Del sistema de pensiones “quebrado” de Vox al “va a petar” del PP: las alarmas que no avalan Bruselas ni la AIReF

Un sistema de pensiones que “va a colapsar”, que “va a petar”. O ya en presente, que es un “zombie”, que está “quebrado”. La imagen que están difundiendo en los últimos días PP y Vox sobre el sistema público de pensiones de España, con la que debería extrañar incluso que los jubilados reciban su nómina mes tras mes, no está respaldada con la realidad. Hay una reciente reforma aprobada con el visto bueno de Bruselas, así como dos exámenes superados de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la nueva regla de gasto creada para ir evaluando periódicamente el sistema.

Los dos partidos de derechas están situando esta idea del colapso de las pensiones, más o menos cercano, a la que añaden por tanto la necesidad de aplicar reformas “valientes” (sin concretar), según la portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, o de modificar de pleno el sistema público actual por uno de capitalización individual, como defendió el responsable económico de Vox, José María Figaredo.

“El sistema actual tal como está va a petar”, ha sostenido Ester Muñoz, que ha afirmado que el sistema “está planteado” para una pirámide población en forma de triángulo y que en la actualidad esta está invertida, por el mayor número de personas de edad avanzada y las generaciones menos pobladas de jóvenes. “Hay gente trabajando que no cubre la gente que está cobrando pensión”, ha sostenido la portavoz del PP.

Este dato, sin embargo, no es cierto. Aunque se avanza a una mayor tensión demográfica por el envejecimiento de la población en las próximas décadas, fruto de la jubilación de las numerosas cohortes del llamado baby boom, en la actualidad hay más personas trabajadoras que pensionistas.

En concreto, los récords de empleo (empujados en los últimos meses por la regularización extraordinaria de migrantes), han escalado la ratio de cotizantes entre pensionistas hasta el 2,5, máximos de hace 16 años y un nivel solo alcanzado a mediados de los 2000, en el boom inmobiliario.

Respaldo de Bruselas, la AIReF y previsiones oficiales

Pese a las alertas de la derecha y la extrema derecha, el sistema público de pensiones español ha recibido dos importantes respaldos en los últimos años.

En primer lugar, y de mayor importancia, de la Comisión Europea. El Gobierno de coalición progresista aprobó varias reformas en el sistema de pensiones entre los años 2021 y 2024, precisamente para afrontar el reto de la jubilación del baby boom de las próximas décadas, que fueron pactadas con Bruselas por el exministro José Luis Escrivá dentro del Plan de Recuperación tras la pandemia, que supusieron un paso muy relevante.

Porque las reformas no se basaban en recortes, como las precedentes y los movimientos más extendidos a nivel internacional, sino en incentivos para alargar la edad de jubilación de manera voluntaria, así como en el aumento de ingresos del sistema para hacer frente a un mayor gasto estimado hasta el pico de 2050. A partir de entonces, el gasto en pensiones se prevé que descienda.

El Gobierno tumbó así la legislación previa del PP de 2013 que semicongelaba las pensiones y preveía recortes para los futuros jubilados con su “factor de sostenibilidad”, que había dinamitado el Pacto de Toledo y que provocó protestas masivas de jubilados. Una marea pensionista que logró que el propio Gobierno del PP de Mariano Rajoy dejara de aplicar su regulación al final de su mandato.

En segundo lugar, fruto de este acuerdo con Bruselas, las reformas del Gobierno de coalición incluyeron un sistema de evaluación permanente, cada tres años, a cargo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se trata de una “regla de gasto” que sigue la evolución de ingresos y gastos del sistema público y su proyección a largo plazo, con el objetivo de que no superen el 13,3%.

De franquear esta meta, la ley prevé la obligación de que el Gobierno tome medidas al respecto, previa consulta al Pacto de Toledo y agentes sociales, ya sea con medidas en el lado del gasto o del ingreso. Si no hay acuerdo, se incluyó una medida semiautomática para que se aumentaran las cotizaciones sociales.

La AIReF ya ha analizado en dos ocasiones esta regla de gasto, en marzo de 2025 y en mayo de 2026, y en ambas ocasiones el sistema ha superado el examen. En el último estudio, la autoridad mejoró incluso su previsión de gasto del sistema. No obstante, el organismo público es crítico con la regla de gasto pactada con Bruselas, que considera que no mide adecuadamente la sostenibilidad futura del sistema.

Además, el Ministerio de la Seguridad Social actualizó este año su simulador del gasto de pensiones, que ha denominado INTegraSS, cuyas cifras reducen de manera sustancial la previsión de gasto: sitúan un 15,3% del PIB en el momento de más tensión, respecto el 16,1% de la Autoridad Fiscal y el 17,3% de la Comisión Europea.

La catástrofe anunciada que no llega y las reformas aprobadas

El PP y Vox proyectan la idea de un sistema que no está pensado para el presente y futuro inmediato, con una población más envejecida. Incluso el responsable económico del partido de extrema derecha afirmó que “no se ha aplicado ninguna medida correctora” en pensiones desde las alarmas de 1995 que llevaron a la formación del Pacto de Toledo. Pero esto tampoco es cierto.

Las reformas de pensiones aplicadas en las últimas décadas han tenido precisamente el objetivo de adaptar el sistema público al aumento de gasto de la jubilación de los baby boomers, que no es en absoluto una sorpresa, ni algo desconocido, sino una previsión demográfica que viene de largo.

Por mencionar solo algunas, la reforma de 2011 amplió la edad de jubilación poco a poco a los 67 años y extendió el periodo de cálculo de la pensión de los últimos 15 a 25 años, entre otras muchas medidas. En las reformas de 2021 a 2024 se han primado los incentivos para retrasar la edad efectiva de jubilación, con más recompensa económica por ejemplo a la jubilación demorada y la reforma de las penalizaciones para las salidas anticipadas.

Estos incentivos están teniendo ya sus efectos, sostiene Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, que destaca que la edad efectiva de jubilación ha aumentado dos años en las últimas dos décadas, hasta alcanzar los 65,4 años de media. “De esos dos años, un año se ha ampliado solo en los últimos siete”, subraya el sindicalista, con el consiguiente efecto reductor en el gasto en pensiones.

En cualquier caso, los mensajes catastrofistas sobre el futuro de las pensiones tampoco son nuevos, recuerda Carlos Bravo, con informes que han avecinado una quiebra del sistema a partir de los 2000 que no se ha producido. Ni en la crisis financiera, con las dificultades que atravesó la economía española y en la que el Gobierno de Rajoy vació el 90% de la hucha de las pensiones, unos 65.000 millones de euros, ni ante contextos de extraordinaria complejidad como el desplome de la economía española durante la pandemia.

“Es la primera fase del ciclo de la privatización: el miedo. Pero los datos nos avalan: nuestro sistema público de pensiones es sostenible y es el que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos”, ha afirmado este miércoles la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

Por el contrario, Vox está defendiendo una medida que sí sería un tiro en el pie para el sistema público de pensiones: limitar la migración e, incluso, repatriar a personas extranjeras que ya viven en nuestro país. Todos los organismos económicos que analizan el futuro de las pensiones sitúan la migración como un elemento indispensable para aumentar la población trabajadora a futuro en países como España, con la población cada vez más envejecida. “Ahí sí que colapsaría el sistema, pero no solo de pensiones, la actividad en general”, advierte el responsable de CCOO.