del cese quedaría expresamente incluido entre las infracciones muy graves, mientras que iniciar una actividad sin la autorización previa cuando sea exigible y ocultar deliberadamente las negociaciones sujetas a comunicación serían infracciones graves.
El caso de Marta Ríos
La reforma llega después de que Marta Ríos, que fue directora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón, se incorporase a QTS Data Centers como vicepresidenta para Europa de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas. Ríos dejó este verano la dirección de Inversiones Estratégicas y posteriormente ocupó durante unas semanas la dirección de la MAZ. Durante su etapa en el Gobierno aragonés, Ríos tuvo entre sus cometidos la interlocución con grandes empresas interesadas en instalarse o ampliar sus inversiones en Aragón. Entre los proyectos que conoció estuvo el de QTS, que prepara un campus de centros de datos en Calatorao.
La propia exposición de motivos de la proposición de ley menciona expresamente su incorporación a QTS y recuerda que la sociedad promotora del denominado Proyecto Rhodes, Calanza Inmuebles, está controlada por fondos gestionados por Blackstone, al igual que QTS, que participará como promotora delegada y posteriormente como gestora del campus. Alegría ha vinculado directamente el caso con la necesidad de modificar la normativa. “Visto el modus operandi del Gobierno del señor Azcón claramente es urgente que mejoremos y reforcemos esta ley”, ha afirmado.
La secretaria general del PSOE Aragón también ha utilizado el caso para defender que se trata de un supuesto de puertas giratorias: “Si caminas como un pato, nadas como un pato y graznas como un pato, seguramente serás un pato. Si atraes a Blackstone, vas a Virginia a ver a Blackstone y dos meses después de dejar el Gobierno de Aragón te vas a trabajar a Blackstone, seguramente estamos hablando de las puertas giratorias”, ha señalado.
El PSOE precisa en el texto que estas circunstancias “no determinan por sí mismas la existencia de una incompatibilidad”, que debe valorarse conforme a la legislación aplicable y a las funciones desempeñadas. La formación sostiene que el caso evidencia la necesidad de establecer reglas más claras para situaciones en las que las responsabilidades públicas relacionadas con la captación de inversiones desembocan en una incorporación al sector privado.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, defendió la semana pasada que el fichaje cumple la legislación vigente y sostuvo que las críticas de la oposición son una cuestión de opinión. El debate se centra precisamente en el alcance de la actual Ley de Integridad y Ética Públicas y en si las funciones desempeñadas por Ríos quedan comprendidas en las incompatibilidades previstas actualmente. La proposición socialista pretende modificar ese marco para que la aplicación del régimen no dependa únicamente de la capacidad formal de firma o resolución, sino también de la intervención efectiva en proyectos, negociaciones y relaciones con empresas.
La iniciativa incorpora además medidas de trazabilidad para las inversiones estratégicas. La Administración debería dejar constancia documental de las reuniones institucionales, empresas, fondos y representantes participantes, así como de los órganos administrativos implicados y de la documentación incorporada al expediente. El Gobierno de Aragón tendría que remitir anualmente a las Cortes un informe sobre las solicitudes de compatibilidad y las resoluciones adoptadas. Alegría ha defendido que el objetivo de la reforma es “seguir consolidando la confianza de los ciudadanos en la política” y ha señalado que la transparencia “siempre es un elemento más que positivo” y que la ciudadanía la demanda a los partidos.
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