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Cómo Deutsche Bank financió los negocios turbios de Eurofinsa, la constructora quebrada que debe 92 millones a Hacienda

Eurofinsa

Raúl Sánchez / Antonio M. Vélez

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“Recomendamos realizar más investigaciones sobre […] el rol de la compañía en el caso investigado por corrupción en España y […] una descripción detallada de sus actividades en países de alto riesgo con importantes escándalos de corrupción, como en Sudamérica y África”.

Estas fueron las principales recomendaciones de un informe de la unidad de inteligencia de negocio del Deutsche Bank sobre Eurofinsa, antiguo gigante de la ingeniería y la construcción que protagonizó una de las mayores quiebras empresariales de la historia de España, que todavía debe 92 millones de euros a Hacienda y que pertenecía a Mauricio Toledano, patrono de la fundación FAES de José María Aznar durante casi una década.

El informe del banco, de diciembre de 2019, fue encargado como parte de una investigación interna por la venta indebida de productos complejos a empresas españolas y detallaba una por una todas las señales de alerta -red flags- que disparaban el riesgo de la compañía para la entidad alemana: deudas millonarias con Hacienda, implicación en casos de sobornos y corrupción, vínculos con el poder político, estructuras opacas o uso de sociedades instrumentales.

Ninguna de estas señales impidió a la entidad alemana financiar durante dos décadas las operaciones de la compañía en países de alto riesgo como Angola, República Dominicana, Panamá, o Gabón.

El banco facilitó operaciones de la compañía por unos 1.800 millones en estos países, según los documentos internos del Deutsche Bank revelados por elDiario.es a través de la investigación transnacional ‘Inside Deutsche Bank’, donde han participado más de 200 periodistas. La filtración fue obtenida por el periodista indio Josy Joseph y la periodista de investigación sudafricana Khadija Sharife.

La mayoría de estos proyectos terminaron con retrasos y sobrecostes multimillonarios, arbitrajes internacionales o investigaciones por sobornos y corrupción, y no fue el único caso, como muestra también el ejemplo de la armamentística Defex.

Eurofinsa, que entró en concurso de acreedores en 2022 tras una larga decadencia, fue fundada por las familias Ruiz Lafita y Toledano en 1977. En sus mejores años, facturaba más de 500 millones, tenía más de 5.000 empleados y presencia en más de 30 países a través de una red de filiales y empresas asociadas como IBT, CEDDEX, Riogersa, Sucomex, EMEX o Ellipse Projects.

Tras salir los Ruiz Lafita en 2012, Mauricio Toledano se quedó como administrador único del gigante de la construcción. Los escándalos salpicaron durante años al empresario, nacido en 1955 y fallecido el pasado julio. Tesorero del Real Madrid entre 1989 y 1994 y secretario general de las comunidades judías en España, fue miembro del Consejo de Orientación Estratégica del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) del Gobierno de España, según presumía en su página web. 

Toledano “fue el único empresario patrono de la Fundación FAES”, afirmaba tras su fallecimiento en un artículo en El Debate, medio de la Asociación Católica de Propagandistas, el empresario David Hatchwell, uno de los fundadores del lobby sionista ACOM. 

A través de Eurofinsa, Toledano fue durante años uno de los principales accionistas de Libertad Digital SA, la web de Federico Jiménez Losantos (tenía un 17,33% y fue consejero hasta 2013). También formó parte del patronato de la fundación de Aznar desde 2007 hasta octubre de 2016. Lo abandonó tras aparecer vinculado al escándalo de comisiones ilegales para lograr contratos en África y Latinoamérica que protagonizaron Gustavo de Arístegui, diplomático y ex alto cargo de Aznar, y Pedro Gómez de la Serna, ex diputado del PP. También fue imputado en el caso Villarejo e investigado en un caso de supuestos sobornos a altos cargos angoleños que fue archivado en 2011 en una polémica decisión de la justicia española.

Aznar (c) en 2005, al ser investido doctor honoris causa en la Universidad Bar Ilán de Israel, por el presidente de la Universidad, Moshe Kaveh (i), y el empresario Mauricio Toledano (d).

Con sus vínculos políticos, su quebrada multinacional se garantizó un amplio caudal de fondos provenientes de contratos públicos en países extranjeros. La operativa la financió en buena parte Deutsche Bank España. Según la documentación a la que ha accedido elDiario.es, la filial española del banco alemán mantuvo una excelente y productiva relación con Eurofinsa. Era el “banco de referencia” de la compañía presidida por Toledano.

Pero, ¿cuándo y por qué empieza esta alianza?

El imperio de Eurofinsa en Angola

El inicio de la prolongada y cercana relación entre Eurofinsa y Deutsche Bank arranca a principios de los años 2000. En 2017, un empleado de la filial española del banco pidió permiso para aceptar una invitación a una “fiesta de flamenco” en la Feria de Abril de la compañía de Toledano. “Eurofinsa es un cliente conocido de Deutsche Bank con el que STEF mantiene una relación desde hace 15 años”, justificó en su solicitud, en la que añadía que había “al menos cinco operaciones en discusión” con la empresa. Se refería al equipo de Structured Trade and Export Finance (STEF) de Deutsche Bank en España, que se encarga principalmente de financiar inversiones de empresas españolas en lo que la entidad llamaba “mercados emergentes”. Es decir, países en desarrollo.

El inicio del vínculo constante coincidió con un “acuerdo marco” de financiación entre Deutsche Bank España y el gobierno de Angola firmado en 2003, justo después del final de la guerra civil en el país. Durante la etapa de reconstrucción, Eurofinsa logró erigir un imperio multimillonario de obra pública y suministros al gobierno angoleño gracias a la cercanía de Toledano con el ejecutivo de José Eduardo dos Santos.

Algunos de los primeros proyectos de Eurofinsa que financió el Deutsche Bank fueron en el país africano. En 2005, según la documentación interna del banco alemán, puso 50 millones para financiar un contrato de suministros para la Radio Nacional de Angola; en 2007, otros 69 millones para suministrar equipos a la televisión angoleña; en 2008, 225 millones de dólares en un macrocontrato para construir y rehabilitar calles en la capital del país y otros 80 millones para suministrar puentes metálicos modulares. 

Todos ellos los investigó la Fiscalía Anticorrupción en 2010 por supuestos sobornos de Eurofinsa para asegurarse cientos de millones en adjudicaciones en Angola a través de sus filiales Tecnofina, CEDDEX (antes, CCL Peninsular) y Riogersa. Anticorrupción sostenía que Eurofinsa había comprado con dinero, joyas, relojes y vehículos a las autoridades del país africano. Las pesquisas afectaron al ministro de Comunicaciones, Manuel Antonio Rabelais, al director de Carreteras angoleño, Joaquim Sebastiao, y al hijo del entonces presidente, José Filomeno dos Santos, como beneficiarios de esos supuestos sobornos.

Pero el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó las diligencias en 2011 para sorpresa de Anticorrupción. Argumentó que hubo regalos, pero era imposible determinar “que fueran para conseguir contratos”.

Rabelais, uno de los investigados, fue condenado en 2022 a siete años de prisión por el Tribunal Supremo angoleño por malversación y blanqueo de capitales. Sebastiao, exdirector de Carreteras, fue acusado de malversación en 2019 y la Corte Constitucional angoleña ha ordenado este año llevarlo a juicio. José Filomeno dos Santos, hijo del exdictador, fue condenado por el Supremo de Angola a cinco años de prisión por fraude y tráfico de influencias tras intentar desviar 500 millones de dólares del banco central angoleño.

Los lazos de Mauricio Toledano con el régimen también alcanzaron a Isabel dos Santos, la otra hija del exdictador, según publicó El Confidencial en la investigación Luanda Leaks. El empresario y la denominada “Princesa de África” coincidieron como accionistas en la firma de alta joyería suiza De Grisogono, donde hicieron negocios con los diamantes del país africano.

Mauricio Toledano, en un foro liderado por Aznar en 2015.

elDiario.es ha podido identificar al menos ocho contratos de Eurofinsa en Angola por más de 800 millones de euros que financió y gestionó Deutsche Bank entre 2005 y 2013. Seis los investigó Anticorrupción.

El cierre de la vía penal en 2011 no libró a la compañía de las consecuencias judiciales: el asunto derivó en la vía de lo contencioso-administrativo tras una inspección de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto de Sociedades. Hacienda rechazó el intento de la compañía de deducirse los gastos abonados a los intermediarios a los que la Fiscalía acusaba de canalizar los supuestos sobornos en Angola. El Fisco consideró no probada la prestación real de los servicios.

Como adelantó elDiario.es en 2018, la Agencia Tributaria reclamó 104 millones a la compañía presidida por Toledano. La deuda todavía hoy roza los citados 92 millones. Está entre los diez grupos empresariales que más deben al Fisco, según la última lista de morosos del Ministerio de Hacienda.

Los negocios de Eurofinsa en el continente africano de la mano de Deutsche Bank no se limitaron al mercado angoleño. En 2008, se adjudicó un contrato con el Gobierno gabonés para ampliar la carretera nacional 1 a la salida de Libreville. El proyecto lo financió la filial española del banco alemán gracias a un primer crédito de 91,7 millones de euros en 2010 y otro de 155,9 millones en 2013 para una segunda fase de la misma obra: casi 250 millones en total, con el apoyo de la aseguradora estatal española CESCE.

Eurofinsa nunca terminó la obra y el gobierno gabonés rescindió los contratos en 2017. En una entrevista con el principal periódico nacional de Gabón, el entonces ministro de Obras Públicas denunció los “tipos de interés prohibitivos y en condiciones difíciles” del préstamo. Gabón había dejado de pagar y CESCE tuvo que indemnizar al banco con más de 12 millones entre 2016 y 2018, que después recuperó casi por completo, según los datos a los que ha accedido elDiario.es a través de una solicitud al amparo de la Ley de Transparencia.

Con los trabajos sin terminar, Eurofinsa reclamó 67 millones por trabajos impagados ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París. En 2019, el laudo dio la razón al Gobierno gabonés.

El desembarco en América Latina a través de República Dominicana

La irrupción de Eurofinsa en América Latina estuvo vinculada a contratos públicos para suministrar material de Defensa, como muestran diversos informes del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) desde finales de los años 90.

Para centralizar sus operaciones en grandes proyectos de infraestructuras, Eurofinsa decide en 2002 crear IBT Group y elige Miami como centro de operaciones. Para ello, se asocia con el empresario dominicano José Ramón Brea, que ya operaba en la región y, según la prensa local, tenía vínculos estrechos con el círculo de Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana de 1996 a 2000 y de 2004 a 2012. Es en este país donde la multinacional española aterriza con más fuerza, apoyada por el brazo financiero del Deutsche Bank.

Los primeros contratos financiados por la entidad alemana fueron para suministrar equipos a filiales como Riogersa o Sucomex entre 1998 y 2003. No es hasta 2009 y 2010 cuando se adjudica varios proyectos millonarios de grandes infraestructuras por cerca de 300 millones de euros. La fecha coincide con el aterrizaje de Daniel Toledano, hijo de Mauricio Toledano, como director general de IBT tras un periodo como analista de inversiones en Deutsche Bank en Londres.

Los créditos del banco alemán, aprobados por el Congreso Nacional de la República Dominicana, garantizaban los fondos para construir los hospitales Pediátrico, de Maternidad y General de Especialidades de la Ciudad de la Salud, los hospitales de Higüey y Montecristi, un centro penitenciario y la finalización del mercado de mayoristas de Santo Domingo. Salvo este último proyecto, todos los avaló con fondos públicos CESCE.

En dos de ellos, las filiales de Eurofinsa acudieron en consorcio con Ibadesa, a la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investigó por una red de “cuantiosas comisiones” para conseguir contratos en países extranjeros vinculados a los casos Mercasa y Pujol. La compañía la presidía entonces José Herrero de Egaña y López del Hierro, ex sobrino político de Dolores de Cospedal, exministra y exsecretaria general del PP.

Uno de los proyectos financiados por el Deutsche Bank a Eurofinsa fue una adjudicación de 45 millones de dólares para las obras del Mercado Mayorista de Santo Domingo. El proyecto acumuló millones en sobrecostes y supuestas comisiones y lo investigó la Audiencia Nacional como una pieza del caso Mercasa. En 2022, el juez Pedraz archivó provisionalmente las pesquisas por falta de pruebas, tras no responder ni el país caribeño ni Estados Unidos a las comisiones rogatorias y sin expectativas de obtener nuevos datos.

Entre los intermediarios de esa operación estuvo Daniel Aquino, detenido en 2016 en el caso de corrupción Super Tucano, que trabajaba al mismo tiempo para Deutsche Bank España como “consultor de desarrollo de negocio”. 

La documentación interna revela que la filial española pagó más de 2,5 millones de dólares al comisionista para ayudarle a conseguir nuevos negocios en la República Dominicana entre 2002 y 2016. Ese año, tras una revisión global de consultores, el banco cortó la relación con el empresario ya que “la naturaleza de los servicios se consideraba una actividad de alto riesgo”.

Una auditoría interna ya había alertado en 2010 de que el banco podía “hacer negocios a través de consultores en países de alto riesgo que aplican prácticas comerciales delictivas”. Aun así, la filial española le hizo un último pago de unos 115.000 dólares el 31 de agosto de 2016, semanas después de ser detenido en República Dominicana.

La adjudicación de grandes proyectos de infraestructura para IBT en la República Dominicana terminó tras la salida de Leonel Fernández, presidente del país hasta 2012.

480 millones para unos hospitales en Panamá que Eurofinsa no terminó

La filial de IBT en Panamá se inscribió en el registro público el 9 de octubre de 2009, apenas tres meses después de que Ricardo Martinelli asumiera el Gobierno. José Ramón Brea, el socio dominicano, y Daniel Toledano fueron nombrados administradores de la sociedad.

En su web, IBT anunció su entrada en Panamá como la llegada del grupo Eurofinsa al país: “Vemos a Panamá como uno de nuestros mayores y más desafiantes proyectos”. Poco después, en julio de 2010, el grupo se adjudica la construcción de cuatro hospitales por cerca de 240 millones de dólares: los centros Manuel Amador Guerrero, Anita Moreno, General de Bugaba y General de Metetí. El contrato lo financió Deutsche Bank, que adelantaba el dinero a IBT, comprándole los derechos de cobro de los contratos, y después cobraba al Gobierno panameño.

Según la revista panameña Concolón, que ha participado en esta investigación, la licitación fue cuestionada: el gremio de la construcción denunció que los requisitos dejaban fuera a las empresas locales y la coreana Samsung, descalificada, la impugnó. 

Los proyectos sufrieron sobrecostes millonarios: con las adendas, el precio de los cuatro hospitales pasó de 237 a 419 millones de dólares, un 77% más, según los datos recopilados

Tres meses después, en octubre de 2010, IBT –entonces participada en un 67% por Eurofinsa– repitió suerte. Fue seleccionada para construir cinco centros de salud por otros 30 millones de dólares. La operación, de nuevo, la financió la filial española del Deutsche Bank. 

Medios locales como La Prensa mostraron su extrañeza sobre lo inusual de las operaciones: una compañía sin actividad previa en el país conseguía contratos públicos millonarios en su primer año de vida. Las conexiones políticas fueron clave para IBT, “una empresa bien conectada”, según la prensa local. Rogelio Oruña, que se describió a sí mismo como la “autoridad máxima de IBT en Panamá”, fue el intermediario que abrió las puertas del Gobierno a IBT.

En 2013, su nombre apareció involucrado en la investigación italiana sobre los supuestos sobornos del intermediario Valter Lavítola, amigo de Martinelli, para conseguir contratos en Panamá. Los fiscales sostenían que el destinatario final de esos pagos era el propio presidente panameño y describían a Oruña como su “amigo y persona de confianza”.

Los vínculos políticos también eran españoles: Mauricio Toledano era entonces patrono de FAES y coincidió en distintos eventos con Aznar, que mantenía buena relación con Martinelli, y su socio en Latinoamérica, José Ramón Brea.

Los proyectos sufrieron sobrecostes millonarios: con las adendas, el precio de los cuatro hospitales pasó de 237 a 419 millones de dólares, un 77% más, según los datos recopilados por Concolón. Los reiterados retrasos dejaron las millonarias obras de IBT sin finalizar. Los trabajos para construir las infraestructuras sanitarias debían terminar entre 2012 y 2013, pero los continuos retrasos propiciaron un conflicto con el gobierno panameño.

En junio de 2013, en una visita sorpresa a la obra del hospital Anita Moreno, Martinelli mostró su enfado con la compañía de Toledano. “Estoy sorprendido, esto es inaudito (...) llego a ver los avances de la obra y no hay casi nadie trabajando, esta empresa IBT no está haciendo su trabajo y tienen que cumplirle al pueblo, no importa la empresa que sea”, declaró el entonces presidente panameño.

Solo un mes después, Ignacio Ramiro, responsable del departamento de financiación a la exportación del Deutsche Bank en España, informaba de la ampliación de la financiación de los hospitales de IBT en Panamá. Simon Sayer, jefe global de comercio exterior del banco alemán, celebró el trato: “Otro cierre del equipo de Madrid y un excelente generador de comisiones fuera de balance que subraya aún más la gran trayectoria del equipo en Latinoamérica”.

Los documentos internos del banco muestran que esta ampliación garantizaba otros 225 millones de dólares en fondos para finalizar los hospitales. Con ello, la financiación del banco para los cuatro hospitales sumaba 462 millones de dólares.

En abril de 2014, a dos meses de dejar el poder, el Gobierno de Martinelli rescindió los contratos por incumplimiento. Su sucesor, Juan Carlos Varela, que había sido su vicepresidente, optó por negociar con IBT.

Cuatro años después (en 2018) los hospitales seguían acumulando retrasos. El Gobierno de Varela había fijado su entrega para 2017 pero los plazos no se cumplieron. En abril de ese año, el equipo de Deutsche Bank España anunció internamente el cierre de una ampliación para la financiación de los hospitales de 16 millones de dólares avalada con fondos públicos por CESCE. Sayer, jefe global de comercio exterior del banco alemán, ponía el foco en los beneficios: “Gran trabajo de todos, y también se agradece mucho el esfuerzo extra para cobrar las comisiones en el primer trimestre”.

La situación de los hospitales es dispar, aunque ninguno fue terminado por Eurofinsa. El de Los Santos abrió en 2019 a medio acabar y todavía lo está rematando otra empresa. Los de Colón y Bugaba se inauguraron en 2025, en manos de otras constructoras. El de Metetí, en Darién, sigue en obras: más de 15 años después de su adjudicación, su entrega está prevista para 2027

Eduardo Más, uno de los directores del Deutsche Bank en Madrid, explicaba así la importancia de la operación: “Esta transacción marca un punto de inflexión en nuestra relación con Eurofinsa tras un largo proceso de reducción de riesgos”. Según el responsable del banco, la compañía de Mauricio Toledano les había enfatizado que Deutsche Bank continuaba siendo su “banco de referencia” para sus negocios en el exterior, que suponían prácticamente todo lo que ingresaba. Las ventas fuera de España suponían en esos años entre el 95% y el 98% de los más de 400 millones que facturaba cada año el grupo Eurofinsa, según sus cuentas de esos ejercicios. 

Los cerca de 480 millones de dólares facilitados por el Deutsche Bank a IBT no sirvieron para terminar los hospitales. A pesar de abandonar las obras, IBT acabó cobrando: el Gobierno panameño le pagó 60,7 millones de dólares entre 2022 y 2023 a cambio de retirar la demanda que había presentado en 2021 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

Hoy, según una investigación de la revista Concolón, la situación de los hospitales es dispar aunque ninguno fue terminado por Eurofinsa. El de Los Santos abrió en 2019 a medio acabar y todavía lo está rematando otra empresa. Los de Colón y Bugaba se inauguraron en 2025, ya en manos de otras constructoras. El de Metetí, en Darién, sigue en obras: más de quince años después de su adjudicación, su entrega está prevista para 2027.

Deutsche Bank, que no responde a las preguntas sobre su relación con Eurofinsa, asegura que “no tolera ninguna forma de soborno o corrupción”; que las operaciones de STEF y los exportadores implicados están sujetos a su marco de diligencia debida, con aprobaciones y escalados adicionales cuando se cumplen los criterios, y que ejerce su actividad “con sujeción a los requisitos legales, de cumplimiento normativo, de lucha contra la delincuencia financiera y de riesgo reputacional aplicables”. “Rechazamos la premisa de que STEF diera sistemáticamente prioridad a los intereses comerciales frente a los controles de riesgo”.

El banco “apoya el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura y estratégicos a nivel internacional, normalmente mediante la concesión de financiación a largo plazo a gobiernos o entidades del sector público para proyectos que promuevan las exportaciones españolas o que incorporen un contenido español significativo. Esto incluye proyectos en mercados en desarrollo y emergentes, así como grandes proyectos de infraestructura en mercados desarrollados. Este modelo contribuye a hacer posibles proyectos de infraestructura esenciales, al tiempo que apoya las exportaciones españolas y las actividades internacionales de las empresas españolas. Los clientes del equipo suelen ser los países, los ministerios gubernamentales o las instituciones públicas cuyos contratos se financian”.

La entidad subraya que “la cobertura de CESCE no sustituía la propia evaluación de riesgos del banco ni sus requisitos de cumplimiento” y añade que “ha apoyado la financiación legítima del comercio y las infraestructuras en Angola y otros países en desarrollo, junto con otras instituciones financieras internacionales y proveedores de crédito a la exportación”.

Denuncias internas de corrupción en el Deutsche Bank

Tal y como reveló elDiario.es, el hub de comercio exterior del banco en Madrid dejó un rastro de corrupción y proyectos fallidos por África y Latinoamérica a través de decenas de contratos públicos adjudicados a sus clientes españoles en países clasificados de “alto riesgo” para el banco que, además, estuvieron avalados con fondos públicos a través de CESCE.

Otro aviso interno alertó de que Eurofinsa había hecho regalos a empleados del banco, de iPads y cuadros a comidas de lujo y relojes suizos. Y que antiguos empleados de la entidad trabajaban en Eurofinsa y al revés

Eurofinsa fue una de las empresas que más apoyo financiero recibió. Su cercana relación con la entidad generó múltiples denuncias internas. “STEF financió y apoyó a muchos clientes corruptos en España, y el peor era un cliente muy conocido, Eurofinsa”, escribió en marzo de 2021 un denunciante en uno de los mensajes que inundaron los buzones de denuncias del banco. “Operan en países corruptos como Angola y Deutsche siempre les apoyó”, añadía. Acusaba a la compañía de haber fichado a antiguos responsables de la entidad alemana que “sabían cómo engañar al banco y qué quería oír para aprobar las operaciones”.

En febrero de 2018, otro aviso interno ya alertó de que Eurofinsa había hecho regalos a empleados del banco, de iPads y cuadros a comidas de lujo y relojes suizos. Denunció también conflictos de intereses. Antiguos empleados de la entidad trabajaban en Eurofinsa y al revés, familiares de la cúpula de la constructora, en el banco. 

El informe final, firmado por la responsable de prevención de delitos financieros en la sede española en abril de ese año, desechó la denuncia en un documento escueto que no descartaba las principales sospechas. Confirmó que empleados del banco salieron de la entidad para trabajar en Eurofinsa, aunque aseguraba que este hecho “no implica ningún incumplimiento”, y que familiares de directivos de la multinacional española trabajaban para el banco. Es el caso de la hija del director financiero de Eurofinsa, que trabajó durante más de una década en la banca de particulares y la banca privada de Deutsche Bank.

La duradera y cercana relación entre Eurofinsa y Deutsche Bank parece que se rompió en 2022, cuando la multinacional española entró en concurso de acreedores. La compañía culpó a Deutsche Bank de haberle asestado el "golpe definitivo" al paralizar la refinanciación de sus operaciones en África. El propio Aznar quedó como uno de los acreedores de Eurofinsa con una deuda de 106.000 euros

El banco solo revisó los regalos declarados en el sistema interno desde mayo de 2015, porque no había registros anteriores. Y ni siquiera entrevistó al gestor de la cuenta de Eurofinsa, sobre el que el denunciante ya había presentado otras quejas: estaba a punto de salir del banco y Recursos Humanos pidió no entorpecer el proceso. El informe tachó de infundadas las acusaciones de corrupción.

A pesar del descargo, el documento confidencial afirmaba que el Deutsche Bank estaba “monitorizando proactivamente” las cuentas abiertas por Eurofinsa en las oficinas españolas del banco para “identificar pagos sospechosos que pudieran estar vinculados a sobornos”.

Las coincidencias privadas y en foros públicos entre los empleados del banco y Mauricio Toledano fueron múltiples a lo largo de los años. Directivos del equipo de comercio exterior del Deutsche Bank en Madrid compartieron cartel con Toledano cuatro años consecutivos en las conferencias TXF Spain, de 2016 a 2019: Ignacio Ramiro en 2016 y Eduardo Más de 2017 a 2019. El evento unía a miembros de la Administración pública, entidades financieras y empresas exportadoras para buscar oportunidades de negocio.

La duradera y cercana relación entre Eurofinsa y Deutsche Bank parece que se rompió en 2022, cuando la multinacional española entró en concurso de acreedores. En la quiebra, el administrador concursal reprochó a Toledano su falta de colaboración. La compañía culpó a Deutsche Bank de haberle asestado el “golpe definitivo” al paralizar la refinanciación de sus operaciones en África, según publicó El Español. El propio Aznar quedó como uno de los acreedores de Eurofinsa con una deuda de 106.000 euros.

El agujero millonario de Eurofinsa, en liquidación desde febrero de 2025, no parece afectar a las antiguas filiales del grupo empresarial, que siguen haciendo negocios. En 2022, IBT aseguraba que “ya no cuenta con ningún vínculo con la empresa Eurofinsa” y que la situación concursal no afectaría, en forma alguna, al desarrollo de las actividades y proyectos de IBT en América Latina.

Esta desconexión no afectó a la familia Toledano. Tal y como consta en el Registro Mercantil de Florida, Daniel Toledano figura como uno de los administradores de la matriz del grupo y al menos una decena de filiales. En su web destacan “excelencia y fidelidad en cada proyecto” y continúan anunciando grandes obras de infraestructuras en energía, salud y agua.

Un portavoz de IBT Group asegura que esta empresa “no es sucesora ni continuadora de Eurofinsa, por lo que no corresponde a esta compañía pronunciarse sobre actuaciones, operaciones o responsabilidades atribuibles a dicha sociedad. Desde 2022, ambas compañías no mantienen vinculación societaria ni de gestión”. “Respecto de las demás cuestiones planteadas, IBT Group no formulará declaraciones sobre actuaciones de terceros ni sobre hechos que no correspondan directamente a su ámbito de responsabilidad”.

Edición de Natalia Chientaroli.

Con información de Eliana Morales, periodista de la Revista Concolón (Panamá), y Craig Bentley-McKune, periodista del Financial Mail (Sudáfrica).

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