Sánchez llega al último tramo de mandato sin Presupuestos, con escasas certezas y con los tribunales marcando el paso

El Congreso echa el cierre hasta septiembre y, pese a los profetas del Apocalipsis, a la vuelta del verano la legislatura seguirá adelante. Con más ruido, seguro que con nuevos autos judiciales y con un Gobierno en minoría, pero dispuesto a llegar hasta final de mandato, salvo inesperado cambio de tercio en un Pedro Sánchez que si de algo sabe es de resistencia. Sin Presupuestos, con escasas certezas y con los tribunales marcando el paso, el presidente del Gobierno está decidido a seguir y hacer caso omiso de quienes desde la oposición ven en el verano solo la prórroga de una agonía que acabará en un abrupto final más pronto que tarde.

Sea como fuere, Sánchez encara los últimos meses de una legislatura en la que, con una aritmética parlamentaria que nunca le dio una mayoría cómoda, ha tenido que sudar hasta la última coma de cada iniciativa. Pese a ello, ha sostenido el Estado del Bienestar a golpe de decreto, negociado voto a voto cada convalidación frente a un bloque de derechas –PP, Vox, Junts– dispuesto a tumbar por sistema cualquier proyecto aunque tuviera como propósito aligerar los problemas de los ciudadanos, como ha ocurrido con la prórroga de los contratos de alquiler.

¿Recuerdan? El Gobierno la aprobó por decreto en marzo para proteger a los inquilinos frente a la escalada de precios y la vio caer un mes después por el rechazo conjunto de PP, Vox y Junts, que antepusieron sus intereses partidistas, y los de los grandes propietarios, a la protección de cientos de miles de familias. Lejos de rendirse, el Ejecutivo trabaja ya en una versión ampliada, con nuevas garantías para el alquiler de temporada y de habitaciones, y negocia otra vez con los grupos parlamentarios en busca de apoyos antes de someterla de nuevo a votación.

El mismo patrón explica la caída de otros decretos, como el que buscaba topar los precios de bienes básicos ante situaciones de emergencia como la dana de Valencia o la tragedia de Adamuz. También el de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social, que incluía la prórroga de medidas contra la vulnerabilidad social y las ayudas al transporte de viajeros que decayó en enero de 2025, igual que el impuesto temporal a las energéticas.

La otra cara de la moneda es que, pese al bloqueo constante, el Gobierno sí ha logrado convalidar decenas de decretos anticrisis que llegaron a buen puerto, como la revalorización de las pensiones, las medidas para amortiguar el golpe energético de la guerra en Oriente Medio o la de Movilidad Sostenible, la de agentes forestales y bomberos o la de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. También han sido aprobadas las leyes para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la que regula los servicios de atención a la clientela, la de la economía social, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o la que prohíbe las terapias de conversión, una demanda histórica del movimiento LGTBI que ninguna mayoría de derechas habría sacado adelante.

Pese a la estrategia de obstrucción y crispación del PP, en cumplimiento estricto de un programa que tiene como capítulo único el 'antisanchismo', el Ejecutivo ha aprobado desde que arrancó la legislatura, dos modificaciones constitucionales (del artículo 49 y el apartado 3 del 69), 32 leyes y convalidado 40 decretos ley. Todo en un contexto en el que cada votación parlamentaria se celebra como una victoria de la negociación frente al ruido.

La economía como motor del mandato

Pero si algo desmiente el relato de parálisis que intenta imponer la oposición son los datos económicos, después de que el Gobierno haya revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB para 2026 hasta el 2,6% -muy por encima de la media europea. El mercado laboral es, probablemente, el mayor éxito de esta legislatura, con una afiliación que se mantiene en máximos históricos y un paro registrado que ha bajado de los 2,3 millones de personas, la prueba más evidente de que la reforma laboral de 2022 sigue dando resultados años después de su aprobación, a pesar de los agoreros.

“El hecho de que España lidere el crecimiento entre las grandes economías europeas, en plena inestabilidad parlamentaria, es la mejor demostración de que la gestión económica y la fragmentación política pueden convivir sin que la primera se resienta”, se vanagloria un miembro del equipo económico de Sánchez.

Desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz defienden que en estos últimos tres años “se ha gobernado para quien más lo necesita y dejado un balance concreto, que se puede contar norma por norma: se ha vuelto a subir el salario mínimo, se han ampliado los permisos de crianza para que criar no sea un lujo ni un castigo y ha salido adelante el Estatuto del Artista, la primera gran reforma laboral de la cultura en toda la democracia”. Es más, “cuando la DANA partió el corazón del país en 2024, se legislaron permisos climáticos para que nadie tuviera que elegir entre ir a trabajar o ponerse a salvo”, aseguran desde el gabinete de la vicepresidenta segunda.

Hay además 2 reformas ya aprobadas en Consejo de Ministros que ahora deben recorrer su trámite en el Congreso, que son la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que actualiza treinta años después una norma de 1995 para incorporar la salud mental y los riesgos psicosociales, y el Estatuto del Becario, que ha superado ya su segunda vuelta y busca terminar con la figura del falso becario. Todo mientras las derechas han dejado constancia, añaden los mismos interlocutores, “que están dispuestas a bloquear lo que sea con tal de que nada cambie. Se bloqueó en el Congreso la reducción de jornada, una medida que comparten dos de cada tres españoles, que afecta a 12 millones de trabajadores y que era el avance más importante en la jornada laboral desde los años ochenta”. Lejos de tirar la toalla, Yolanda Díaz redoblará esfuerzos para en septiembre volver a la carga con el registro horario para acabar con las 2,5 millones de horas extras no retribuidos que se trabajan y no se cobran cada semana en nuestro país.

La voz europea más clara contra el genocidio

En el plano exterior, España ha demostrado que se puede ser un socio fiable de la OTAN sin ceder a la lógica del rearme desbocado que reclamaba Donald Trump. Frente al objetivo del 5% del PIB en gasto militar, Sánchez negoció una excepción que “salvaguarda la soberanía española”, en sus propias palabras, cumpliendo con los compromisos reales de capacidades militares —en torno al 2%— y sin embarcarse en una carrera armamentística que hubiera detraído recursos del Estado del Bienestar del entorno de los 5.000 millones de euros.

Pero si hay un terreno en el que el Gobierno de Sánchez ha marcado la diferencia en Europa y ha sido aclamado en el mundo fue por su posición en Gaza. Mientras buena parte de los gobiernos europeos se limitaban a declaraciones tibias, España fue el primer país en consolidar por ley un embargo total de armas a Israel, prohibir el tránsito de buques y aviones con material militar o combustible para sus fuerzas armadas, vetar la importación de productos de los asentamientos ilegales y triplicar la ayuda humanitaria a la población palestina hasta los 150 millones de euros. Algo que, en palabras de sus colaboradores, le ha convertido en “la voz europea más clara y consecuente frente al genocidio, además de en líder moral que la historia probablemente le reconocerá mejor que la política doméstica del día a día”.

El desafío de los Presupuestos

No todo, claro, es motivo de celebración porque, a punto de entrar en el tercer trimestre de 2026, Sánchez llega al final del actual curso político con las cuentas de 2023 prorrogadas por tercera vez, y no por falta de voluntad, sino porque carece de apoyos para sacarlas adelante. Los intereses partidistas de los socios y la cercanía de las elecciones han convertido en un imposible la aprobación de los Presupuestos para 2027, aunque ya hayan empezado los trámites para tramitarlos en Consejo de Ministros y, después, enviarlos al Congreso. Un último intento, con más voluntad que posibilidad de aprobación, y que Sánchez presentará sin duda como reclamo de su apuesta por la política social, la vivienda como prioridad y su compromiso de seguir la senda de reducción del déficit y la deuda pública.

Aunque con el presidente del Gobierno, cualquier escenario es posible, si la negociación de las cuentas públicas fracasara, el propio calendario político podría precipitar unas elecciones, algo que no se descarta siquiera en los despachos de La Moncloa, donde hay quien baraja incluso finales de febrero o principio de marzo como posible fecha para las generales. Con Sánchez, todo es posible y también todo pronóstico es susceptible de yerro.

Mientras Sánchez deshoja la margarita sobre cuándo llamar a las urnas, en paralelo avanza la reforma de la financiación autonómica, un empeño del Gobierno progresista, que busca cumplir con el compromiso adquirido con sus socios de investidura, acabar con un modelo que caducó hace una década e incrementar los recursos de las comunidades con más de 20.000 millones de euros adicionales. Una lluvia de millones que se traduciría en más sanidad, más educación y más dependencia, pero que las comunidades gobernadas por el PP han decidido rechazar por puro cálculo electoral y porque el sistema fue fruto de un acuerdo previo y bilateral con ERC, como lo fueron por cierto todos los modelos anteriores. Que la reforma llegue a buen puerto en lo que resta de legislatura es otro imposible al que se enfrenta Sánchez porque, como dicen los socialistas, “la derecha no parece dispuesta tampoco en esto a anteponer el interés general al puro desgaste del Gobierno”. Tampoco el independentismo.

De hecho, el horizonte judicial de la amnistía volverá a marcar el pulso de la deteriorada relación con Junts, donde están a la espera de que el Tribunal de Cuentas y el Supremo apliquen la norma después de que esta haya pasado el filtro del Tribunal de Luxemburgo, pese haber sido denostada como un supuesto ataque al Estado de Derecho y a la Constitución por el PP y Vox.

La ley ha sido avalada por la Justicia europea tras confirmar que la malversación puede quedar cubierta por el perdón, ya que no afectó a fondos comunitarios. Ahora, el Tribunal Constitucional estudiará a partir de septiembre el recurso de Jordi Turull, primer paso de un proceso que previsiblemente despejará también la situación de Puigdemont, en un ejercicio de aplicación efectiva de lo que Europa ya ha dictado. Hasta que eso no ocurra, los junteros, que ya dieron por rota la colaboración con el Gobierno y por agotada la legislatura, no tienen intención de apoyar nada que venga del Gobierno, si bien hay ministros que confían en que la situación pueda revertirse en los próximos meses y antes de que los Presupuestos se sometan a votación.

El pronóstico de los más optimistas se sostiene en la negativa de Junts a apoyar una moción de censura junto a PP y Vox –“no estamos aquí para poner y sacar gobiernos”, ha llegado a decir la portavoz parlamentaria, Myriam Nogueras–, lo que confirma que, pese a la ruptura formal con el PSOE, ni el independentismo más beligerante con Sánchez está dispuesto a entregar el Gobierno de España a la derecha y la ultraderecha. Una prueba, asegura un ministro socialista, de que el bloque de la investidura, “con todas sus tensiones, sigue funcionando como cordón sanitario frente a una coalición PP-Vox que la mayoría social sigue sin querer”. Eso sí, los intereses electorales de Junts en Catalunya, el trasvase de votos de su formación a Aliança Catalana y la normalidad institucional que se vive con Salvador Illa en la Generalitat, tampoco son un aliciente para que los de Puigdemont vuelvan a colaborar con el Gobierno de Sánchez. Todo lo contrario.

La judicatura, un actor político

El relato de la actual legislatura y el horizonte que Sánchez tiene por delante no estaría completo sin recordar hasta qué punto una parte de la judicatura se ha convertido en un actor político más con investigaciones que, alimentadas por denuncias de plataformas ultras, se prolongan durante años sin que aparezcan pruebas concluyentes.

El caso de Begoña Gómez es el más paradigmático: dos años de instrucción del juez Juan Carlos Peinado, con decisiones —registros anulados o sobreseimiento de otras piezas— que la propia Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que corregir en repetidas ocasiones, y que llega ahora a su recta final justo cuando el instructor se jubila forzosamente el 27 de septiembre, después de dictar el auto de juicio oral y decidir que sea un jurado popular quien dicte el veredicto, quizá en plena campaña electoral.

Y, luego, está el llamado caso Leire, la investigación en la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE y la ofensiva que la derecha ya ha hecho de ambos antes de que exista un solo hecho probado en sentencia firme mientras no ha dicho una palabra sobre el juicio del caso Kitchen —el espionaje parapolicial ordenado desde el Ministerio del Interior del PP para destruir pruebas de su corrupción y construir otras falsas sobre sus adversarios políticos, que sigue pendiente de sentencia diez años después de haberse producido.

También la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional por nueve delitos, ha hecho mella en el Gobierno y en el PSOE. El expresidente no era cualquiera para la familia socialista, sino un activo político y electoral al que Sánchez recurrió en 2023 para levantar la campaña electoral y que difícilmente volverá a hacerle de telonero en sus mítines por más que el presidente no tenga intención de soltarle de la mano mientras no se demuestre su culpabilidad. Y eso que el Gobierno se divide hoy entre quienes siguen sin motivos para desconfiar en quien gobernó España entre 2004 y 2011 y quienes consideran que en algún momento habrá que marcar distancias si las dudas persisten. Sus explicaciones ante el juez y en una entrevista con RTVE no fueron suficientes ni siquiera para los convencidos de que la justicia no actúa igual para todos y de que hoy es un sector de la judicatura en quien el PP ha delegado la labor de oposición.

Víctimas o no de una ofensiva en la que denuncian una doble vara de medir de algunos togados y algunas instrucciones con motivaciones políticas, el Gobierno ha impulsado la reforma más ambiciosa de la Justicia en más de un siglo con una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, aunque el Gobierno de Rajoy impulsó con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia una propuesta casi idéntica para trasladar la instrucción penal a los fiscales, blindar el mandato del fiscal general frente a los ciclos electorales y limitar el uso partidista de las acusaciones populares, la norma tiene escasos visos de ser aprobada. El proyecto salió ya del Consejo de Ministros y fue remitido a las Cortes, pero la resistencia corporativa del sector judicial conservador en sincronía con el PP lo convertirá seguramente en otra ocasión perdida para acabar con una Justicia que se rige por una norma de 1882.

Y otro gran reto pendiente es la renovación efectiva de la cultura que rige en el Consejo General del Poder Judicial porque aunque fue renovado en esta legislatura, tras años de bloqueo del PP, el Gobierno admite que aún es necesario avanzar en su despolitización y en su capacidad para depurar responsabilidades frente a actuaciones judiciales cuestionables.

El indulto a García Ortiz

El caso del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz es, para buena parte de la carrera judicial y de la izquierda, un ejemplo de cómo un sector de la judicatura ha ido mucho más allá de lo razonable después de condenar sin pruebas a alguien por un delito de revelación de secretos. De ahí que varios particulares hayan pedido el indulto parcial tras alegar que la condena por revelar datos del novio de Ayuso ya eran de dominio público y que le ha acarreado unas consecuencias personales y profesionales desproporcionadas.

“Que la oposición y ciertos medios quieran presentar cualquier gesto de clemencia como un ataque al Supremo dice más de su estrategia de permanente escándalo que del fondo del asunto”, aseguran fuentes gubernamentales. Y es que el indulto es una figura jurídica plenamente constitucional, prevista desde 1870, y su eventual concesión no cuestiona la sentencia, sino que atiende a las circunstancias personales del condenado, como ocurre en tantos otros procedimientos muchos menos mediáticos.

La decisión del indulto llegará también previsiblemente a la vuelta del verano, como tantas otras porque la legislatura continúa. ¿Hasta cuando? Hagan sus apuestas.