El Gobierno alude al perjuicio a bienes del Estado para entrar como “ofendido” en la causa de Ceuta

La Abogacía del Estado ha solicitado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón personarse en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes en la Ciudad Autónoma de Ceuta en las jornadas del 30 y 31 de julio. Los servicios jurídicos del Estado argumentan que, puesto que la magistrada en el auto por el que declaraba su competencia indicaba que los hechos pudieron suponer “una violación de la integridad territorial de España”, el Estado se ve concernido de manera “incuestionable”.

En el escrito presentado ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, la abogada del Estado jefe, Zaida Isabel Fernández, explica que los hechos que se investigan “revestirían una clara afectación a la salvaguarda estatal y a la seguridad nacional”. Entiende que es “innegable” que los bienes jurídicos susceptibles de protección de acuerdo con la resolución de la jueza serían “la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad del Estado de Derecho”: “todos ellos se tratan de bienes jurídicos institucionales cuya titularidad corresponde, de manera incuestionable, al propio Estado”.

Además, recuerda también que los hechos pudieron afectar al orden público, pudieron producir un deterioro de la seguridad pública, e incluso pudieron causar “un impacto en el sistema sanitario”. Suma a esto que, según el relato de hechos recogido por Tardón en su auto, se habrían producido también “perjuicios económicos innegables sufragados en parte, sin duda, por la Administración General del Estado”.

La abogada del Estado jefe recoge varias citas de la resolución de la jueza para abundar en la necesidad de constar como personada. Así, recuerda que Tardón explica que se ha de investigar “una intencionalidad de atentar contra el Estado” y menciona expresamente que la magistrada se refería a la 'guerra híbrida' o 'zona gris', que son acciones “propias de estados, organizaciones criminales u organizaciones terroristas cometidas contra estados”. Recuerda, además, que Tardón explicaba que se estaba ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la “integridad territorial de España”.

Fue este lunes 7 de septiembre cuando la jueza acordó aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trató de un ataque contra la integridad territorial de España y que afectó a la paz o independencia del Estado.

Emitió ese auto tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí era competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.