Las recetas del responsable económico de Vox: rumbo a la privatización de las pensiones y un IRPF a medida de los ricos

Un cambio “radical” de un sistema de pensiones “zombi” que “está quebrado” y equivale a ir hacia una privatización encubierta; o una “revolucionaria” reforma del Impuesto sobre la Renta (IRPF) a medida de los más ricos. Son algunas de las recetas del actual responsable económico de Vox, José María Figaredo, secretario general de la formación ultraderechista en el Congreso y que, con un bagaje ecónomico de menos peso que el de personas que antaño estaban al frente de ese área en el partido, se ha convertido en una de sus voces más reconocibles con sus características patillas, su raya al lado, sus gafas y sus pulseras.

Con una relación a veces compleja con la verdad, algo habitual en su formación, el diputado asturiano defiende la “prioridad nacional” en las ayudas a la vivienda y lleva años asegurando que España es un “infierno fiscal”, discurso que también abraza el PP, previsible socio de la ultraderecha de alcanzar ambas formaciones la mayoría en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Admirador de la motosierra del argentino Javier Milei, sobre todo para la regulación que considera “un obstáculo para el crecimiento”, a este azote de las “paguitas” el portal Newtral le atribuye un sueldo anual de 129.905,02 euros y es el diputado mejor pagado de Vox. Esta semana ha insistido en proponer un IRPF con “un mínimo exento de 22.000 euros. Hasta 70.000 euros se tributaría al 15% y de 70.001 en adelante al 25%. Sencillo”.

Un planteamiento de “máximo” que implantarían “si de repente Vox sacase el 100% de los votos, porque es una reforma revolucionaria”. “Por el camino, cualquier grado que se acerque en esta dirección nos va bien”, ha dicho Figaredo, que ha cifrado en 46.000 millones el coste de una medida que “dejaría miles de euros en el bolsillo de cada contribuyente” y asegura que se puede hacer “sin tocar el bienestar de los españoles”.

Vox asegura que quiere dejar el IVA en el 16% y que la compra de vivienda esté “totalmente exenta”, con deducciones como las que alimentaron la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. Ya defendió este esquema de IRPF en abril de 2024, en una enmienda a una iniciativa del PP sobre deflactar este impuesto que incluía una reducción adicional de cuatro puntos por hijo.

“Una familia con cuatro hijos no tributará en el IRPF si las rentas son inferiores a 70.000 euros”, dijo entonces la formación ultra, que reconoció que estas medidas tendrían “un importante impacto en la recaudación tributaria estatal, que caería entre el 30% y el 45%”. Aseguró que se compensarían con “una drástica reducción del gasto no esencial”.

Esa reforma “revolucionaria” del IRPF dinamitaría la progresividad del impuesto que más recauda en España (supone el 44% del total), que actualmente tiene seis tramos, con el tipo más alto (rentas a partir de 300.000 euros) en el 25% para la cuota estatal.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha afirmado que la propuesta del “socio y proveedor de ideas del PP” supondría “desmantelar” el IRPF e implicaría un coste de 85.000 millones, cantidad que “supera todo el gasto en educación de España al año”: “Para sorpresa de nadie beneficiaría a las rentas más altas y provocaría recortes en pensiones, sanidad, educación, dependencia… Esto en el segundo día de precampaña. Nada nuevo pero cada vez más claro”.

Esta semana, Figaredo también afirmó en El Debate, medio de la Asociación Católica de Propagandistas (ACP), que “el sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado. En 1998, la comisión del Pacto de Toledo diagnosticó con precisión las debilidades del sistema, y en casi 30 años no se ha aplicado ninguna medida correctora”. Esto, como explica esta información, choca con múltiples reformas de las últimas décadas sobre la edad de jubilación, los años cotizados para cobrar el 100% de la pensión y el periodo de la vida laboral con el que se calcula.

Figaredo dice que es “objetivamente falso” que quiera privatizar las pensiones con esta propuesta, de la que se ha desmarcado el PP. El planteamiento supone acabar con el actual sistema público, por el que la Seguridad Social garantiza unas pensiones públicas al conjunto de pensionistas, pagadas con las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, así como con impuestos.

Vox apuesta por otro modelo de capitalización, en el que lo público garantiza unos mínimos, pero los trabajadores tienen principalmente pensiones individuales según sus aportaciones personales, gestionadas a través de fondos. A la espera de detallar esa propuesta, la formación ultraderechista ya propuso en 2019 que los trabajadores de menos de 25 años se incorporasen automáticamente a un sistema mixto y los mayores de 45 siguieran en el de reparto. El resto podrían elegir, en un gran incentivo para optar por el nuevo modelo. Algunos análisis advirtieron entonces de que ese tránsito podía llevarse por delante el sistema.

El responsable económico del partido entonces era Rubén Manso Olivar, doctor en Económicas o ex inspector del Banco de España que presidió Eurobank tras la intervención judicial de esta entidad (que acabó quebrando) por el supervisor en 2003. Manso ya hablaba en 2019 del sistema público de pensiones como de “esquema piramidal”.

Hoy preside un lobby “liberal cristiano”, el centro Diego de Covarrubias, que en breve prevé condecorar a uno de sus donantes, el ultrarrico catedrático Jesús Huerta de Soto, partidario de privatizar “hasta las calles”, heredero de una aseguradora (España SA) cuyo principal negocio es el ramo de vida y pensiones y que define el sistema público de pensiones como una “estafa piramidal”. Es la misma expresión que usó en enero de 2025 otro ex responsable del área económica de Vox, el entonces ya ex diputado Iván Espinosa de los Monteros.

Por su parte, José María Figaredo Álvarez-Sala (Gijón, 1988) se convirtió en diputado de Vox en 2019, entonces recién llegado a la treintena. El ultraderechista habla de un posible “déficit oculto” en la contabilidad nacional o una inflación mayor a la que arroja el Instituto Nacional de Estadística. La semana pasada calificó el decreto de vivienda del Gobierno de “auténtico desastre para el mercado del alquiler, unas normas que son una auténtica expropiación”.

Defensor de la liberalización del suelo, en la declaración de bienes que actualizó por última vez en octubre de 2023 (en la anterior, registrada en agosto de ese año, olvidó declarar varias propiedades), Figaredo decía tener seis viviendas. Tres estaban en Madrid (una procedente de una herencia con el 12,5% del pleno dominio y dos adquiridas en 2018 y 2021) y el resto eran inmuebles heredados en Asturias, incluyendo una nave industrial a su nombre desde 2021.

También declaró ser propietario de tres motocicletas de distinta cilindrada adquiridas casi todas en 2021 y de un Volkswagen Polo, también de 2021. Consignó dos créditos hipotecarios, el primero, de 2018, por 304.000 euros, del que debía 252.400; y otro en 2022 al 50%, de 340.000, del que había devuelto 334.165 euros. También tenía otro crédito personal “al 50%” de 35.000 euros de los que aún debía 30.000.

El diputado declaró haber pagado en el último ejercicio cerca de 27.500 euros de IRPF, tras recibir de Vox 9.600 euros como secretario general del grupo parlamentario; aseguraba cobrar como abogado 13.332 euros y otros 720 euros por ejercer la docencia en una universidad privada.

Procedente de una adinerada familia asturiana, Figaredo cursó Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas. El último cursó lo pasó en la Universidad Estatal de Carolina del Norte (Estados Unidos) con un programa de intercambio de estudiantes. A su licenciatura en Derecho en 2011 unió un año después otra en Administración y Dirección de Empresas. Como abogado se especializó en arbitraje en el bufete González-Bueno & Asociados.

Él se define como “árbitro”. De su carrera como togado, solo consta en el centro de documentación del Consejo General del Poder Judicial un pleito contra un registrador de la propiedad por la inscripción registral de una ampliación de obra en Aragón. El recurso de Figaredo fue desestimado.

“Sobrinos de quien sean”

Negacionista del cambio climático, acérrimo de la energía nuclear y a favor de extraer petróleo y gas en España, en 2024 aseguró que los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tienen que pagar el 54% a “Hacienda y el Estado”, cuando estaban exentos de tributar, mezclando cotizaciones e IRPF.

La respuesta fue un rapapolvo de la entonces vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en junio de 2025 no daba crédito cuando el diputado ultra sacó a colación en el Congreso a “los que tienen el futuro asegurado” porque “son sobrinos de quien sean”.

“Que se suba a esta tribuna a hablar de sobrinos y de tíos… la pone usted botando”, le dijo Montero al sobrino de un tal Rodrigo Rato Figaredo, el que fuera todopoderoso vicepresidente de José María Aznar, luego caído en desgracia por sus diversos escándalos de corrupción y su gestión en Bankia, protagonista del mayor rescate bancario de la historia de España.

El abuelo del actual responsable económico de Vox fue José María Figaredo Sela (1924-2017), empresario minero y uno de los propietarios de Minas de Figaredo. Esta empresa protagonizó uno de los conflictos laborales más importantes en la minería asturiana en los años de la Transición, tras anunciar en 1978 una suspensión de pagos y un cierre patronal alegando un pasivo millonario y la inviabilidad de las explotaciones, lo que dejó a unos 1.600 mineros sin cobrar salarios y al borde del despido.

Su tatarabuelo, Inocencio Fernández, se cambió el apellido en 1915 para adoptar el de la parroquia mierense (Figaredo) en la que operaban sus minas. Su padre se dedicó al negocio editorial y de la impresión y la hostelería. Hijo único, Figaredo estudió en los Jesuitas, en el Colegio San Ignacio de Oviedo, antes de trasladarse a Madrid. Allí residió en el Colegio Mayor Universitario Elías Ahúja, que en 2022 fue noticia por los cánticos y gritos machistas de algunos de sus alumnos desde las ventanas de la residencia contra las mujeres residentes en otro colegio mayor.

Este verano, Figaredo animó a “cazar” y “pescar” a los migrantes en Ceuta [“Hay que ir uno a uno. Pam, pam, pam”]. Luego lo intentó matizar tras instar el Gobierno a la Fiscalía a actuar contra él. En 2015 escribió un polémico artículo contra los refugiados sirios en el blog El Club de los Viernes, muy ligado a Hazte Oír. Se preguntaba si en España “tenemos miedo de enfrentarnos cara a cara con las enfermedades que generan la oleada de refugiados”. Ese año también dudó de la autoría del 11M. Ahora es la cara de las propuestas económicas de Vox.