Sánchez ordena a los suyos no dejarse arrastrar por la agenda judicial y trata de encajar el daño por las joyas de Zapatero

Jueces, fiscales, abogados y policías convertidos en auténticos protagonistas de la vida pública. Está pasando. La acreditada sinergia entre togados y periodistas para la filtración de sumarios —bajo secreto o no— y actas judiciales copan las principales portadas mientras el Gobierno se desespera ante una sucesión de noticias adversas que a diario caen como auténticas bombas de racimo en La Moncloa. Cuando no es una derivada del comando Leire Díez, es un nuevo auto sobre la investigación de Zapatero, una nueva imputación o un informe de la Guardia Civil. 

La mini tregua política y judicial por la visita del Papa ha terminado. De hecho, no había puesto aún León XIV, el pasado viernes, un pie en el avión pontificio de regreso al Vaticano, cuando una tromba de decisiones judiciales, titulares, citaciones y comparecencias retumbaba de nuevo en las paredes de La Moncloa. Una tras otra: que si el juez del caso Plus Ultra abre una pieza separada para investigar a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas halladas en su despacho; que si el informe pericial sobre cada una de las piezas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno ha valorado la colección en 1.323.915 euros; que si el PP llama a declarar en el Senado a la fiscal general del Estado por las reuniones de la mano derecha de Álvaro García Ortiz con Leire Díez; que si la autoridad disciplinaria del Poder Judicial propone de nuevo archivar las quejas de Bolaños contra Peinado…

No hay descanso para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha ordenado a los suyos no dejarse arrastrar por la agenda judicial ni por la “ansiedad mediática” mientras trata de encajar el daño ya infligido por la tasación de las joyas que Zapatero guardaba en una caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz. En el fondo, muy pocos creyeron en la valoración entre 30.000 y 50.000 euros que el portavoz oficioso del expresidente, Luis Arroyo, trasladó a la opinión pública en una ronda de entrevistas en varios medios de comunicación. Las imágenes hablaban por sí solas y lo que mostraban no era ni bisutería ni bagatela. Tras el peritaje judicial, de hecho, el juez ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a Zapatero por delito fiscal y contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en su despacho.

“Mantenemos el apoyo al presidente, a la espera de escuchar sus explicaciones ante la Audiencia. Máxima prudencia en un procedimiento en el que la defensa tiene serias dudas sobre la legalidad en la obtención de las pruebas que han servido para incriminar al expresidente”, aseguran en el equipo de Sánchez. En efecto, el letrado ha hecho llegar al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un escrito en el que plantea dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra. Y relaciona el auto del juez Calama por el que ha emitido una comisión rogatoria a EEUU con el objeto de tener el consentimiento de ese país para poder usar como fuente de prueba ante un eventual juicio penal esas conversaciones del empresario. Conversaciones que fueron determinantes tanto para la imputación del expresidente como para las entradas y registros llevados a cabo por agentes de la UDEF.

“Hablamos de palabras mayores si se acredita que se han vulnerado los derechos constitucionales de Zapatero y se declara la nulidad del procedimiento”, añade un ministro del PSOE. Una opinión en la que convergen varios de sus compañeros del Consejo de Ministros que, por otra parte, como Sánchez son conscientes de que “el daño político ya está hecho”. 

Un perjuicio que, en todo caso, “no debe llevarnos al flagelo”, añade otro ministro que defiende que “Zapatero no ha hecho nada distinto a lo que hacen Felipe González o José María Aznar, con la salvedad de que a ellos no les ha investigado nadie”. Quien así habla es de los convencidos de que existe una campaña coordinada contra el Gobierno de la derecha política, judicial y mediática, pero también de que si “el expresidente acredita que esas joyas fueron un regalo que recibió antes del 2020, el delito que se le imputa incluso habría prescrito”. ¿Contrabando?, se pregunta el mismo interlocutor. “Feijóo veraneaba con un contrabandista y no le ha pasado nada”, se responde.

Torró y la investigación del PSOE

En esta misma línea, Sánchez ha dado instrucciones para separar la agenda judicial de la de Gobierno y no dejarse arrastrar por el desarrollo de los procedimientos en una semana que se presenta igual de aciaga para los socialistas que las anteriores. Y que el PSOE afronta desde el lunes con una rueda de prensa de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, tras la reunión de la Ejecutiva Federal, para dar detalles sobre la investigación interna realizada como consecuencia del caso Cerdán y el comando Leire.

Si el próximo lunes el juez Peinado ha citado a Begoña Gómez para una audiencia preliminar bajo amenaza de que si no acude puede ser conducida por la “fuerza pública”, el martes tendrá que declarar la directora general de la Guardia Civil en el Senado por el “caso Leire”. El PP reclama su testimonio tras el informe de la UCO que desveló que se había reunido al menos en tres ocasiones entre septiembre de 2024 y abril de 2025 con la exmilitante del PSOE. El miércoles, tras la habitual sesión de control al Gobierno, también comparecerá el ministro del Interior en el Congreso. La Audiencia Nacional ha habilitado miércoles y jueves para la declaración de Zapatero ante el juez Calama. Y el viernes, en el Senado, comparecerá la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Todo en la semana en la que, probablemente, se conozca también la sentencia sobre el caso Ábalos/Koldo.

Aunque el ministro Óscar López recordó esta semana que “la justicia no gobierna y quien gobierna es el Gobierno”, en estos tiempos nadie podrá negar que la oposición a Sánchez está en los tribunales, no en el Parlamento. Y que sin las togas, hoy Feijóo no sería nadie.