Las secuelas de los terremotos de Granada agotan a los vecinos: desalojos sin fecha y daños en los edificios
Han pasado tres semanas desde que dos terremotos de magnitud 4,8 sacudieron Granada en apenas cuatro días y pusieron a prueba a una ciudad acostumbrada a convivir con los seísmos. El enjambre sísmico continúa, aunque los temblores ya no forman parte de la conversación cotidiana como lo hicieron a mediados de agosto. Pero para algunos vecinos del Zaidín, el terremoto sigue estando muy presente.
Hay familias que todavía no han podido regresar a sus viviendas, personas que duermen en casas de familiares y vecinos que aseguran seguir sin saber cuándo podrán volver a entrar en sus casas o qué ocurrirá con unos edificios que ya arrastraban problemas desde mucho antes de que la tierra comenzara a moverse. A la espera de que las reparaciones y las posibles soluciones integrales se concreten, la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un paquete de siete millones de euros para las incidencias ocasionadas por la serie sísmica entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre.
En la avenida de Dílar, en la calle Navarra y en otros puntos de Santa Adela-La Cruzada, las grietas y los daños han convertido el regreso a casa en una incógnita. Algunos vecinos reclaman informes técnicos por escrito que determinen si sus viviendas son seguras; otros miran hacia un proyecto de renovación urbana que lleva décadas pendiente y que ahora vuelve a aparecer como una posible solución para los edificios más deteriorados. Mientras tanto, Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía y Gobierno central reivindican las medidas adoptadas y las ayudas activadas, y la oposición municipal reclama más rapidez y coordinación. Tres semanas después, el terremoto puede haberse alejado de las calles, pero para quienes siguen fuera de sus casas, la emergencia todavía no ha terminado.
En otros puntos del área metropolitana, la situación sí ha empezado a desbloquearse. El Ayuntamiento de Las Gabias autorizó este pasado lunes el realojo de las 206 viviendas del Residencial San Francisco II, que habían sido desalojadas preventivamente durante el episodio sísmico. Los vecinos pudieron regresar a sus domicilios a partir de las 16.00 horas, una vez finalizadas las obras provisionales de emergencia y realizadas las correspondientes comprobaciones técnicas.
Los trabajos concluyeron el pasado viernes y durante el fin de semana los técnicos elaboraron los informes que certificaban la seguridad de la actuación provisional. El caso de Las Gabias muestra así una evolución diferente a la de algunos edificios del Zaidín: allí el desalojo ha podido quedar resuelto tras las obras de emergencia y la certificación técnica, mientras que en Granada capital todavía hay vecinos que continúan fuera de sus viviendas y reclaman saber qué actuaciones deben acometerse y cuándo podrán regresar.
Vecinos desalojados
Uno de ellos es Luismi, vecino de la avenida de Dílar 33, uno de los edificios afectados por problemas estructurales. Lleva fuera de su vivienda desde el pasado 15 de agosto y se ha tenido que trasladar temporalmente a casa de su hija. Cinco días después de abandonar su domicilio, asegura que le ofrecieron la posibilidad de acudir a un albergue, pero desde entonces no ha recibido, según relata, nueva información sobre cuándo podrá volver. Tiene una cita prevista para este miércoles, 9 de septiembre, pero hasta entonces la incertidumbre continúa: “Sigo fuera de mi casa, nadie se ha puesto en contacto conmigo y estamos en una absoluta incertidumbre”.
La situación no solo le ha obligado a cambiar de domicilio. Luismi asegura que todavía tiene enseres dentro del edificio y que no puede acceder a ellos por el peligro existente. “Tenemos enseres todavía dentro de ella y no nos dejan sacarlos todavía por peligro”, explica. El vecino describe también el impacto que está teniendo la situación sobre quienes permanecen fuera de sus casas: “Tenemos ansiedad, miedo y un absoluto desamparo”.
El caso de Dílar 33 no es aislado. Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles, explica que desde los terremotos han visitado junto al Ayuntamiento distintos pisos afectados y han hablado con residentes desalojados. Entre los edificios que considera necesario estudiar se encuentra precisamente el número 33 de la avenida de Dílar, además de otros inmuebles de las calles Bernarda Alba y Navarra. La asociación y el Consistorio, señala, están estudiando la posibilidad de buscar acuerdos con promotores privados para abordar una renovación integral y construir viviendas nuevas en aquellos edificios que presenten peores condiciones.
“No es seguro que se vaya a acometer eso”, reconoce Ruiz, que explica que una actuación de ese tipo requiere tiempo. Por eso plantea una solución en dos velocidades: reparar lo necesario para que los vecinos puedan volver cuando los técnicos determinen que es seguro y, paralelamente, estudiar una intervención de mayor alcance en los edificios cuya situación haga poco razonable limitarse a reparar los daños. “Aunque se llegara a un acuerdo para hacer una reparación integral, hace falta tiempo, porque eso no se hace de un día para otro”, apunta.
En la calle Navarra, Esther vive una situación similar. Su edificio, situado en la zona de Santa Adela-La Cruzada y construido, según explica, en los años cincuenta, sufrió daños con los terremotos. Tras los primeros seísmos acudieron bomberos, Protección Civil y voluntarios, pero la vecina asegura que no había recibido la visita de un técnico cualificado que explicara a los residentes el estado del inmueble. Hasta que, recientemente, vio a un técnico municipal en el edificio, se acercó a él y, según su relato, este le comunicó que había que actuar y que podía ser necesario desalojar a los vecinos de la parte izquierda.
“¿No han venido todavía? No, aquí seguimos”, relata Esther. El problema, añade, es que esa valoración no se ha trasladado a los vecinos por escrito. “Estamos reclamando que nos den los informes por escrito”, explica. Para los residentes, contar con una documentación técnica que determine el estado de sus viviendas resulta especialmente importante ante las distintas valoraciones que están recibiendo.
La vecina asegura que el mismo día coincidió en el edificio con un perito del Consorcio de Compensación de Seguros, cuya valoración, según su relato, consideraba los daños leves. Esther teme que una indemnización insuficiente no permita a comunidades con vecinos trabajadores y pensionistas afrontar una reparación que puede requerir una derrama elevada. “Una derrama, a lo mejor, no la pueden poner y el edificio ni se puede arreglar”, sostiene.
Por eso Esther cree que en algunos casos puede resultar más razonable recuperar el proyecto de renovación urbana de Santa Adela-La Cruzada que arrastra el barrio desde hace años. “Hay edificios que están para tirarlos”, afirma. Su propuesta pasa por recuperar aquel proyecto y construir viviendas nuevas y sismorresistentes para los vecinos que necesitan una vivienda digna.
La reivindicación no es nueva. Irene, otra vecina del Zaidín, sitúa el origen del problema en el plan de renovación de Santa Adela y La Cruzada desarrollado entre 2000 y 2005, que contemplaba la demolición y renovación de numerosas viviendas antiguas del barrio. Según explica, más de dos décadas después la transformación sigue lejos de completarse y hubo además un parón entre 2008 y 2022. Los terremotos de agosto han vuelto a poner sobre la mesa, a su juicio, la vulnerabilidad de algunos de esos edificios. “¿Cómo pueden hacer que las personas regresen a sus casas, les pidan que arreglen unos muros de carga que ya están convertidos en arena, y decirles que vuelvan a vivir dentro de su casa?”, plantea. Y lanza una pregunta que resume una de las principales preocupaciones de los vecinos: “¿Qué seguridad proporcionas tú a la gente para que vivan esas viviendas?”.
El Ayuntamiento pide calma
El Ayuntamiento de Granada llama a la calma y sostiene que la respuesta sobre la seguridad de los edificios se está realizando mediante un protocolo específico. Según el Consistorio, los técnicos municipales inspeccionan o reevalúan cada inmueble y las actuaciones se planifican diariamente dando prioridad a las situaciones de mayor riesgo. Cuando un edificio es considerado seguro, los vecinos pueden permanecer o regresar; cuando se determina un desalojo preventivo, Urbanismo comunica la decisión a la Policía Local, que identifica a las personas afectadas y comprueba si cuentan con una alternativa habitacional. Servicios Sociales realiza después el seguimiento de las familias y el Ayuntamiento ofrece alojamiento de emergencia a quienes lo necesiten.
El Consistorio asegura haber realizado 1.289 inspecciones o reevaluaciones de edificios en dos fases: 706 en la primera y 583 en la segunda. También señala que mantiene un dispositivo permanente de evaluación e intervención y que desde el primer momento reforzó Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Urbanismo, Limpieza y mantenimiento. En el propio Zaidín, el Ayuntamiento puso en marcha una Oficina de Información y Asesoramiento en el Centro Cívico, en colaboración con el Colegio de Abogados de Granada. Según sus datos, cerca de 1.800 personas han sido atendidas mediante citas individuales y grupales. También se incorporó atención psicológica, con unas 200 personas atendidas, y se habilitaron plazas de alojamiento de emergencia en Inturjoven para las personas desalojadas.
Es precisamente en este punto donde las versiones de los vecinos y la Administración presentan uno de los principales contrastes. Mientras el Ayuntamiento asegura que existe desde el inicio una solución habitacional para los desalojados y un protocolo para garantizar el seguimiento de cada familia, vecinos como Luismi aseguran que siguen esperando información concreta sobre su regreso a casa.
La oposición municipal considera insuficiente la respuesta. La portavoz socialista, Raquel Ruz, reclama a la alcaldesa, Marifrán Carazo, “certezas, coordinación y rapidez” y sostiene que algunos residentes reciben informaciones diferentes dependiendo del servicio o profesional al que consulten. El PSOE propone que se establezca un plazo máximo de una semana para que las familias dispongan de un informe técnico escrito que determine si pueden permanecer en sus viviendas o deben desalojarlas.
“Ahora mismo no puede ocurrir que una familia reciba informaciones diferentes dependiendo de con quién hable”, denuncia Ruz. La portavoz socialista reclama además que, si los técnicos municipales no son suficientes para cumplir esos plazos, el Ayuntamiento contrate arquitectos y otros profesionales de forma extraordinaria. También considera que los informes son necesarios para tramitar las reclamaciones e indemnizaciones correspondientes ante el Consorcio de Compensación de Seguros y reclama más apoyo presencial para los afectados que tienen dificultades con la administración electrónica. El PSOE extiende la misma crítica a los centros educativos del barrio. El concejal Jacobo Calvo asegura que en los colegios “no tienen ningún papel escrito” y que las evaluaciones se están gestionando telefónicamente, por lo que reclama que los informes técnicos sobre las infraestructuras escolares estén concluidos antes del 10 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a las aulas.
El Ayuntamiento rechaza esa imagen de falta de respuesta y reivindica que ha estado pendiente de la situación desde el primer día, también mediante reuniones con vecinos y otras administraciones que, según el Consistorio, no siempre se han hecho públicas. Además de las actuaciones de emergencia, el equipo de gobierno destaca como medida económica propia la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las reparaciones de daños causados por los terremotos en viviendas habituales y establecimientos donde se desarrolla una actividad económica. Para el resto de inmuebles afectados, la bonificación será del 50%.
Ayudas de la Junta
A la espera de que las reparaciones y las posibles soluciones integrales se concreten, la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un paquete de siete millones de euros para las incidencias ocasionadas por la serie sísmica entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre. Las ayudas, dirigidas a entidades locales, podrán financiar actuaciones de reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración y reposición de infraestructuras e instalaciones dañadas, además de otros gastos vinculados a esas actuaciones. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene previsto anunciar este miércoles nuevas medidas durante su visita a Granada.
El Gobierno central, por su parte, sostiene que las entidades locales pueden recurrir ya al Real Decreto 307/2005 para financiar actuaciones urgentes, como el apuntalamiento de edificios y las medidas necesarias para permitir el realojo. La Subdelegación del Gobierno señala además que durante este mes de septiembre se declarará a los municipios afectados como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, con el objetivo de complementar las ayudas a particulares y entidades locales.
La propia Subdelegación sitúa otra pieza clave en el Consorcio de Compensación de Seguros. Según la información facilitada, el organismo ha movilizado a 250 peritos de toda España y ha recibido ya más de 49.000 solicitudes de indemnización por daños. La cifra engloba las solicitudes recibidas por los daños derivados de estos episodios sísmicos, sin que el dato permita determinar por sí mismo cuántas corresponden a los edificios afectados del Zaidín.
Mientras las administraciones ponen en marcha ayudas y dispositivos, en el barrio persiste otra pregunta: cuánto tiempo puede prolongarse la espera. Para quienes viven en edificios antiguos y dañados, no siempre se trata simplemente de reparar una grieta. Hay comunidades que tienen que conocer el alcance real de los daños, saber qué parte de la intervención corresponde al seguro y determinar si pueden asumir económicamente las obras. Y hay vecinos que, como Luismi, ni siquiera pueden entrar todavía en su casa para recoger sus pertenencias.
Servicios desbordados
La emergencia también dejó al descubierto las dificultades de los servicios encargados de atenderla. Guadalupe Gutiérrez, gestora de emergencias del 112 Andalucía en Granada y delegada sindical, relata que el volumen de incidencias desbordó ampliamente la capacidad habitual del Centro de Coordinación. En condiciones normales, explica, se gestionan alrededor de un centenar de incidencias por turno, mientras que durante los terremotos llegaron a superar las mil en algunos turnos. El 18 de agosto, entre las 10:37 y las 15:00 horas, calcula que entraron entre 700 y 900 casos.
Según su testimonio, en uno de los momentos más críticos solo había dos personas trabajando presencialmente en Granada y una tercera conectada desde Jaén. También denuncia demoras en la incorporación de refuerzos y problemas con la aplicación informática utilizada para gestionar las emergencias. Algunas incidencias, asegura, llegaron a acumular esperas cercanas a las dos horas antes de ser aceptadas y trasladadas al operativo correspondiente.
Gutiérrez desvincula esas demoras de la actuación de los trabajadores: “La plantilla hizo todo lo humanamente posible, pero era materialmente imposible atender de manera simultánea semejante volumen de llamadas e incidencias con el personal disponible”. Su denuncia es que los terremotos pusieron de manifiesto carencias que, según sostiene la representación sindical, ya existían antes de la emergencia y que afectan al dimensionamiento de la plantilla, la carga de trabajo y los medios disponibles.
El terremoto, por tanto, ha dejado de ser para la mayoría de Granada una cuestión de temblores constantes y carreras a la calle. En zonas como el Zaidín sigue teniendo una dimensión mucho más concreta. Es la de una familia que duerme en casa de un hijo, la de unos vecinos que esperan un informe que determine si pueden regresar, la de una comunidad que no sabe si podrá afrontar una reparación y la de un barrio que vuelve a mirar hacia un proyecto de renovación que lleva décadas pendiente. Para ellos, el seísmo no terminó cuando dejó de temblar el suelo. Terminó -o terminará porque el enjambre sísmico no ha finalizado aunque sea menos perceptible- cuando puedan volver a abrir la puerta de su casa con la certeza de que pueden quedarse.
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