La economía abre la batalla electoral: pensiones, vivienda y un libro blanco sobre el ferrocarril
El primer debate de la campaña electoral, celebrado en La Sexta apenas 24 horas después de su inicio oficial, ha puesto sobre la mesa las profundas diferencias entre los dos bloques que se disputan La Moncloa el próximo 29 de noviembre. Vivienda, pensiones y fiscalidad han vuelto a dibujar dos modelos enfrentados: el del PSOE y el Frente Amplio (el antiguo Sumar), ya hoy en el Gobierno, partidarios de reforzar la protección social; y el de PP y Vox, que apuestan por rebajas fiscales, más construcción como receta casi única para zanjar la crisis de la vivienda y un cambio de rumbo en las políticas económicas. Pero el debate también ha dejado ver las distancias dentro de cada bloque, especialmente entre los socialistas y el espacio a su izquierda, y entre un PP que trata de moderar su discurso ante un Vox que plantea recortes de mayor alcance.
En el intercambio participaron el vicepresidente primero y ministro de Economía, el socialista Carlos Cuerpo; el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo; el secretario general del Grupo Parlamentario Vox, José María Figaredo; y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio. Estuvo moderado por la periodista Ana Pastor.
El debate llega, además, justo después de la huelga general del miércoles, que sacó a millones de personas a la calle para protestar por el precio de la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida, y reclamar mejores salarios y servicios públicos. Las reivindicaciones que impulsaron el paro han sido, precisamente, algunos de los principales asuntos del debate, en una campaña en la que la economía vuelve a situarse en el centro de la disputa política.
Las pensiones y la vivienda han centrado gran parte del debate. El primero se había convertido ya en uno de los principales temas de la precampaña, después de que tanto Vox como el PP asegurasen en la precampaña que el sistema era un “zombi” (según José María Figaredo, de Vox) o que iba a “petar” (de acuerdo con la portavoz popular Ester Muñoz), aunque un día después, toda la cúpula de Génova, encabeza por Feijóo, rectificó.
Choque con las pensiones y la subida con el IPC
Las pensiones han sido uno de los motivos de choque entre los portavoces de izquierdas y de derechas. Por un lado, con la subida de las pensiones según el IPC, que los portavoces de PP y Vox han dicho que mantendrán si gobiernan pese a sus votos en contra en esta legislatura. Bravo ha negado que el PP votara en contra de la medida, cuando se ha votado sin otras materias, pero ha rechazado responder al ministro Cuerpo, que le ha recordado que el partido de Alberto Núñez Feijóo sí votó en contra de la reforma de 2021 que recuperó por ley esta revalorización según los precios. El PP trató incluso de tumbar la reforma, con una enmienda a la totalidad.
Por su parte, Figaredo no ha respondido al ministro Bustinduy sobre por qué Vox ha votado en contra en el Parlamento de cada subida de las pensiones según el IPC. El ministro de Derechos Sociales ha criticado al portavoz de Vox por la “privatización” del sistema que propone la formación de extrema derecha, por su idea de un “sistema mixto” con capitalización individual, una medida sobre la que Figaredo tampoco ha respondido. El portavoz de Vox ha centrado su discurso en negar la actual sostenibilidad de las pensiones, por la que ha culpado al Gobierno por medidas como vaciar “la caja de las pensiones” (algo falso, porque el Ejecutivo la está rellenando tras vaciarla el PP en la pasada crisis) y por la inmigración, por sus bajos salarios.
Propuestas pobres en vivienda
Los candidatos de la derecha se han mostrado inconsistentes en sus propuestas para vivienda, mientras que los del Gobierno se han limitado prácticamente a defender su gestión y el reciente decreto. El gurú económico de Vox, José María Figaredo, ha insistido de manera obsesiva en la “remigración” y en “devolver a sus países a los inmigrantes que cometen delitos” como única propuesta, así como en “prohibir a los inmigrantes irregulares alquilar un piso”.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le ha afeado que haga un “análisis de dibujos animados” y ha defendido las prórrogas a inquilinos como forma de protección y de ahorro de unos 2.000 euros al mes para 2 millones de inquilinos.
El portavoz del PP, Juan Bravo, ha lanzado como única propuesta central la de construir un millón de viviendas, de las cuales un 40% serían públicas. No ha explicado cómo lo hará y ha defendido también leyes contra la okupación para aumentar la “seguridad jurídica” de los propietarios. Cuerpo le ha afeado que rechazara su propuesta de Ley de Suelo que justo agilizaba trámites y ha defendido la regularización masiva como forma de solucionar el problema de la falta de mano de obra, apuntando a las propuestas racistas de Figueredo.
El ministro Bustinduy ha defendido, además de las prórrogas del alquiler recientemente aprobadas, “expropiar” y “mostrar la puerta de salida” a los fondos de inversión, a quienes ha propuesto aplicarles un impuesto del 10% sobre el valor de cada vivienda a partir de la décima. “Es un derecho tener una vivienda para vivir, pero no 10 para especular”, ha defendido.
El portavoz económico de Sumar ha preguntado en reiteradas ocasiones a Figueredo por qué votó en contra del decreto con las prórrogas indefinidas del alquiler “a quienes pagan religiosamente”, pero el de Vox no ha respondido.
El debate sobre los impuestos ha sido también uno de los más acalorados, ya que tanto el representante del PSOE como el del Frente Amplio se han tenido que enfrentar a las acusaciones de PP y Vox de que los récords de recaudación no se están traduciendo en una mejora de los servicios públicos. El vicepresidente Cuerpo ha defendido que esta mejora tiene que ver en un 90% con la buena marcha de la economía y la creación de empleo de mayor valor añadido. Pero Bravo le ha replicado que en este periodo han aplicado unas 100 subidas de impuestos. Algo que no es cierto.
El PP se ha tenido que defender también de sus planes de rebajas fiscales que, junto con las de Vox, ponen en duda la capacidad de sostener no solo los servicios públicos, sino cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas. Bravo ha asegurado que cada español paga ahora 4.000 euros más en impuestos que en 2018. Su propuesta estrella: deflactar el IRPF para “favorecer a las familias, a los que tienen hijos, a los autónomos que también están sufriendo”.
El portavoz del Frente Amplio ha reivindicado el impuesto a los millonarios que ha propuesto su candidata, Ada Colau, y le ha pedido que aclare de dónde procederá el dinero para elevar el gasto en Defensa en 50.000 millones si recorta la recaudación. “La gente trabajadora que entiendan que a por lo que van es a por los derechos de la gente de abajo, de la gente que vive de su salario”, ha asegurado. Bravo ha dicho que lo podrán elevar recortando Ministerios.
“Migración para intentar sembrar miedo”
La migración también ha elevado la tensión del debate, especialmente por los extremos. El ministro Bustinduy se ha enfrentado a José María Figaredo por su “racismo” por haber cargado contra la “inmigración masiva”. “Yo no voy a debatir de inmigración con alguien que llamó a cazar migrantes y dos días después asaltaron a un niño de 14 años por la calle”, ha lanzado Bustinduy, ante lo que Figaredo ha reconocido que “probablemente no fue la mejor palabra”.
El ministro ha cargado contra el diputado de Vox por “utilizar la migración para intentar sembrar el miedo” y que “no miremos hacia arriba”. “Ustedes culpan a los pobres, a los migrantes, a las mujeres, a los pensionistas, con tal de que no se mire al 1% de la población que tiene más dinero que 18 millones de españoles juntos”.
Promesas de inversión en infraestructuras
El debate se ha iniciado hablando de las infraestructuras, a raíz de las tragedias ferroviarias de Urda y de Adamuz y el vicepresidente Cuerpo, el primero en intervenir, se ha estrenado con el anuncio de la creación el próximo lunes de una comisión técnica que preparará un Libro Blanco sobre el sistema ferroviario, que el Ejecutivo quiere que sea el punto de partida para un Pacto de Estado sobre Infraestructuras.
Figaredo, que ha sido incapaz de precisar la inversión que haría su partido en infraestructuras (“Lo que haga falta”), afeó a Cuerpo que el Gobierno dijo lo mismo tras el accidente de Adamuz y “no ha hecho nada”. “La corrupción de este gobierno mata”, ha afirmado.
Bustinduy ha defendido destinar los 13.000 millones previstos para inversión aeroportuaria a la red ferroviaria, no solo a la alta velocidad, sino a mantenimiento o cercanías, evitando que las infraestructuras en AVE “se pongan al servicio de empresas extranjeras”.
Las inversiones en infraestructuras ferroviarias han aumentado. Entre Adif y Adif Alta Velocidad, el desembolso ha pasado de los 1.700 millones de euros invertidos en 2017 a 5.230 millones al cierre del año pasado, según datos de ambas compañías.
Para Bravo, los accidentes y la falta de inversión representa un claro ejemplo de “falta de gestión” del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, al preguntado por cuánto invertiría su partido, se escudó, de nuevo, en la futura auditoria. Bravo ha hablado de una inversión de 300.000 millones en infraestructuras “en 15 años” y que habría que “hablar” con las comunidades autónomas, las empresas y la patronal Seopan.
En este sentido, los fondos europeos han sido objeto de varios choques en el debate. El portavoz económico del PP ha desmerecido las inversiones de infraestructuras del Gobierno de coalición por su origen de los Fondos Next Generation y, a la vez, ha cuestionado en qué se han gastado estas partidas. Al respecto, Bustinduy ha criticado al líder del PP que esos fondos que ahora pone en valor han sido cuestionados por su partido en Bruselas, a donde la formación ha acudido en varias ocasiones para denunciar el uso de estas partidas, poniendo en riesgo su concesión para España. Por su parte, Cuerpo ha recordado que Bravo había criticado en el pasado que una “empresa pública” fuera la principal receptora de estos fondos (que era Adif) y ahora denuncie la falta de inversiones en esta.
Información elaborada por Serafí del Arco, Álvaro Celorio, Laura Olías, Germán Aranda y Antonio M. Vélez
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