Un país de proletarios donde ganan los propietarios

Primera consideración: Junts se ha erigido en el partido que defiende los intereses de los propietarios. Eso no significa que no esté dispuesto a avalar algunas medidas que ayuden a los inquilinos, pero, si hay que escoger, antepondrá siempre las que no perjudiquen a los rentistas. Sumar también lo sabía cuando planteó el decreto de alquileres.

Segunda consideración: llamar “racista” y “clasista” a un partido cuando a la vez, se intenta convencerlo de que vote a favor de una propuesta no parece la estrategia más acertada. Yolanda Díaz consiguió enfadar, y mucho, a Junts, mientras en Sumar y en las filas socialistas intentaban calmar, sin éxito, a los de Puigdemont.

Tercera consideración: por más que se logre reconducir más adelante, la votación del decreto de alquileres demuestra, una vez más, que ni existe una mayoría estable en el Congreso ni mucho menos podría calificarse de progresista, aunque se la bautizase así. Como mucho, es una coalición de intereses cada vez menos compartidos.

Con estas premisas, que sirven para cualquier debate sobre vivienda, y para intentar salvar el decreto, Sumar propuso bonificar a los propietarios afectados por la prórroga de contratos y bajar el IVA para los autónomos, tal y como reclama Junts. No era una mala transacción, pero aquí faltaba el apoyo de la parte socialista, esto es, del Ministerio de Hacienda. De momento, según lamenta Sumar, no lo ha habido.

El decreto obligaba a los caseros a aceptar la prórroga obligatoria sin subidas de precios más allá del 2% para los inquilinos durante los próximos dos años. Al menos eso es lo que Sumar había prometido, porque está por ver qué pasará en el caso de aquellos que habían enviado el burofax aunque su contrato no terminara ahora. Hay abogados que pronostican que la última palabra la tendrá un juzgado. Si algo hay que exigirle siempre al legislador es que las normas comporten la mayor seguridad jurídica para los ciudadanos, sean inquilinos o arrendadores. Es evidente que esta vez no ha sido así.

En Un metro cuadrado (Libros del Asteroide), la periodista y escritora Llucia Ramis recuerda que el 2 de mayo de 1959, el diario ABC titulaba: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. Era una frase del entonces ministro de Vivienda, José Luis de Arrese. Se abogaba por un modelo en el que cada español se convirtiera en propietario. Y Arrese añadió: “No queremos, y lo consideramos un mal (aunque a veces sea un mal necesario), que la construcción derive de un modelo colectivo hacia el arrendamiento”. Debates como el de este martes en el Congreso parecen darle la razón. Por triste e indignante que sea, a estas alturas.

Los datos demuestran cómo la vida de la mayoría de inquilinos es la de unos nómadas obligados. Más del 60% de los de Madrid se mudaron al menos una vez en el último lustro. En Barcelona, el porcentaje es del 80%, según los datos que recoge Ramis en su documentado ensayo. Otra cifra a retener: tres de cada cuatro desahucios son por no pagar el alquiler. La extrema derecha, y ahora también la derecha, los denosta con el calificativo de “inquiokupas”, cuando en realidad son desalojos que se explican por el alto porcentaje de arrendatarios en situación de pobreza.

En el decreto que este martes se tumbó no se desprotegía a los pequeños propietarios, como argumentó Junts. Gabriel Rufián se lo afeó mientras mostraba un billete de 50 euros: “Esta es su bandera”, les espetó el diputado republicano.

Pese a que ya sea habitual, y aunque coincidiera también con sesión en el Senado, ver los escaños del Gobierno vacíos, con solo la presencia de Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun, todos de Sumar, resume bien la importancia que se le daba a este decreto. Lo mínimo hubiese sido estar en el hemiciclo, por respeto a los miles de inquilinos que aspiran a una prórroga en su alquiler.