“Prioridad nuclear del uranio ruso”: las promesas antirrenovables del PP y Vox en Aragón y Extremadura

El sesgo antirrenovable de los acuerdos del PP y Vox para gobernar en Extremadura y Aragón ha puesto en guardia al sector de las energías limpias. A la espera de otro posible pacto en Castilla y León, los acuerdos en materia de energía han pasado bastante desapercibidos tras la polvareda levantada por la llamada “prioridad nacional” en el acceso a los recursos públicos. Pero, sin que se hayan concretado todavía, han encendido las alarmas en todas las patronales consultadas.

Los pactos para investir a los populares María Guardiola y Jorge Azcón con el apoyo de la ultraderecha contienen cláusulas prácticamente idénticas con “el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional -incluidas vías pecuarias- y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural”. Las “primeras medidas” deben aprobarse este año.

“El desarrollo energético debe compatibilizarse con la protección del territorio y los usos y costumbres del campo, la actividad económica del sector primario y la conservación del medio natural, considerando todos estos factores como criterios condicionantes o, en su caso, excluyentes”, dicen esos acuerdos, cuyo cumplimiento “íntegro” exigió este miércoles Vox en la investidura de Azcón. En Extremadura prometen “blindar” la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

Como ironiza un ejecutivo del sector, “en energía no hay prioridad nacional, sino prioridad nuclear del uranio ruso”. Pedro Fresco, director general de la patronal valenciana de renovables Avaesen, señala que “no sabemos aún en qué se convertirá esta dialéctica” que “en todo caso, es claramente anti-renovables”. “Tiene toda la pinta de que es una exigencia desde Madrid; si no, no serían dos textos tan parecidos”.

“Estamos esperando a ver la concreción” y que se forme gobierno “para solicitar una entrevista e intentar comprender cómo se va a articular”, dice al teléfono el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, que reconoce su preocupación y comparte que esos acuerdos priorizan “al uranio ruso o al petróleo de Irán”.

España importa todo el uranio enriquecido que consumen sus nucleares. Un 40% viene de Rusia, como explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, cuando compareció por el histórico apagón eléctrico del que acaba de cumplirse un año.

“Ninguna racionalidad”

Estos pactos “pueden traducirse, en su aplicación práctica, en trabas reales al desarrollo de las energías renovables”, advierte José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que cree “importante” proteger “los suelos de alto valor natural, los espacios con usos tradicionales y aquellas zonas donde la actividad agraria tenga un papel económico, social o ambiental relevante”, pero “con criterios técnicos, proporcionados y compatibles con otros objetivos estratégicos del país, como la electrificación, la independencia energética, la competitividad industrial y la lucha contra el cambio climático”, añade.

El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, recuerda que los compromisos de España con la UE “establecen una senda clara de incremento de la capacidad renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la seguridad energética”. “Los programas electorales y las hojas de ruta de los distintos partidos, así como los acuerdos entre formaciones políticas, deberían situar, como uno de los pilares de su estrategia energética, el despliegue eólico —al margen de posicionamientos ideológicos— como palanca de seguridad y competitividad nacional, para generar electricidad competitiva y libre de emisiones, atraer inversión y fortalecer el tejido industrial y el empleo”.

“Es absurdo, es como si fuera una emergencia nacional” cuando “no hay ninguna racionalidad detrás”, dice el director de UNEF.

“No deberíamos enfrentar al sector primario con el sector renovable. Existen suelos agrarios que no están siendo explotados, terrenos con baja productividad o espacios donde los proyectos renovables pueden convivir con la actividad agrícola, ganadera o industrial. Una regulación excesivamente restrictiva, aplicada de forma generalizada, puede acabar bloqueando oportunidades de inversión, empleo y desarrollo rural precisamente en territorios que necesitan nuevas fuentes de actividad económica”, avisa el director de APPA.

La andanada de PP y Vox llega cuando la energía limpia se ha mostrado clave para proteger a España de la onda expansiva de la actual crisis energética mundial, “más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”, según el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

Pese al cierre del estrecho de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta, España está más protegida que otros países gracias a las renovables, como han reflejado recientemente medios de referencia como New York Times. Financial Times, el diario económico más influyente del mundo, glosó en marzo el “modelo” español para protegerse de shocks petroleros como este.

Este miércoles, en una conferencia con analistas para presentar los resultados trimestrales de Iberdrola, su presidente ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán, recalcó “la autonomía energética” que proporcionan las fuentes autóctonas “en la seguridad nacional”. Está, dijo, en la agenda de todos los países europeos, aunque el ejecutivo incluyó a las nucleares, como Almaraz, cuyo primer accionista es la primera eléctrica española.

El director general de UNEF cree que con esas promesas, derecha y ultraderecha “están agitando un problema que no existe” y se pregunta “cuál es el interés” que hay detrás. “A nivel global, todo el desarrollo fotovoltaico se puede hacer con 0,03% del territorio”. “No hay una contraposición entre territorio agrícola y fotovoltaica”, insiste Donoso, que cree que “el problema” del campo “es el abandono por falta de rentabilidad de los cultivos”, no la instalación de renovables.

“Se puede seguir usando el 99,7%” del terreno. “Estamos dejando rentas a los propietarios que sin tener en cuenta el efecto inducido que tiene todo ese gasto suponen 100 millones de euros cada año para Extremadura”, solo en impuestos a ayuntamientos y pagos de alquileres del terreno, al margen de los puestos de trabajo que se generan.

Para el director general de AEE, “planteamientos que abogan por impedir la implantación de proyectos renovables en suelos productivos o de uso tradicional no se ajustan a la realidad del desarrollo eólico ni al propio marco regulatorio vigente. La eólica es, por definición, una tecnología compatible con el uso agrario del suelo, permite la continuidad de actividades como la agricultura y la ganadería y genera rentas adicionales para el territorio. Nunca sustituye usos, los complementa”.

Desarrollar un parque eólico en España implica plazos de tramitación que pueden superar siete años, más que otros países europeos, recuerda Márquez. Los proyectos deben cumplir un marco regulatorio “exigente”, tanto si dependen de la administración autonómica (hasta 50 MW) como estatal (más de 50 MW), “incorporando distintos hitos con evaluaciones técnicas, ambientales y sociales. Este marco extremadamente garantista asegura la compatibilidad de las instalaciones con los usos tradicionales del territorio, como la agricultura, la ganadería o el turismo, y asegura que no se autoricen proyectos que puedan afectar al patrimonio cultural o natural”.

“Planificación rigurosa”

Para Márquez, “introducir criterios excluyentes de carácter general o restricciones indiscriminadas no solo resulta contradictorio desde el punto de vista normativo”. “Puede comprometer el cumplimiento de los objetivos energéticos, frenar inversiones estratégicas y limitar oportunidades de desarrollo económico en el medio rural. La clave no reside en prohibiciones genéricas, sino en una planificación rigurosa, basada en evidencia técnica, que permita compatibilizar el despliegue renovable con la protección del territorio y el mantenimiento de sus usos tradicionales. Establecer territorios prohibidos frente a otros no hace sino desequilibrar el progreso económico y la vertebración del país”.

El director de APPA advierte: “Desde un punto de vista nacional, las comunidades autónomas son libres de impulsar las políticas que consideren oportunas dentro de sus competencias. Pero también lo son las empresas a la hora de decidir dónde invierten. Y, en un contexto de fuerte competencia territorial, la inversión tenderá a dirigirse hacia aquellas regiones que ofrezcan mayor seguridad jurídica, menos trabas administrativas y una visión más equilibrada entre protección del territorio y desarrollo”.

Su homólogo de AEE reclama “avanzar hacia una mayor agilidad administrativa, con unidad de criterios técnicos entre Administraciones, reduciendo cargas burocráticas sin menoscabar las garantías ambientales”, y “estrategias que pongan en valor el impacto económico local de los proyectos, impulsen la electrificación de la economía y aseguren un desarrollo equilibrado, compatible con la biodiversidad y el arraigo territorial”.

El director de UNEF recuerda que “el año pasado el 25% de todas las peticiones de demanda” para conectar nuevas industrias o centros de datos, con 5.611 MW de puntos de conexión, “fueron a Extremadura, cuando solo tiene el 2% de la población”. Esta región es la tercera de España con más potencia fotovoltaica de España, 8.757 MW (16% del total), solo superada por Andalucía (24%) y Castilla-La Mancha (28,5%). Aragón, con 4.072 MW fotovoltaicos, es la segunda con más potencia eólica (6.155 MW), tras Castilla y León.

Este sector, subraya Donoso, “es un motor de desarrollo que se quiere evitar”. “Están haciendo una puñeta al país, porque necesitamos esa energía, pero también al mundo rural”.

Grandes proyectos

Se desconoce qué impacto tendrán estas promesas en grandes proyectos industriales vinculados a las renovables anunciados en los últimos años en Extremadura y Aragón, como la famosa planta de diamantes en Trujillo de la estadounidense Diamond Foundry, participada por el actor Leonardo DiCaprio, que tiene concedidas subvenciones de 81 millones de euros, aprobadas por la Comisión Europea por su “alineación con los objetivos estratégicos de la UE en creación de empleo, desarrollo regional y transición ecológica”.

Esa planta es complementaria a la inversión de 1.000 millones de Diamond Foundry que Azcón anunció en febrero para fabricar chips y componentes tecnológicos en Zaragoza.

La china Envision proyecta desde hace años una fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres), financiada parcialmente con el PERTE-vehículo eléctrico, y Hunang Yuneng ya ha adquirido terrenos en Mérida para una factoría de cátodos eléctricos para baterías, con subvenciones de 23 millones vinculados a ese PERTE.

El martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, advirtió de que “ya estamos viendo” un retroceso en las políticas ambientales con los acuerdos autonómicos del PP y Vox, que en Extremadura va a asumir la vicepresidencia y las consejerías de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y la de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Aagesen ve “una temeridad” una agenda “negacionista que desprotege a la ciudadanía”. “La agenda verde viene cargada de oportunidades” y “lo que están haciendo es profundamente irresponsable”.