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Del renacer nuclear a la incógnita del uranio y el ‘fracking’: la política energética que promueven PP y Vox

Feijóo y Abascal juntos en el Congreso.

Antonio M. Vélez

20 de noviembre de 2026 22:08 h

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Una apuesta por la energía atómica con ecos del “renacer nuclear” que la FAES de José María Aznar planteó en vísperas de la catástrofe de Fukushima (Japón) de 2011. Y la incógnita sobre la minería de uranio y la polémica fractura hidráulica o fracking para extraer petróleo y gas, prohibida en España y otros países europeos como Francia o Alemania, defendida por Vox y a la que Alberto Núñez Feijóo y su gurú económico Alberto Nadal se han abierto en el pasado.

Son algunas posibles líneas de la política energética de PP y Vox, favoritos para gobernar tras las elecciones generales del 29 de noviembre, según la mayoría de sondeos.

“España puede ser potencia energética de Europa”, dice el programa de “reconstrucción nacional” de la formación de Feijóo. Si en 2023 quería convertir al país “en una superpotencia energética, capaz de aprovechar las enormes oportunidades de los recursos renovables”, ahora apenas menciona las energías limpias, cuyo desarrollo “impresionante” con Pedro Sánchez reconoce la Agencia Internacional de la Energía (AIE), y a las que populares y Vox no dudaron en señalar tras el histórico apagón ibérico del 28 de abril de 2025. 

La primera medida energética del programa del PP es tramitar “en los primeros cien días de Gobierno” (el primer cierre previsto no llegaría hasta 2030) la extensión de vida útil de todos los reactores previo aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Y “una estrategia nacional de energía nuclear” con participación “en las iniciativas europeas de reactores avanzados y de pequeños reactores modulares”.

Vox va mucho más allá, en línea con aquella idea de FAES, hoy desaparecida de su web. Su programa quiere “recuperar urgentemente” lo que llama “el plan nuclear nacional”. Quizá alude a la dictadura franquista, que autorizó la mayoría de reactores en España. “Se promoverán estudios urgentes para instalar centrales nucleares en los emplazamientos disponibles adyacentes a las actuales”. “Se llevarán a cabo aquellos proyectos que sean viables con la mayor brevedad”. No aclara quién asumiría la multimillonaria inversión. 

“Fin a las restricciones”

Para una “reindustrialización radical de la economía” y “revolucionar la política energética”, Vox promete “protección de España frente a la dependencia excesiva de materias primas, componentes y tecnologías críticas”, “mayor peso a consideraciones sobre seguridad económica, soberanía industrial y seguridad nacional” y “fin a las restricciones para poder explorar, investigar y explorar nuestros recursos naturales”.

En el trasfondo, el fracking o el uranio, cuya extracción prohíbe la Ley de Cambio Climático aprobada en 2021 con el rechazo de Vox y la abstención del PP. Una norma que Abascal ha tachado de “suicidio” y que, “desde luego” la formación ultra derogaría, explicó hace unos días en un debate electoral de El Periódico de la Energía su portavoz Julio Utrilla. “Intentaría explotar nuestros propios recursos porque los tenemos”, aseguró.

Los portavoces de energía de Vox piden la “desregulación total en materia de transición ecológica” contra el “ecofanatismo que ha arruinado el sistema productivo”. Su programa no cita expresamente el fracking, técnica que Estados Unidos empezó a aplicar masivamente en 2010. Repsol critica que Europa lo vete y se beneficie de él con el shale gas estadounidense. “Han criminalizado a nuestra ganadería, agricultura, el diésel, minería, la energía nuclear, el fracking… es la izquierda de las cavernas”, decía Abascal en 2022.

“Neutralidad tecnológica” 

En ese debate con Utrilla y portavoces del PSOE y el Frente Amplio, el popular Juan Diego Requena se cuidó de mentar al fracking. Cuando el PP “habla de neutralidad tecnológica quiere decir que respalda y apoya cualquier tipo de activo energético que sea válido para la transición”, dijo. Afirmó que en España “no tenemos” gas, pero matizó que “no producimos” esta materia prima, e incluyó al biogás (de origen renovable), con “extraordinario” potencial.

Según Requena, “en el concepto de neutralidad tecnológica entra todo”. “A nadie se le escapa que el Partido Popular apuesta por una reducción de los combustibles fósiles que no tenemos”. Se trabó cuando habló de “aprovechar nuestros recursos locales” y afirmó que hablaba del biogás. “Hemos dicho siempre que tenemos que ser una potencia de electrones verdes”, aseguró. 

No siempre fue así. Con Mariano Rajoy en Moncloa, tras una moratoria a las primas a las renovables y un fuerte recorte que aún colea, con decenas de condenas en arbitrajes internacionales, el PP rechazó entre 2013 y 2015 prohibir el fracking, trató de incentivarlo en las leyes de Evaluación Ambiental e Hidrocarburos y se desmarcó de un compromiso para vetarlo promovido por plataformas sociales que firmaron más de veinte partidos. Su programa para las generales de 2016 prometía una política energética “que aproveche al máximo nuestros recursos”. 

Eran los años del impuesto al sol que impidió el desarrollo del autoconsumo y Nadal, entonces secretario de Estado de Energía y hoy ministrable de Feijóo, rechazaba “cerrarse totalmente” al fracking y “negarse a saber” si el subsuelo español escondía ese supuesto tesoro. “Primero ver lo que hay, ver dónde está, analizar los costes y los beneficios incluyendo los medioambientales, y si los beneficios superan a los costes habría que explotarlos”, decía.

“Reconsiderarlo, sí”

En 2017, el Gobierno de Rajoy recurrió sin éxito en el Constitucional una ley de Castilla-La Mancha que ponía grandes trabas al fracking, similar a la que aprobó en 2018, con Sánchez en Moncloa, Murcia, histórico feudo del PP y en los últimos años, de Vox.

Ante el creciente rechazo autonómico, el PP no concedió ni un permiso al fracking y su apoyo en público decayó hasta que en 2022, con Feijóo recién llegado a la presidencia del PP, su dirección nacional volvió a abrirle la puerta tras reclamarlo el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El líder del PP pidió “un debate más serio” porque en España hay “reservas que pueden ser objeto de estudio al efecto de su explotación”. En un acto con Aznar, abogó por “resetear el plan de transición energética” y se abrió a estudiar el uso del fracking. “Desde luego, a reconsiderarlo, sí”.

“En el tema energético, no puedo estar más de acuerdo con el presidente Aznar”, dijo, y aseguró que “con esta política económica, España no aguanta cinco años más”.

Hoy, con Feijóo en la oposición, pero liderando las encuestas, ningún país europeo ha revertido los vetos al fracking pese a las sucesivas crisis energéticas. Ni la FAES lo defiende, aunque el contexto puede ayudar. El pasado jueves, la AIE destacó que tras la Guerra en Irán la diversificación de fuentes “se ha consolidado como una preocupación política clave en múltiples dimensiones, incluidos los proveedores, las rutas, las combinaciones energéticas y las cadenas de suministro tecnológico”. Y que existe “mayor preferencia por los recursos disponibles a nivel nacional”, además de un mayor impulso a la electrificación, de la que la ONU destaca que permite combatir “graves injusticias” en el acceso a la energía. Este concepto, considerado uno de los grandes retos de la compañía española, ni se menciona en los programas del PP y Vox.

No obstante, aun cambiando toda la legislación en España, permitiendo hacer toda la exploración y posterior explotación, si esta fuera viable, la primera molécula de gas no llegaría a la superficie hasta dentro de doce años, cuando el objetivo europeo se mantiene en las cero emisiones para 2050.

En el caso del uranio, es ilustrativa la fuerte subida en Bolsa tras la convocatoria electoral de Berkeley, diminuta minera australiana que fichó a ex cargos del PP como Manuel Lamela (ideólogo de las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre) o Jaime García Legaz (ex directivo de FAES), y reclama 1.000 millones a España por el veto a una mina en Salamanca. Portavoces del PP han deslizado que lo revertirán: “En España existen 30.000 toneladas de uranio esperando a ser obtenidas, singularmente en la zona de Salamanca”, decía Borja Sémper en 2025.

“Sí o sí”

Con un líder que atribuye el calentamiento global a que “el clima ha cambiado siempre”, Vox promete “impedir la destrucción de la riqueza agrícola y el patrimonio natural para la instalación descontrolada de macroplantas de energías renovables”, lo que remite al nuevo impuesto a la fotovoltaica del PP y la ultraderecha en Castilla y León.

El programa del PP no recoge “todas” las medidas que aplicará, pero sí “lo que hará, sí o sí”. Plantea afrontar el cambio climático “desde la ciencia y sin dogmatismos”, “pero ha llegado el momento de revisar los ritmos de cada sector” y “sin calendarios imposibles”.

Mientras, el partido ultra propone una “bajada masiva de los impuestos de la energía eléctrica”. No dice qué hará con el bono social, los descuentos a familias teóricamente vulnerables de los que disfruta la pareja de Santiago Abascal, como reveló Infolibre.

El del “mejorará” esos descuentos con una “Tarifa Social Única”, sin detallarla. Requena dijo en ese debate que se dirigirá a “vulnerables”. No precisó si incluirá a familias numerosas como la de Abascal. 

El programa del PP prevé eliminar “de inmediato” el impuesto del 7% a la producción eléctrica y reducir la carga fiscal del recibo. No menciona penalización alguna al autoconsumo como la que insinuó hace unos meses Nadal, ni cita al hidrógeno ni “el nitrógeno”, como dijo por error Feijóo en octubre. Plantea “un mercado único sin barreras” en Europa y con “interconexiones energéticas”; “soluciones de alta eficiencia a gran escala para el almacenamiento de energía como las centrales hidroeléctricas reversibles”; y revisar “con realismo” el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta que el Gobierno Rajoy fue incapaz de aprobar. 

Los populares prometen conexión eléctrica “garantizada, ventanilla única y tramitación acelerada” para grandes proyectos tecnológicos; un “plan de choque” para abaratar los servicios de ajuste del sistema eléctrico, cuyos costes se han multiplicado por ocho en los últimos años; actualizar “en seis meses” las reglas del funcionamiento del sistema eléctrico “para evitar otro apagón” [“Quien se quede sin luz por un fallo del sistema recibirá una compensación automática”]; y desbloquear “en 18 meses” el acceso a la red de, entre otros, los centros de datos (derogarán el exigente decreto del Gobierno).

No entra en el troceo de Red Eléctrica que reclama Iberdrola. El jueves, Nadal dijo a Expansión que “al menos en la parte de operador del sistema eléctrico, tiene que tener un fuerte control público”. No aclaró qué haría con las redes de REE, de la que llegó a ser fugaz consejero “independiente” en 2012, cuando estaba en CEOE, junto al marido de la entonces todopoderosa Dolores de Cospedal, mientras su hermano gemelo dirigía la Oficina Económica de Moncloa.

Para solucionar el atasco en la red, el portavoz de Vox planteó en ese debate que el Estado asuma 2.000 millones de inversión en redes que, dijo, una eléctrica que va a invertir “6.000 millones” en distribución (lo anunciado por Iberdrola hasta 2030) no podrá acometer. Es un “proyecto país” y “esas infraestructuras deben ser financiadas por el Estado”, dijo Utrilla. “Sé que es un tema muy delicado, pero es como lo vemos”.

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