PP y Vox planean gravar más a las renovables en Castilla y León: “Un nuevo impuesto al sol”

El Gobierno del PP y Vox en la Junta de Castilla y León planea gravar más a las energías renovables en Castilla y León, líder en generación de energía limpia en España. El Proyecto de Ley de Medidas Tributarias presentado por el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco eleva la fiscalidad para la energía eólica por su afección medioambiental e incluye en el ámbito de ese gravamen a las instalaciones fotovoltaicas. “Un impuesto al sol”, como lo definía este miércoles en X (antigua Twitter) el experto en renovables Xavier Cugat.

Tal y como avanza El País, la principal novedad del texto es que extiende a los parques fotovoltaicos un impuesto ya existente que grava la afección medioambiental de las instalaciones de generación, hasta ahora limitado a la eólica, la hidroeléctrica y las líneas de alta tensión) a los parques fotovoltaicos a partir de cinco hectáreas y a las redes fijas de telecomunicaciones. Se trata, según la Junta, de “actividades para las que resulta patente a la ciudadanía que están generando costes sociales y medioambientales, como son los parques fotovoltaicos”.

Solo se salvan las plantas solares con una superficie inferior a cinco hectáreas y las de autoconsumo sobre tejados. Esto deja fuera a las plantas domésticas a las que sí afectaba el famoso impuesto del sol con el que el Gobierno de Mariano Rajoy impidió el desarrollo de esta actividad, y que el gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, Alberto Nadal, amenazó en cierta medida con recuperar hace unos meses en un evento a puerta cerrada en Madrid.

El proyecto de ley especifica que, para las instalaciones de autoconsumo con excedentes que ocupen cinco hectáreas o más, se exige “que la relación entre la potencia contratada en el periodo punta P1 y la potencia de generación instalada sea al menos del 50%”. De no alcanzarse ese umbral, se considerará que “el propósito principal sea la venta a la red de la energía generada”, retirando la exención y sometiendo a la planta a la tarifa íntegra por hectárea.

Pese a dejar fuera al autoconsumo sobre cubierta, el nuevo tributo abre dudas sobre qué ocurrirá con las plantas que tienen distintas ubicaciones, con las 'baterías virtuales' que ofrecen algunas comercializadoras por los excedentes o las aplicaciones que pueda haber en las comunidades energéticas, que el Gobierno central quiere impulsar con un decreto que prevé aprobar aun con las elecciones generales ya convocadas junto a otro para impulsar, precisamente, el autoconsumo.

En un comunicado remitido a los medios, el director general de la patronal fotovoltaica UNEF, José Donoso, ha lamentado que se trata de “un impuesto absolutamente recaudatorio e injustificado que penaliza una actividad que genera desarrollo socio económico local y ofrece competitividad a todos los consumidores, particulares e industrias”.

Esta entidad recuerda que los parques fotovoltaicos contribuyen ya “significativamente” con impuestos, no solo a nivel estatal (IAE, IVPEE, IEE), sino también a nivel municipal, con el ICIO (obras y construcciones), IAE (actividades económicas) o el IBIBICES. “Los ayuntamientos que albergan parques solares perciben un ingreso anual de en torno a 10 mil euros por MW instalado, convirtiéndose en una palanca de extraordinaria importancia para su crecimiento y aumento de oportunidades”, subraya.

“Detrás de este impuesto injustificado anunciado por la Junta de Castilla y León, hay una supuesta compensación ambiental. Pero esto no es así”, destacan desde UNEF. “Por un lado, todos los proyectos han recibido un informe ambiental positivo por parte de la Junta de Castilla y León. Por otro lado, esa recaudación debería, en todo caso, ir a esos territorios que los albergan. Sin embargo, solo está prevista para engrosar los presupuestos generales de Castilla y León. Además, penaliza especialmente a los proyectos con una integración mayor en el territorio”.

Desde UNEF añaden que se trata de un impuesto injusto, también al definirse su pago en función de las hectáreas ocupadas y no de la generación. “Esto no tiene en cuenta las diferencias de producción entre el norte de la comunidad y el sur, penalizando de forma mucho más significativa a las inversiones del norte. Además, también penaliza precisamente a los proyectos que han hecho las cosas mejor, buscando la mayor integración posible en el medio, mejorando la biodiversidad del terreno y generando toda una actividad económica agrícola en torno al pastoreo, el cultivo o la apicultura”.

“Oscurecen el futuro de todos”

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, ha reaccionado por su parte a la propuesta en la red social Bluesky cargando contra “quienes, al repetir los errores del pasado, oscurecen el futuro de todos. Frente a quienes aprueban un impuesto al sol, nuestra apuesta es clara: energía renovable, autóctona y asequible”.

El proyecto de la Junta también afecta a la energía eólica, en la que Castilla y León es un líder histórico, con una potente patronal (Apecyl) cuyo secretario es Eugenio García Tejerina, hermano de la exministra de Agricultura con Rajoy y hoy consejera de Iberdrola, Isabel García Tejerina. 

En concreto, el texto actualiza los importes por aerogenerador y se incorporan dos nuevos tramos de 14.000 y 16.000 euros por unidad para las máquinas de mayor potencia. Además, se elimina la exención total durante los primeros cinco años de funcionamiento. El periodo de exención se limitaría al año de puesta en marcha y al siguiente.

Para justificar la inclusión de la energía solar en este gravamen, la propuesta alude a “la neutralidad y el respeto al principio de igualdad del texto vigente, ante actividades que persiguen el mismo objeto económico y que son generadoras, igualmente, de efectos adversos sobre el medio ambiente”, y esgrime el principio de que “quien contamina, paga”. 

Recuerda la posición de Castilla y León como región “líder en la producción de energía renovable, que exporta mucho más de lo que consume y cuyos ciudadanos soportan las externalidades que provocan estas actividades”.

El Proyecto de Ley también introduce un nuevo impuesto para los “elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas”, dado que “resulta patente a la ciudadanía que están generando costes sociales y medioambientales” mediante la “generación de afecciones e impactos visuales y ambientales adversos [...] que alteran el entorno natural, el paisaje, la flora y la fauna animal”.

Los ingresos procedentes del impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos, por los parques fotovoltaicos, por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y por los elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas “se afectarán a la financiación de los programas de gasto de carácter medioambiental y de eficiencia energética que se determinen en las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad”, reza la propuesta del Gobierno castellano-leonés. 

El nuevo impuesto a la fotovoltaica en Castilla y León llega después de que en sus acuerdos de gobierno en Aragón y Extremadura el PP y Vox pactaran “emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos”. La propuesta fiscal de la Junta ha puesto en guardia a la patronal fotovoltaica UNEF, que este mismo miércoles recordaba que sin esta fuente la electricidad en España “sería un 86% más cara”. La fotovoltaica “ha ahorrado más de 17.000 millones de euros en el mercado eléctrico español en solo 18 meses”, según cálculos de UNEF.